SANTA CRUZ ENTRE EL RELATO Y LA REALIDAD: LA LEY 90/10 COMO NUEVO ENGAÑO POLÍTICO
La Ley 90/10 vuelve a exponerse como lo que es: una promesa política sin sustento real. En una provincia golpeada por la desocupación, el Gobierno intenta imponer un esquema laboral que choca con la Constitución, con el régimen nacional de inversiones y con la realidad productiva de sectores como la pesca. El resultado no será más empleo, sino más conflicto, judicialización y frustración social.
En una provincia atravesada por la desocupación, la parálisis productiva y la falta de rumbo, el Gobierno de Claudio Vidal vuelve a recurrir a una herramienta conocida: el relato.
La reciente reglamentación de la llamada Ley 90/10 no es una solución estructural al problema del empleo en Santa Cruz. Es, una vez más, una maniobra política destinada a instalar una falsa expectativa en miles de trabajadores que hoy no tienen respuestas reales.
Se presenta como una decisión firme para priorizar el trabajo santacruceño. Pero cuando se la analiza en profundidad, lo que aparece no es una política pública sólida, sino un esquema jurídicamente débil, técnicamente inaplicable en sectores clave como la pesca y funcional a un discurso que ya no logra sostenerse frente a la realidad.
UNA LEY QUE PROMETE LO QUE NO PUEDE CUMPLIR
La reglamentación impulsada por el Ministerio de Trabajo —a cargo de Ezequiel Verbes y ejecutada junto a su estructura administrativa— intenta imponer un esquema de contratación del 90% de mano de obra local.
Pero ese planteo choca de frente con el marco jurídico nacional, con la dinámica real de las actividades productivas y, sobre todo, con la falta de planificación del propio Gobierno.
Porque el problema de fondo no es normativo.
Es político.
No hay capacitación previa.
No hay desarrollo industrial.
No hay inversión sostenida.
Entonces, ¿cómo se pretende garantizar empleo local por decreto?
EL CHOQUE QUE EL GOBIERNO NO QUIERE EXPLICAR
Mientras en Santa Cruz se intenta imponer un esquema rígido de contratación, a nivel nacional rige el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Ese régimen tiene una lógica completamente distinta:
- Promueve la inversión,
- Garantiza estabilidad jurídica,
- Y otorga libertad operativa a las empresas.
En ese contexto, pretender imponer restricciones laborales por residencia desde una provincia no solo es débil, es inviable.
Las empresas que operan bajo ese esquema no van a reorganizar sus estructuras laborales por una resolución provincial.
Y si el Gobierno avanza con sanciones, el escenario es previsible, judicialización, conflictos y una nueva frustración para los trabajadores.
LA PESCA, DONDE EL DISCURSO SE DESARMA
Es en la actividad pesquera donde la contradicción se vuelve evidente.
Los buques que operan en el país no responden a normas provinciales aisladas. Se rigen por:
- Convenios colectivos nacionales,
- Acuerdos sindicales,
- Y controles de organismos como la Prefectura Naval Argentina.
Ahí se define quién trabaja, en qué condiciones y bajo qué régimen.
Pretender modificar ese esquema por vía administrativa desde una provincia no solo es impracticable, es desconocer el funcionamiento real del sector.
Santa Cruz ya vivió una experiencia similar, con la ley de inclusión del 50% de marineros de Santa Cruz en los buques pesquero con permisos provinciales, la cual fue suspendida por inconstitucional.
Y terminó como terminan estas políticas, sin aplicación real y con consecuencias jurídicas.
UNA PROVINCIA EN CRISIS Y UN GOBIERNO SIN RESPUESTAS
El problema es más profundo.
Santa Cruz atraviesa una situación crítica:
- Caída de la actividad,
- Pérdida de empleo,
- Y un Estado que no logra sostener el equilibrio social.
En ese contexto, la Ley 90/10 aparece como un intento desesperado de mostrar acción donde no hay gestión.
Pero la sociedad ya no responde igual.
El desgaste es evidente.
A este gobierno le quedan poco más de un año y medio de gestión real.
Y buena parte de ese tiempo estará absorbido por la campaña política.
La discusión ya no es técnica.
Es política.
UN ESCENARIO NACIONAL QUE NO ACOMPAÑA
Tampoco el contexto nacional juega a favor.
El gobierno de Javier Milei no tiene incentivos para fortalecer políticamente a una provincia que representa históricamente el núcleo del kirchnerismo.
Lejos de facilitar inversiones estratégicas que consoliden a la gestión provincial, el escenario muestra otra cosa, disputa política, reposicionamiento y construcción propia.
En ese marco, pensar que Santa Cruz va a recibir un flujo de inversiones que sostenga artificialmente este modelo es, cuanto menos, ilusorio.
ENTRE ESCÁNDALOS Y CONSTRUCCIÓN POLÍTICA
Mientras tanto, figuras como Jairo Guzmán se sostienen en el escenario público en medio de polémicas constantes, con respaldo mediático pero sin impacto real en la resolución de los problemas estructurales de la provincia.
La política se mueve.
Pero la realidad no mejora.
EL PROBLEMA NO ES EL EMPLEO LOCAL: ES EL ENGAÑO
Desde A.G.O.M.U. lo decimos con claridad:
No estamos en contra del empleo santacruceño.
Estamos en contra de usarlo como herramienta de manipulación política.
Porque cuando se generan expectativas que no pueden cumplirse, lo que viene después no es progreso.
Es frustración. Y Santa Cruz ya tuvo demasiadas.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
La Ley 90/10 no es una solución.
Es un síntoma.
Un síntoma de un modelo que recurre al anuncio antes que a la planificación, al discurso antes que a la gestión, y a la promesa antes que a la verdad.
La defensa del trabajo no se construye con slogans.
Se construye con políticas reales, inversión genuina y respeto por el marco legal.
Todo lo demás ya lo vimos.
Y ya sabemos cómo termina.
Cardozo Manuel Ricardo. A.G.O.M.U.
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