Zonas Francas: una ley provincial con aplicación selectiva y marketing desigual
🔎 ¿Zonas Francas para todos o solo para unos pocos?
Mientras en Diputados avanza un proyecto para eximir del impuesto a los Ingresos Brutos a empresas en zonas francas, todo el foco sigue puesto en Río Gallegos. Caleta Olivia, con instalaciones intactas y sin actividad desde 2021, sigue esperando.
📣 Desde A.G.O.M.U. pedimos que las leyes sean construidas para toda Santa Cruz, no solo para una localidad, y que los beneficios fiscales se otorguen solo a quienes inviertan, generen empleo y apuesten por el desarrollo real de nuestra provincia.
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¿Una ley provincial, una sola ciudad: la trampa fiscal disfrazada de progreso?
Por Ricardo Manuel Cardozo
Caleta Olivia, Santa Cruz — En la Legislatura de Santa Cruz avanza un proyecto de ley que propone eximir del impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas radicadas o que se instalen en las Zonas Francas de la provincia. La iniciativa, presentada por el diputado Pedro Luxen del bloque “Por Santa Cruz”, se presenta como una medida para mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo productivo con perfil exportador. Sin embargo, detrás del impulso legislativo se oculta una realidad dispar y un evidente sesgo territorial: aunque se proclama como una norma de carácter provincial, todo el enfoque político, económico y discursivo está centrado exclusivamente en la Zona Franca de Río Gallegos.
El discurso oficial habla de “atraer inversiones”, “fomentar el empleo” y “potenciar el consumo”, pero ignora por completo una situación vergonzosa: la Zona Franca de Caleta Olivia, que fue inaugurada en 2021 y promocionada desde abril de 2016 como una oportunidad para futuros “usuarios comerciales e industriales”, permanece inactiva, sin movimiento alguno, y sus predios e instalaciones están intactos, vacíos y abandonados.
Río Gallegos: el foco exclusivo de la medida
En las declaraciones del legislador Luxen, todas las referencias están dirigidas a la competencia con la zona franca chilena de Punta Arenas, ubicada a 413 km de Río Gallegos. Se plantea que los beneficios fiscales son necesarios para reducir costos frente a esa ciudad vecina. Pero nada se menciona sobre la situación de Caleta Olivia, a 954 km de Punta Arenas, que no solo queda fuera de ese radio de competencia, sino que además cuenta con una Zona Franca sin ningún tipo de actividad desde su habilitación.
Esta omisión no parece casual. El proyecto no delimita claramente el alcance territorial de la exención del impuesto. No se especifica si será aplicable únicamente a las empresas que efectivamente se radiquen en zonas francas operativas, o si podrá extenderse a cualquier empresa en territorio provincial bajo alguna figura jurídica permisiva. Esa ambigüedad abre la puerta a especulaciones y a la llamada “viveza criolla”, donde actores económicos con poco o nulo compromiso productivo podrían beneficiarse fiscalmente sin generar empleo ni inversión real.
Una ley de nombre provincial, pero de aplicación selectiva
La propuesta avanza bajo la apariencia de una política pública integral, pero en los hechos se comporta como una medida sectorizada y con falta de transparencia. ¿Por qué una ley provincial que debe fomentar la equidad territorial se aplica solo en los hechos a una ciudad? ¿Qué rol juega Caleta Olivia, con su infraestructura ya construida y sin uso, en este esquema de desarrollo?
No hay en el proyecto un plan para reactivar esa zona franca ni se mencionan políticas complementarias para incluirla. Ni siquiera se hace alusión al fracaso de su puesta en marcha, lo que demuestra una visión parcial del desarrollo económico provincial, que prioriza una zona geográfica en detrimento de otras.
El marketing político frente a la realidad estancada
Lo más preocupante es la diferencia entre el relato institucional y la realidad concreta. Desde 2016, la Zona Franca de Caleta Olivia fue anunciada como una oportunidad histórica para comerciantes, empresarios y pymes locales. Se lanzó una convocatoria para futuros “usuarios” y se creó expectativa en sectores productivos y de servicios. Hoy, casi una década después, las instalaciones permanecen cerradas, sin personal, sin inversiones, sin comercio ni actividad logística. Todo lo que queda es un predio vacío y un conjunto de promesas incumplidas.
¿Desarrollo integral o beneficios selectivos?
Si el objetivo es crear condiciones de desarrollo regional, la mirada no puede centrarse exclusivamente en Río Gallegos. Una ley provincial debe responder con equidad a las diferentes realidades locales, y debe contemplar la activación urgente de las zonas francas dormidas como la de Caleta Olivia. De lo contrario, se estará consolidando un modelo de desigualdad fiscal y territorial, que beneficia a unos pocos con la excusa del progreso para todos.
En definitiva, este proyecto necesita más que apoyo político: requiere transparencia, equidad, planificación y control, para que no se transforme en otra herramienta de marketing sin impacto real en el desarrollo de toda la provincia.
A.G.O.M.U.
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