STIA PUERTO DESEADO ADVIERTE: EL COOPERATIVISMO EN LA PESCA ES SINÓNIMO DE PRECARIZACIÓN LABORAL.

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El secretario general del STIA Puerto Deseado, Diego Martos, advirtió que el cooperativismo en la pesca se transformó en una herramienta de explotación laboral avalada por el propio gobierno provincial. Desde la asunción de Claudio Vidal el 10 de diciembre de 2023, la actividad sigue sumida en la precarización, con salarios de miseria en la provincia más cara de la Patagonia y un Estado que elige mirar para otro lado.

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En el Congreso Regional de la CGT en Puerto Madryn, el secretario general del STIA de Puerto Deseado, Diego Martos, expuso la dura realidad de los trabajadores pesqueros de Santa Cruz. Señaló que, desde la asunción de Claudio Vidal el 10 de diciembre de 2023, la actividad pesquera continúa sumida en la precarización y el gobierno provincial no asume compromisos reales para garantizar salarios dignos en la provincia más cara de la Patagonia.

Martos fue contundente al denunciar que las cooperativas pesqueras en Santa Cruz funcionan como herramientas de explotación laboral. Según el dirigente, la mayoría de ellas están mal constituidas, lo que implica que los trabajadores carecen de derechos fundamentales como obra social familiar, aportes jubilatorios y la posibilidad de reclamar por salarios.

“En las cooperativas el trabajador que reclama, al otro día queda afuera. Es un sistema que se basa en el miedo y la necesidad”, remarcó.

El referente sindical apuntó sin rodeos al gobernador:

“Claudio Vidal avala este sistema y lo dice públicamente. Nosotros venimos pidiendo una reunión desde que asumió en diciembre, pero hasta hoy no nos recibió. Mientras tanto, los trabajadores de la pesca siguen con sueldos miserables en la provincia más cara de la Patagonia”.

Para Martos, el silencio oficial frente a las denuncias configura un desagravio para los trabajadores, que deben sostenerse con ingresos mínimos mientras el Estado no garantiza un marco laboral de dignidad ni hace cumplir el convenio colectivo del sector.

El sindicato mantiene contacto permanente con Javier Aravena, secretario de Estado de Trabajo de la provincia, a quien reconocen por la disposición al diálogo. Sin embargo, Martos aclaró que las reuniones y denuncias quedan en la nada, sin avanzar hacia medidas concretas contra las cooperativas irregulares.

“El trabajador necesita relación de dependencia, no promesas. El cooperativismo en la pesca está demostrado que no funciona: precariza, explota y borra derechos”, advirtió.

En paralelo, el STIA se encuentra negociando paritarias con el sector pesquero. Martos explicó que la primera oferta salarial fue insuficiente, pero esperan cerrar un porcentaje mayor en los próximos días. “No se trata de montos extraordinarios, sino de lograr un piso que le dé algo de alivio a la gente”, sostuvo.

Finalmente, Martos reafirmó que el sindicato no va a claudicar en la defensa de los derechos laborales:

“Vamos a seguir luchando hasta lo último para que el trabajador de planta pesquera esté en relación de dependencia y con dignidad. Esa es la verdadera pelea, y no la vamos a abandonar”.

El testimonio del STIA Puerto Deseado expone un cuadro que trasciende lo sindical: se trata de un incumplimiento legal sostenido por el propio Estado provincial.

  • Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744: garantiza la relación de dependencia, aportes jubilatorios, obra social familiar y derecho a reclamo. Las cooperativas pesqueras irregulares vulneran todos estos derechos.
  • Ley Federal de Pesca Nº 24.922: establece que la explotación de los recursos debe realizarse en beneficio del desarrollo sostenible y de quienes trabajan en el sector. La precarización mediante cooperativas contradice este mandato.

Desde la asunción del gobernador Claudio Vidal el 10 de diciembre de 2023, la situación no solo no mejoró, sino que se agravó, el gobierno avala un sistema que despoja a los trabajadores de derechos básicos en la provincia más cara de la Patagonia.

En este contexto, el silencio estatal se transforma en complicidad, convirtiendo a la precarización en una política de Estado.

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