A un año de la muerte de Diógenes Gutiérrez: memoria, justicia y una organización sindical que abandona.

A UN AÑO DE LA MUERTE DE DIÓGENES GUTIÉRREZ: LA INSEGURIDAD, LA ILEGALIDAD Y LA IMPUNIDAD SIGUEN GOBERNANDO EL PUERTO DE CALETA PAULA

Por Ricardo Manuel Cardozo – A.G.O.M.U.

Este 31 de julio se cumple un año del fallecimiento de nuestro compañero estibador Diógenes Gutiérrez, de 60 años, aplastado por una tapa de bodega mal asegurada mientras trabajaba en la descarga del fresquero Andrés Jorge de la empresa VEPEZ S.A., en el puerto de Caleta Paula. Agonizó durante días con fracturas múltiples, incluyendo craneales, hasta que finalmente se le declaró muerte cerebral.

Hoy su familia sigue clamando justicia. Denuncian que no contaba con seguro por la tarea que realizaba y anunciaron que judicializarán el caso. Porque lo de Diógenes no fue un hecho fortuito ni una fatalidad del azar. Fue consecuencia directa de una cadena de negligencias, ilegalidades y abandono institucional que, a doce meses del hecho, no solo no se corrigieron, sino que empeoraron.

Una trasgresión evitable, una impunidad escandalosa

Lo dijimos entonces y lo repetimos hoy: si es evitable, no es un accidente.

Y la muerte de Diógenes era absolutamente evitable.

La tapa de bodega de 400 kilos estaba asegurada con un simple cabo de 8 mm en lugar de utilizarse una cadena con grilletes, como indica el protocolo básico de seguridad. Se especula que el viento lo cortó. Pero lo que no es especulación es la responsabilidad: esa sujeción jamás debió haberse permitido.

Tampoco había ambulancia en el lugar, lo cual provocó demoras inaceptables. En otros puertos de la región, ese servicio es obligatorio. En Caleta Paula, no.

Un año después: el mismo desamparo, el mismo descontrol

Doce meses después, el puerto sigue igual o peor. Sin ambulancia, con trabajadores cayendo al agua, otro estibador desde el muelle sobre la cubierta del barco y sobreviviendo de milagro, con equipamiento robado, jornales no registrados, medidores de gas retirados del puerto por falta de pago, ropa de trabajo entregada un año tarde, y ninguna autoridad actuando con responsabilidad.

El propio Secretario de Estado de Trabajo de la Provincia, Javier Aravena, lo reconoció en una entrevista con El Caletense Net el pasado 26 de julio de 2024:

“Todos llegamos tarde, fallamos los que tenemos que controlar, hasta la ambulancia que tardó…”

Esa declaración, lejos de eximirlo, lo incrimina. Y es el mismo funcionario que aplica métodos mafiosos para perseguir a quienes reclaman condiciones laborales dignas, mientras ampara salarios un 60% más bajos que en otros puertos del país. Todo en complicidad con la FEPA, VEPEZ S.A. y el propio gobernador Claudio Vidal que lo permite a través de su gestion.

Un puerto sin ley

En los últimos meses, la situación se volvió aún más crítica:

• Se denunció públicamente el robo de maquinaria pesada, sin que la Prefectura ni las cámaras de vigilancia municipales registraran nada.
• Trabajadores siguen ingresando sin estar registrados ni contar con credenciales habilitantes, en violación directa de la Ordenanza N.º 97/80 (DJPM). Solo documentación de prorrogas.
• La Prefectura Naval Argentina no realiza los controles mínimos que exige la normativa: ni altas ni bajas están correctamente notificadas ni se destruyen credenciales vencidas.
• La AFIP, como complemento, deja sin cobertura a jornaleros por fallas en su sistema digital, impidiendo la registración de trabajadores temporarios.

Todo esto sucede bajo la absoluta tolerancia del Estado provincial, municipal y de las autoridades portuarias, quienes siguen hablando de “Puertos Seguros” mientras permiten que los obreros arriesguen su vida sin derechos básicos ni cobertura.

Una maniobra ilegal disfrazada de capacitación

En este contexto, se suma una grave simulación de legalidad: un supuesto “Curso de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)” ofrecido por el Sr. Edgardo Ariel Rivera (Actual Director de Pesca de Caleta Paula) en el Centro Catamarqueño. Promete entregar certificados y legitimar ingresos al puerto, sin contar con aval alguno de la Prefectura Naval Argentina ni cumplir con la Ordenanza N.º 4/18, que regula la formación y certificación oficial del personal de protección.

Este curso no solo no habilita a nadie, sino que puede constituir un delito penal:

• Falsedad ideológica (art. 293 del Código Penal): por emitir certificados sin validez oficial.
• Incumplimiento de deberes (art. 248): para funcionarios que permitan u omitan controlar.
• Violación de la Ley de Ética Pública (25.188): para autoridades que respalden este fraude.

¿Qué hay detrás?

Lo que se intenta es instalar una pantalla de legalidad para habilitar trabajadores sin documentación y desplazar a los trabajadores delegados, que exigen formación reconocida, condiciones seguras y representación legal.

Este mecanismo no capacita. Expone. Engaña. Y mata.

Ya lo vimos con Diógenes. No podemos permitir otro caso.

La cadena de responsabilidades: nombres y apellidos

Desde la asunción de Claudio Vidal el 10 de diciembre de 2023, el sector pesquero ha sufrido una catarata de renuncias y fugas, como si intentaran borrar pruebas. Entre los responsables políticos y administrativos del desastre portuario figuran:

• Julio Gutiérrez, exministro de Trabajo.
• Javier Aravena, Secretario de Estado de Trabajo.
• José Oscar Álvarez, ex coordinador general de UNEPOSC.
• Celsa Hernández, su sucesora.
• Walter Uribe, jefe del puerto Caleta Paula.
• Giselle Córdoba y Martín Adrián Rojas, prefectos a cargo.

Todos ellos ignoraron y violaron la Ordenanza N.º 97/80, permitiendo el ingreso irregular de Diógenes Gutiérrez y de decenas de trabajadores en igual situación.

Producción sí, derechos no

Mientras tanto, la actividad pesquera no se detiene. En lo que va del año se descargaron más de 21.953 toneladas de merluza y 921 toneladas de langostino, entre flotas costeras, de altura y rada o ría. Esa riqueza pasa por las manos de trabajadores sin cobertura, sin seguridad y sin justicia.

Hoy no solo recordamos a Diógenes. Lo exclamamos con bronca:

Su muerte sigue impune. Las condiciones siguen igual. Y los responsables, todos identificados, siguen libres, acomodados o premiados por un sistema que desprecia la vida obrera.

Exigimos:

• Justicia para Diógenes Gutiérrez.
• Auditoría integral a la Prefectura y UNEPOSC.
• Control inmediato de actividades ilegales en cursos de “capacitación”.
• Ambulancia de guardia permanente.
• Aplicación real de la Ordenanza N.º 97/80 y fiscalización del personal.
• Ropa, herramientas y salarios dignos.
• Sanción penal a quienes omitieron controlar.
• Fin del abandono institucional.

Sin justicia, no hay seguridad. Sin control, hay muerte. Sin organización obrera, solo queda el abuso.

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