La renuncia no es suficiente: demandamos justicia por la falta de responsabilidad de los funcionarios públicos que costó la vida de un trabajador.

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Aquí no se trata simplemente de solicitar la renuncia de un cargo, como usted lo ha hecho. Se trata de que la mala gestión que han llevado a cabo en sus funciones y en esta provincia sea sancionada en la Justicia Federal. La responsabilidad debe recaer donde corresponde cuando se habla de transparencia.

No solo renuncias: un llamado a la justicia por la responsabilidad de los funcionarios en la tragedia de un trabajador

La salida de funcionarios en la provincia de Santa Cruz se ha vuelto un hecho común y habitual. Los funcionarios abandonan sus cargos tras pedidos públicos de renuncia desde la gobernación. Pareciera que, dentro de este escenario, las armas, el alcohol, las drogas y las camionetas estrelladas contra viviendas se han convertido en protagonistas recurrentes en el montaje previo al “abandono simulado” del gabinete del gobernador Claudio Vidal.

Uno de los primeros hechos ocurrió en agosto pasado, como ya lo publicamos, cuando el gobernador Claudio Vidal despidió al subsecretario de Pesca, Harold Bark. Este funcionario, en estado de ebriedad y al volante de una camioneta oficial, protagonizó un incidente al chocar contra la casa de su expareja. Además, se negó a realizar un test de alcoholemia e insultó a los inspectores de Tránsito. Por otro lado, otro funcionario del Ministerio de Gobierno, Giorgio Benini, tuvo que presentar su renuncia tras ser denunciado por estafas.

Fue un martes bastante agitado para la prensa en Santa Cruz y para el propio gobernador Claudio Vidal. En una conferencia de prensa, el gobernador se refirió a los hechos acontecidos y expresó públicamente: “He tomado la decisión de solicitar algunas renuncias. Estas renuncias son las del ministro de Salud de la provincia, el ministro de Trabajo de la provincia, el presidente de la Caja de Previsión Social, el secretario de Turismo de la provincia, el secretario de Estado de Comunicación Pública y Medios, el secretario de Medio Ambiente y el gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado”.

Seguidamente, el gobernador Claudio Vidal fue claro al afirmar: “Yo no llegué a este gobierno para cubrir a nadie. No voy a defender lo indefendible y quiero hacer bien las cosas. Quiero que mi provincia salga adelante, realmente lo quiero y lo deseo de todo corazón. Trabajo incansablemente todos los días. La sociedad reclama respuestas y, a veces, observo con atención la hipocresía de la mala política, porque justamente quienes generan un montón de operaciones a través de distintos medios mercenarios son los que crearon el problema en Santa Cruz”.

¿A qué se refiere el gobernador Claudio Vidal cuando dice “No voy a defender lo indefendible”?

El gobernador reafirma su compromiso con la transparencia y el progreso de la provincia. “No llegué a este gobierno para cubrir a nadie”, expresó Vidal, subrayando que no tolerará conductas indefendibles dentro de su gestión.

Sin embargo, señor gobernador, cuando usted pide la renuncia de sus funcionarios, también menciona que: “para reestructurar el Estado, creo que hay funcionarios que pueden desempeñarse mucho mejor en otros entes o en otras áreas dentro de las distintas estructuras de este gobierno”.

Aparentemente, esos mismos personajes a quienes usted solicita la renuncia, luego son considerados para ser reubicados en otros sectores del Estado, lo que parece más un premio por su falta de acción como servidores públicos, sintéticamente una acción deplorable.

Aquí no se trata simplemente de solicitar la renuncia de un cargo, como usted lo ha hecho. Se trata de que la mala gestión que han llevado a cabo en sus funciones y en esta provincia sea sancionada en la Justicia Federal. La responsabilidad debe recaer donde corresponde cuando se habla de transparencia.

Nos referimos específicamente a su Ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez; su asesor “privado”, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; su exfuncionario de Pesca, Harold Bark; la coordinadora general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, Celsa Hernández; y sus subordinados portuarios que carecen de autonomía para ocupar un cargo en una capitanía de puerto. Todos ellos tienen mucho que responder ante la justicia por la desaparición física del estibador portuario Diógenes Gutiérrez.

Su falta de control desde que asumieron ha sido un total fracaso, al igual que su política de implementación de “Puertos Seguros”. En sus 10 meses de gestión, desde que asumió el 10 de diciembre, en el Puerto Caleta Paula se descargaron 36.029,1 toneladas entre la flota fresquera y congeladores. Sin embargo, tras casi 9 meses de audiencias ante su Ministerio de Trabajo, el personal de estibadores recién recibió la primera tanda de ropa de trabajo, de las dos que corresponden por año, luego de múltiples denuncias sobre la precariedad de las condiciones laborales elevadas a la Prefectura Naval Argentina.

Además, no es solo la Prefectura Naval Argentina quien controla el ingreso al puerto. Cuando la habilitación está vencida, ellos intervienen para evitar el acceso al recinto portuario. Sin embargo, es la Capitanía de Puerto quien debe ser el principal actor en el control de los registros de los trabajadores, garantizando que aquellos en condiciones de prestar servicios a las empresas de Estibaje estén debidamente habilitados.

La Prefectura Naval Argentina establece un procedimiento anual según la Ordenanza N° 97/80 DJPM-POLINAVE, que estipula que del 1º al 31 de enero es el plazo para informar las bajas de personal de los Gremios Portuarios y asegurar la eliminación correcta de las tarjetas de identificación. Esto busca mantener un control adecuado y transparente de la fuerza laboral en los puertos, para garantizar que los trabajadores estén formalmente habilitados, cuenten con cobertura en caso de accidentes y puedan ejercer sus derechos en cualquier reclamo laboral.

Lamentablemente, durante su gestión esto nunca sucedió. Los trabajadores portuarios estuvieron laborando sin la habilitación correspondiente. De haber existido el control adecuado, el pasado 31 de julio de 2024, Diógenes Gutiérrez no habría ingresado a trabajar, y el trágico fallecimiento de este compañero estibador podría haberse evitado.

A la fecha, apenas se está tramitando la documentación que ha estado desaparecida durante años. Y repetimos acá no se trata de renuncia y quedar exento de la mala función que desempeñaron, deberán hacerse cargo y pagar sus responsabilidades en la justicia que corresponda. A.G.O.M.U.

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