CONARPESA, ÁLVAREZ CASTELLANO Y LAS CONTRADICCIONES DEL AJUSTE, DE “BURRADAS” A FELICITAR QUE LOS TRABAJADORES PAGUEN EL CANON
En menos de un año, el presidente de CONARPESA pasó de rechazar el canon pesquero por inviable a avalar que su costo recaiga sobre los trabajadores embarcados. Un cambio de discurso que no es casual: coincide con beneficios fiscales al sector empresario y deja al descubierto una ecuación injusta, donde el ajuste nunca lo paga el capital, sino quienes trabajan.
Antes era una “burrada”, hoy es un aplauso, el canon pesquero y la memoria selectiva de CONARPESA
En menos de un año, Fernando Álvarez Castellano — presidente de Conarpesa — pasó de declarar que un aumento del canon pesquero era una “burrada” y algo para “pensar que era una joda”, a situarse como vocero ferviente del gobierno provincial de Chubut y defender explícitamente que los trabajadores embarcados asuman el costo de un impuesto que impacta directamente en su salario real.
No se trata de una mera discrepancia técnica. Se trata de un viraje discursivo y político que expone una lógica empresarial que prima por encima del bienestar de la clase trabajadora, cuando el ajuste pesa sobre el capital — o cuando el empresariado negocia beneficios como la quita de retenciones — todo está bien. Pero cuando el esfuerzo económico recae sobre quienes trabajan y producen, ahí aparecen agresivos discursos contra los sindicatos y un apoyo irrestricto a las medidas del gobierno provincial.
De “no sabía si era una broma” a “no tengo problema en pagarlo”
En mayo de 2025, Álvarez Castellano arremetió con dureza contra una propuesta de incremento del canon pesquero en Chubut, calificándola de absurda y burda, y afirmando que “pensó que era una joda” porque significaba, en efecto, un impuesto que terminaría pagando el trabajador a través de la modalidad a la parte.
Desde su posición empresarial — con mayor claridad técnica que ninguna — estaba expuesto que un canon adicional recae directamente sobre los tripulantes; y así lo señaló la Cámara de la Flota Amarilla (CAFACh), denunciando que todo tributo recae sobre el salario.
En ese contexto, el empresario no solo calificó la iniciativa como una medida improvisada, sino que la despreció abiertamente. “Pensé que era 28 de diciembre, que era una joda”, afirmó, y agregó que mientras el sector reclamaba una Emergencia Pesquera, desde la política se pretendía avanzar con un nuevo esquema recaudatorio. “Si hago 14.000 cajones diarios, se llevarían 14 mil dólares si ponen un dólar por kilo”, ejemplificó para graficar lo que consideraba un atropello.
Álvarez Castellano fue aún más contundente al defender su postura:
“¿Quién cree que voy a sacar los barcos y regalar un kilo diario por cajón a una ley o a un político? Yo no voy a regalar el pan de 700 familias. Si quieren darle trabajo a 700 personas con ese kilo, que lo pongan ellos. A mí no me van a sacar ni un kilo”, sostuvo entonces. Y remató su crítica con una frase que hoy vuelve como un boomerang: “Duele leer semejante burrada”.
Hoy, al hablar del canon actual, Álvarez Castellano sostiene que no tiene ningún problema en pagarlo, incluso responsabilizando a quienes protestan por medidas de fuerza. Esta postura no es una contradicción menor: es un cambio de alineamiento político completo, que lo pone del lado del gobierno provincial y contra los intereses reales de los trabajadores pesqueros.
Defensa del empresariado y criminalización de la protesta
En el audio reciente, el empresario fue aún más lejos: calificó la medida de fuerza de los sindicatos como una ruptura de la “paz social” y anunció que, de no acatar la conciliación obligatoria, aplicará sanciones severas. En su narrativa, cualquier reclamo sindical se transforma en una acción irracional, que amenaza el orden productivo y social.
Este tipo de discursos buscan legitimar la represión de los reclamos laborales, poniendo al empresariado como interlocutor “responsable” y a las organizaciones sindicales como actores disruptivos. Es un conocido recurso de sectores que — una vez alineados con el poder político — deslegitiman cualquier voz que exprese reclamos por derechos o condiciones de trabajo.
El discurso de empleo: ¿protección o justificación del ajuste?
Álvarez Castellano insiste en resaltar que tiene 750 personas trabajando en sus plantas, con sueldos “magníficos” y plena operatividad. Sin embargo, cuando el contexto cambia — como en 2025, con paralizaciones por falta de rentabilidad — su narrativa también se adapta para justificar paros empresariales y parálisis productiva.
Hoy, frente a un canon que golpea el salario, no es el bienestar de los trabajadores lo que prima, sino la defensa de un modelo productivo que externaliza el costo del ajuste hacia abajo, hacia quienes trabajan y producen.
Cuando se quitan impuestos al capital y se trasladan al trabajo
No puede soslayarse un dato político central, mientras sectores empresariales parecen haber obtenido el guiño político para la quita de retenciones a la pesca, queda claro que — en la ecuación del modelo productivo — los costos de financiamiento del Estado provincial se trasladan a los trabajadores.
En otras palabras:
menos impuestos para el capital → celebrado por los que detentan la propiedad de los medios de producción
más carga indirecta para el trabajador → visibilizado como canon y rechazado históricamente por sindicatos y organizaciones obreras.
Este modelo contradice de forma tajante cualquier discurso que se pretenda progresista o equitativo. Y en ese punto, la figura de Álvarez Castellano se vuelve emblemática de una clase empresarial que no solo prioriza el propio interés, sino que además lo hace con la cobertura política del gobierno de turno.
Un discurso inconsistente con la realidad de los trabajadores
Las contradicciones de Fernando Álvarez Castellano — de denostar un canon por impracticable a naturalizarlo como carga sindical — no son accidentales. Revelan una alineación política con el poder provincial, una lógica empresarial ondeante según quién financia el ajuste, y una actitud de desprecio hacia las preocupaciones legítimas de los trabajadores embarcados.
Que hoy festeje que “no tiene problema en pagarlo” cuando hace un año mismo lo calificó de burro y absurdo no es una simple inconsistencia comunicacional: es una declaración de clase.
Y desde A.G.O.M.U. lo decimos con claridad:
👉 aquí no solo está en juego el canon;
👉 aquí está en juego quién paga el costo de un modelo que favorece al capital y vulnera a quienes trabajan.
“Los trabajadores pesqueros no son la variable de ajuste.
Y quienes intentan naturalizarlo deberán dar cuenta con argumentos, no con adjetivos o alianzas políticas.”
