“DECOMISO PARA LA FOTO, FUGA PARA POCOS, EL DOBLE ESTÁNDAR QUE PROTEGE A DALSUR S.A.”
Mientras la Provincia exhibe decomisos y multas contra DALSUR S.A., crecen los cuestionamientos sobre los verdaderos responsables de la fuga de pescado, los controles fallidos y una estructura estatal que, lejos de frenar las irregularidades, parece administrarlas bajo un nuevo marco legal.
La reciente sanción a la empresa DALSUR S.A., por operar sin el certificado ambiental exigido, se presenta como un gesto de control y transparencia por parte de las autoridades provinciales. Sin embargo, la realidad muestra un panorama muy distinto, la multa y el decomiso parecen ser más un acto fotográfico que un verdadero control sobre el flujo ilegal de pescado en Santa Cruz. Sanción a DALSUR S.A. MULTA de $ 748.800.- (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS) MULTA de $ 300.000.- (TRESCIENTOS MIL PESOS), por infracción a los artículos 5º de la Ley Provincial Nº 2567
Mientras se pone el foco en la empresa, nadie cuestiona el rol de los organismos responsables: la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Unidad Ejecutoria Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), la Secretaría de Pesca a cargo de Sergio Klimenko y la Ministra de Producción, Prof. Nadia Ricci. Todos ellos tienen responsabilidades claras sobre la salida de buques sin permisos válidos, como los casos del Artesanal El Nuevo Don Julio y el Tata, cuyos permisos estaban vencidos y, aun así, zarparon a pescar. (DESPACHO PROVISORIO A LA PESCA DESDE EL 03/07/2025 HASTA EL 31/07/2025) En caso de accidente o siniestro, los trabajadores no contaban con cobertura alguna, lo que evidencia un fallo estructural de los controles.


La sanción a DALSUR no logra abordar la eficiencia real de los controles y genera más preguntas que certezas. Extraoficialmente se comenta que el pescado decomisado volvió a la planta de la empresa para ser procesado y posteriormente distribuido a programas de asistencia social manejados por el gobierno, lo que pone en evidencia un circuito cuestionable de legalidad y control.

Por otro lado, a DALSUR S.A. se le otorgó un cupo de pesca de 1.880 toneladas de merluza hubbsi para este 2026, solicitado por la Secretaría de Pesca. Gran parte de este pescado, en lugar de ser procesado en Santa Cruz como exige la normativa, fue fugado a otras provincias, generando un doble perjuicio: incumplimiento de la ley provincial, evasión de control sanitario de SENASA y pérdida de soberanía pesquera provincial.
La reciente Disposición 112/2026, lejos de resolver estos problemas, termina transparentando una fuga previamente ilícita, con violaciones claras a la normativa nacional sanitaria y pesquera. La sanción económica a DALSUR S.A., entonces, se percibe como un acto simbólico que no resuelve ni sanciona a los verdaderos responsables: los organismos que permiten y facilitan estas irregularidades.
¿Qué montos tiene actualmente el derecho a transferencia?
La tabla vigente surge del artículo 20 del Régimen General de CITC actualizado por la Resolución CFP 3/2025.
Valores por tonelada
| Especie | Derecho por tonelada |
| Merluza común | $17.500 |
| Merluza negra | $634.000 |
| Polaca | $27.400 |
| Merluza de cola | $16.200 |
| Vieira patagónica | $153.100 |
Entonces, ¿qué hace la Resolución 3/2026?
Reduce en un 50% el Derecho de Transferencia para merluza común cuando la transferencia involucra buques fresqueros.
O sea:
Antes
Por cada tonelada transferida de merluza:
- se pagaban $17.500.
Ahora
Para fresqueros:
- pagan aproximadamente $8.750 por tonelada.
Hasta el 1° de octubre de 2026.
Cupo cedido por el Concejo Federal Pesquero a la Empresa DALSUR S.A.

Santa Cruz necesita controles efectivos, transparencia y responsabilidad institucional. Mientras tanto, el doble discurso se mantiene, y los trabajadores y ciudadanos siguen siendo los que más pierden.
Porque mientras una parte del Estado sanciona a DALSUR S.A. por operar sin certificados ambientales, otra parte del mismo aparato estatal impulsa mecanismos que terminan beneficiando, facilitando y sosteniendo económicamente a las mismas estructuras empresariales cuestionadas. La contradicción es evidente: multas de montos insignificantes frente al volumen económico de la actividad, cupos millonarios de merluza, reducción de aranceles nacionales, flexibilización de transferencias de cuota y una nueva disposición provincial que, lejos de cerrar las grietas del sistema, parece diseñada para administrar y encuadrar una operatoria que durante años fue señalada por trabajadores y sectores portuarios como una verdadera fuga de recursos pesqueros fuera de Santa Cruz.
La pregunta de fondo ya no es solamente qué hizo DALSUR S.A., sino quién permitió durante años que el pescado saliera, quién controló, quién firmó las autorizaciones, quién verificó la trazabilidad real y quién garantizó que la riqueza pesquera de Santa Cruz efectivamente quedara en la provincia generando trabajo genuino, agregado de valor y desarrollo local.
Porque cuando el decomiso termina siendo apenas una escena administrativa, pero la estructura económica continúa funcionando sin cambios reales, el mensaje institucional deja de ser ejemplificador y pasa a convertirse en una peligrosa señal de impunidad selectiva.
Ricardo Manuel Cardozo A.G.O.M.U.
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