Santa Cruz: Entre promesas vacías y precarización pesquera, Visibilizamos el Caso de Adriana Carrizo (La Pitu)

La otra cara de la reactivación pesquera en Santa Cruz: más cuevas que industria.

Desde la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (A.G.O.M.U.), alzamos nuestra voz una vez más frente a la grave situación laboral que atraviesan decenas de trabajadores del sector pesquero en la provincia de Santa Cruz. Esta vez, visibilizamos el caso de la compañera Adriana Carrizo, quien fue despedida de la planta ex Barillari tras 30 años de servicio, simplemente por reclamar condiciones salariales más justas para sus compañeros. La respuesta del Estado fue el silencio, el abandono y la persecución. Su testimonio, tan crudo como real, expone una problemática que no es aislada, sino estructural.

Este lamentable episodio se enmarca en un contexto mucho más amplio que afecta a trabajadores y trabajadoras de distintas plantas pesqueras, especialmente en la zona norte de Caleta Olivia. Una situación de desamparo agravada por promesas incumplidas del actual gobierno provincial, encabezado por Claudio Vidal, cuya política productiva ha sido más declarativa que efectiva.

La planta de Conarpesa S.A., por ejemplo, fue reactivada en dos ocasiones durante 2024 en ceremonias oficiales que prometieron más de 250 puestos de trabajo. Sin embargo, la realidad fue otra. A un mes de su pomposa reinauguración, más de 20 trabajadores fueron despedidos, muchos de ellos con más de 25 años de experiencia, y algunos a solo tres años de jubilarse. Esta situación se agravó con la entrada en escena de la firma Inclumar S.A., que mediante contratos de locación comenzó a operar dentro de la planta, dejando en la incertidumbre a los operarios originales.

El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) denunció que estos despidos carecen de justificación y que la verdadera intención sería reemplazar personal en relación de dependencia por cooperativistas precarizados, lo que representa un retroceso en derechos laborales y una burla a la legalidad.

El gobernador Vidal sostuvo que “la provincia cambió la mirada respecto de la producción y la generación de empleo”. Lo cierto es que las plantas no son industrias productivas, sino “cuevas de corte” donde reina la informalidad. Las cooperativas que hoy monopolizan el sector pesquero violan la Ley Federal de Pesca y el Decreto Provincial Nº 2015/94, que prohíbe a las cooperativas funcionar como empresas tercerizadas o agencias de empleo encubiertas.

Más grave aún es que estas “cuevas” —como las plantas Conarpesa S.A., ex Barillari, Dal Sur, ex Gabeteco, Patagonia Fhish, recientemente desactivada Cooperativa San Miguel que ocupaba sus instalaciones— hoy son utilizadas por el gobierno para justificar un pedido de ampliación de cupo de langostino ante el Consejo Federal Pesquero, mintiendo al declarar que existen 2.000 Fileteros en relación de dependencia, cuando en realidad se trata de trabajadores informales en condiciones sumamente vulnerables.

A esto se suma un problema estructural no resuelto en Caleta Olivia: el agua. Desde hace más de 126 años, la comunidad sufre cortes y escasez. Las plantas pesqueras siguen conectadas al ramal municipal, sin plantas de tratamiento de aguas residuales ni sistemas adecuados para el manejo de desperdicios. Pese a esto, los gobiernos anteriores y el actual continúan habilitando proyectos que violan la ley ambiental y ponen en riesgo la salud de toda la población.

En lugar de fomentar un verdadero desarrollo pesquero sustentable, con empleo formal y responsabilidad ambiental, se prioriza un modelo de explotación basado en la precarización, el clientelismo y la improvisación. Los verdaderos empresarios —los que alguna vez invirtieron en la provincia— ya se retiraron, cansados de la desidia institucional.

Desde A.G.O.M.U. denunciamos públicamente este escenario de falsas inauguraciones, despidos injustificados, uso político de las cooperativas, y negligencia ambiental, y exponemos:

• Trabajadores despedidos injustamente de Conarpesa y ex Barillari.
• Falta de cumplimiento estricto de la Ley Federal de Pesca y del Decreto Provincial Nº 2015/94.
• El fin del uso fraudulento de cooperativas para encubrir relaciones laborales precarias.
• La urgente inversión en infraestructura sanitaria y ambiental para garantizar agua y tratamiento adecuado en las plantas pesqueras.

Pedimos también al Gobierno Nacional, al Consejo Federal Pesquero, a las autoridades judiciales y a los organismos de control, que intervengan ante este modelo fraudulento y destructivo que se lleva adelante en Santa Cruz bajo el discurso de la “recuperación productiva”.

Hoy más que nunca, los trabajadores necesitan respuestas, no discursos vacíos.

A.G.O.M.U. – Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos
Santa Cruz, Argentina