Para Certificar el consumo de las 30 mil toneladas de Merluza Hubbsi al CFP, buscan consenso de los trabajadores a los cuales las empresas explotan con el mismo Gobierno.

El gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal hoy busca el consenso de los trabajadores de la pesca para unificar criterios sobre el futuro de la operatoria pesquera del recurso de la Merluza Común (Merluza Hubbsi) invitando a sindicatos constituidos, otros en formación y a trabajadores de agrupaciones independiente del sector pesquero de su docilidad. Con intención de analizar las tendencias actuales y planificar estrategias sostenibles para los próximos 15 años.

La reunión se cita para 04/10/2024, a las 09:00 en la Casa de Gobierno, Alcorta N° 231 de la Ciudad de Rio Gallegos. En los cuales los temas claves a tratar son:

• El estado Actual de la pesquería de merluza común en la Provincia de Santa Cruz.
• Desafíos y Oportunidades en el corto y largo Plazo.
• Estrategias para garantizar sostenibilidad en el recurso.
• Innovaciones tecnológicas y practicas pesqueras responsables.
• Valor agregado.
• Generación de mano de obra.
• Capacitaciones.
• Trazabilidad.

Es sorprendente cómo, ante la desesperación de un conflicto que surge principalmente desde la provincia de Santa Cruz, el gobierno ahora busca el apoyo de los trabajadores pesqueros de la región. Santa Cruz está reclamando ante el Consejo Federal Pesquero una mayor participación en la “cuota social”, solicitando 30 mil toneladas adicionales para los próximos 15 años. Sin embargo, hasta la fecha, los trabajadores no han recibido un respaldo significativo por parte del gobierno.

Lo solicitado por el representante santacruceño, Ricardo Patterson, es inviable, ya que cumplir con este pedido implicaría reducir las cuotas asignadas a otras empresas. La “cuota social” proviene de la captura máxima permitida, un límite que no puede incrementarse. Este es un gran problema para la provincia, ya que, en el ámbito pesquero, las bases de las solicitudes para las empresas establecidas revelan diversas irregularidades y hoy buscan respaldarse con la parte Obrera y no toda en su totalidad.

La rápida convocatoria a una reunión por parte del gobernador ha generado dudas en el ámbito pesquero, especialmente debido a la ausencia del exsecretario de Pesca, Harold Bark, y del polémico exministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, quien fue recientemente removido de su cargo. Al parecer, el gobernador busca captar la atención de los trabajadores al no contar ya con estas figuras que causaron perjuicios a sus intereses. Esta estrategia parece ser un intento de presentar un “nuevo comienzo” y de enmascarar los errores del pasado cometidos por sus funcionarios para con los trabajadores.

La provincia de Santa Cruz enfrenta actualmente diversas falencias en el sector pesquero, específicamente en relación con los pedidos de la Secretaría de Pesca sobre la asignación de cupos para las plantas pesqueras de la provincia. Las plantas que explotan el recurso de la flota fresquera se concentran mayormente en la zona norte, en Caleta Olivia, donde se maneja el mayor volumen de descargas de pescado fresco.

Entre las plantas más destacadas en la absorción de la cuota social, se encuentra Vepez S.A., que lidera en términos de capturas. Le siguen Patagonia Fish S.R.L., la planta pesquera de Gabeteco y, finalmente, la planta de CONARPESA S.A., recientemente re inaugurada por segunda vez en el año bajo la dirección del empresario Franco Massari, representante de INCLUMAR S.A.

En Puerto Deseado, la planta pesquera Mar Azul, dedicada al procesamiento de merluza fresca, recibe su materia prima del puerto de Caleta Paula. Además, recientemente ha comenzado a operar nuevamente la planta ex Arbumasa S.A., tras ser adquirida por el empresario Luis Jones, de Vepez S.A.

Por otro lado, en Puerto San Julián, la empresa Food Partners Patagonia trabaja con productos frescos como centolla y langostino. Asimismo, existe otra planta municipal, que ha sido alquilada al FOPESAN por Luis Jones de Vepez S.A.

Como se puede observar, la mayoría de las plantas pesqueras en la región pertenecen a un solo empresario, el Sr. Luis “el Gringo” Jones. Esta concentración plantea interrogantes, ya que parece ir en contra del espíritu de la Ley Federal de Pesca, que busca garantizar una administración sostenible de los recursos pesqueros, evitando tanto la sobreexplotación como las prácticas monopólicas.

La Ley Federal de Pesca prioriza factores clave, como la generación de empleo local y las inversiones nacionales. Además, establece que las cuotas de pesca son temporales y transferibles bajo ciertas condiciones, promoviendo una distribución equitativa de los recursos. La normativa también da preferencia a aquellos operadores que cumplan con las regulaciones y no tengan antecedentes de infracciones.

El gobierno de la provincia de Santa Cruz busca certificar el consumo de 30.000 toneladas de pescado, utilizando como aval a empresas que se encuentran en estado defectuoso. Un ejemplo de esto es la situación de la empresa Vepez S.A., que opera en una planta expropiada por la provincia en 2009. Actualmente, esta planta pertenece al Grupo Mirabella, con quien se está negociando su pago o devolución. Sin embargo, hoy es explotada por Vepez S.A., propiedad de Luis “el Gringo” Jones.

Esta planta debía haber sido desocupada hace ya algunos años. No obstante, el Consejo Federal Pesquero (CFP) y la Secretaría de Pesca de Santa Cruz han seguido otorgándole cuotas sociales de merluza a la empresa, pese a que solo presenta una razón social. Además, Vepez S.A. posee un par de barcos, uno de los cuales pertenecía a la provincia de Santa Cruz y fue devuelto recientemente.

Cabe destacar que la operatividad de esta planta se realizaba únicamente a través de cooperativas que no tenían ninguna vinculación directa con la empresa.

Otra planta en el centro de la controversia es la de Puerto San Julián, que fue alquilada en dos periodos mediante contratos de dos años cada uno. A pesar de esto, la planta comenzó sus operaciones recién el 5 de octubre del año pasado, y desde entonces ha recibido materia prima de manera esporádica, derivada del puerto de Caleta Paula. Hasta el momento, ningún barco ha arribado directamente a Puerto San Julián para descargar, lo que ha generado serias sospechas.

Estas dudas fueron planteadas a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y al Consejo Federal Pesquero (CFP), quienes fueron consultados sobre los proyectos presentados para dicha planta, así como sobre los barcos charteados o nominados para abastecerla desde que fue alquilada al municipio de San Julián. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas instituciones ha podido brindar respuestas claras. (Adjuntamos notas)

Lo que ha llamado poderosamente la atención recientemente es la reinauguración de la planta de CONARPESA S.A., que se realizó dos veces en el mismo año. El pasado 12 de enero de 2024, el Gobierno Provincial autorizó la reapertura de esta planta de procesamiento de pescado, perteneciente a Continental Armadores de Pesca S.A. (CONARPESA S.A.), para ser explotada por la empresa de Estibaje TPP (Terminales Portuarias Patagónicas). Se trata de uno de los establecimientos pesqueros más grandes de toda la Patagonia, que había permanecido cerrado desde 2012.

En ese momento, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, autorizó el alquiler de la planta a TPP. Durante el anuncio, el gobernador declaró: “Tras su cierre en 2012, 89 familias quedaron sin trabajo. Hoy, la historia vuelve a escribirse y nos enorgullece anunciar que 200 nuevos trabajadores llevarán sustento a sus hogares”. Sin embargo, esto nunca ocurrió; los trabajadores no lograron llevar sustento a sus hogares.

Nueve meses después de este primer intento de reapertura con la empresa de Estibaje TPP, sorprende que la planta haya sido re inaugurada nuevamente, esta vez por otro empresario, Franco Massari, de INCLUMAR S.A. Este nuevo intento fue más prometedor, ya que Massari anunció la creación de 250 puestos de trabajo. No obstante, el proyecto presenta serias inconsistencias. La habilitación de la planta se basó en la operatividad de dos barcos de la flota amarilla: el buque pesquero Huafeng 817, con capacidad para 2.000 cajones, y el buque Ana III, que puede cargar hasta 800 cajones.

El problema radica en que estas embarcaciones, a menudo son limitadas por las inclemencias del tiempo, no pueden garantizar un volumen de pesca que justifique la contratación de 250 empleados. Menos aun cuando la planta tiene capacidad para operar con solo 60 trabajadores por turno. Esto pone en evidencia lo que muchos consideran un “maquillaje” de la situación por parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz.

La industria pesquera de Santa Cruz, particularmente en Caleta Olivia, enfrenta problemas históricos relacionados con el tratamiento de residuos pesqueros y la falta de infraestructura para asegurar el suministro de agua. A diferencia de Puerto Deseado, las plantas de Caleta Olivia dependen del agua de la red municipal y el abastecimiento con transporte en camiones, lo que afecta tanto a la industria como a la comunidad local.

El excesivo consumo de agua fue una de las razones del cierre de CONARPESA S.A., agravado por la inestabilidad en el suministro desde el lago Muster. Hoy, los nuevos operadores de la planta parecen desconocer los motivos del cierre y no han implementado las inversiones necesarias para resolver el problema, como la instalación de una toma de agua de mar y una planta de ósmosis como tienen las plantas pesqueras de Puerto Deseado.

Además, no se ha transparentado si cuentan con las autorizaciones necesarias ni si cumplen con las normativas y regulaciones relacionadas con el uso del agua en la industria pesquera, por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales. Estas normas son fundamentales para garantizar un manejo responsable y sostenible del recurso hídrico, minimizando los impactos negativos en el medio ambiente y en la comunidad local de Caleta Olivia.

Por otra parte, es preocupante cómo esta provincia, a través de su ministro de Producción y a la ves “secretario de Pesca”, hoy seguramente Ministro de Trabajo Gustavo Martínez, y su ex secretario de Medio Ambiente, Sebastián Georgión, ha dejado en la incertidumbre la aprobación de este tipo de proyectos, aperturas e instalaciones de nuevas empresas pesqueras, que incluso ni figuran en el Boletín Oficial.

Desde su asunción el 10 de diciembre, este gobierno ha registrado, en el Puerto Caleta Paula, la descarga de 36.029,1 toneladas entre la flota fresquera y los congeladores, incluyendo el cupo social del CFP.

Si hoy se realizara un análisis sobre la descarga de merluza y langostino fresco, es importante mencionar que se han utilizado buques charteados, cuya denominación y empresa operadora aún se desconocen. Esta situación plantea un inconveniente, ya que la materia prima no proporcionaría el coeficiente adecuado de lo que se ha procesado y convertido en producto terminado, y más aun con las declaraciones erróneas que publico el Ministro de la producción Gustavo Martínez que más de 1500 barcos llegaron al Puerto de Caleta Paula este año, se esmeró mucho en su trabajo que va tener que comprar un Abaco chino para pasar información fehaciente de la pesca.

Cabe destacar que una gran parte del pescado desembarcado ha sido trasladado a otras provincias sin haber pasado por ningún proceso previo, autorizado por la misma secretaria de pesca de la provincia.

Hoy, ante la crisis de desarraigo en las plantas pesqueras, la falta de control en el pesaje a pie de muelle, y la mano de obra no registrada —simplemente terciarizada a través de cooperativas— se presentan graves problemáticas. Los salarios de los obreros de la alimentación están por debajo de la escala salarial de otras provincias, y los trabajadores portuarios sufren explotación, recibiendo jornales que no alcanzan el 50% de lo estipulado en un convenio colectivo de trabajo. La provincia de Santa Cruz enfrenta serias falencias en el control de los pesajes de cargas en aguas nacionales y provinciales. A pesar de que millones de pesos se destinan desde el Concejo Federal Pesquero a esta región, actualmente operan más de 80 embarcaciones en los puertos santacruceños, pero solo contamos con 10 observadores de pesca capacitados.

Además, estos observadores son monotributistas, lo que les impide facturar adecuadamente a las empresas, evidenciando una situación vergonzosa que persiste en la provincia. Es inaceptable que, a pesar de que el mismo gobernador afirma que se está cuidando el recurso pesquero, la falta de control continúe afectando nuestra industria.

Y mucho más específicamente, la falta de atención y control por parte de autoridades como el ex Ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez; su asesor “privado”, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; el ex funcionario de Pesca, Harold Bark; y la coordinadora general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, Celsa Hernández, junto a sus subordinados portuarios, ha llevado a una situación crítica. Muchos de estos subordinados carecen de autonomía para ocupar cargos en una capitanía de puerto. Todos ellos son responsables de la desaparición física del estibador portuario Diógenes Gutiérrez.

Hoy, este gobierno ausente en los términos laborales, busca consenso de los trabajadores para sus negocios personales, que intentan salvaguardar. Desde nuestra perspectiva, es importante destacar que las embarcaciones que han llegado a nuestro puerto no cuentan con tripulantes de la provincia de Santa Cruz, a pesar de que las empresas de buques charteados afirman generar empleo para la marinería y otros sectores.

Es fundamental que el Concejo Federal Pesquero revise qué empresas operan con embarcaciones propias y cuáles realmente generan trabajo en relación de dependencia, en lugar de perpetuar la precariedad laboral existente. Así mismo para finalizar lo que se debe tener en cuenta quienes son los que firman y su constitución legal que los acredite, porque últimamente este gobierno firma acuerdos con federaciones y sindicatos que ni tienen ni representación de los trabajadores ni ámbito de aplicación en Santa Cruz, como también así los que asisten a la citada reunión convocada por el gobernador es simplemente la obsecuencia de su entorno.

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