LA CUOTA ES SANTACRUCEÑA, PERO EL TRABAJO SE VA: LA DISPOSICIÓN N° 112/2026 LEGALIZA LA FUGA DE EMPLEO PESQUERO

Bajo el argumento de fortalecer la trazabilidad y el control del recurso pesquero en el Golfo San Jorge, la Disposición N° 112/2026 dictada por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz introduce un régimen que, lejos de consolidar la industria local, expone una contradicción estructural: el recurso es provincial, pero el valor agregado se fuga.

El texto se apoya en principios constitucionales incuestionables —como el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales (art. 124 CN) y el marco de la Ley Federal de Pesca N° 24.922—, pero en su aplicación concreta habilita un esquema que favorece la concentración empresarial y la transferencia de actividad económica fuera del territorio santacruceño.

El caso es claro: Santa Cruz recibió, mediante el Acta CFP N° 25/2024, 20.000 toneladas de merluza común (Merluccius hubbsi) bajo el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC). Ese volumen no es un dato menor: representa empleo, producción y desarrollo industrial.

Sin embargo, la propia normativa provincial permite que esa materia prima, descargada en puertos como Caleta Olivia o Puerto Deseado, sea trasladada sin procesamiento a plantas radicadas en otras provincias.

ARGUMENTO LEGAL

El punto más controvertido se encuentra en el artículo 3 de la Disposición N° 112/2026, donde se establece que el traslado de materia prima pesquera solo podrá realizarse dentro de un mismo “grupo empresario”.

A primera vista, podría interpretarse como una restricción. Pero en la práctica, constituye una habilitación abierta.

¿Por qué?

Porque define grupo empresario como una unidad económica con control o dirección común, incluso si sus actividades se desarrollan en distintas jurisdicciones. Es decir, una misma empresa o conglomerado puede:

• Capturar bajo cuota asignada a Santa Cruz
• Desembarcar en puertos santacruceños
• Y trasladar la materia prima sin procesar a plantas en Chubut u otras provincias

Esto genera un efecto directo: el cumplimiento formal de la descarga no garantiza el cumplimiento material del objetivo de la cuota.

A esto se suma otro problema estructural: la disposición crea un sistema propio de trazabilidad y guías de tránsito, pero no articula de manera expresa ni central con el sistema sanitario nacional administrado por el SENASA ni con el Documento de Tránsito Electrónico (DTV-e), obligatorio para el transporte interjurisdiccional de productos de origen animal.

El riesgo es evidente: se configura un sistema paralelo de control basado en declaraciones juradas, sin garantizar una fiscalización efectiva en puntos críticos como el pesaje a pie de muelle.

IMPACTO SINDICAL Y PRODUCTIVO

Las consecuencias no son teóricas: son concretas y medibles.

Mientras las empresas argumentan ante el Consejo Federal Pesquero la necesidad de ampliar cuotas por falta de capacidad industrial, gran parte de la materia prima capturada bajo régimen santacruceño no se procesa en la provincia.

Esto significa:

• Menos empleo en plantas locales
• Menor actividad en puertos santacruceños
• Pérdida de valor agregado
• Debilitamiento del entramado productivo regional

A esto se suma un factor económico clave: los costos de descarga en Santa Cruz son significativamente más bajos —en algunos casos hasta un 50% menos que en puertos de Chubut—. Esto genera un incentivo claro:

Descargar en Santa Cruz para abaratar costos… y luego trasladar la materia prima para procesarla en otra jurisdicción.

Sin controles efectivos de pesaje y sin un sistema sanitario plenamente integrado, el resultado es un esquema donde la provincia aporta el recurso, pero no captura los beneficios.

Cada camión que abandona Santa Cruz cargado con merluza sin procesamiento industrial no solo se lleva pescado: se lleva trabajo santacruceño, salarios, consumo interno y desarrollo económico que nunca llega a nuestras localidades portuarias. Un ejemplo concreto lo demuestra con claridad: un camión con 600 cajones de merluza, realizando únicamente el proceso mínimo HG (descabezado y eviscerado), genera aproximadamente 9.000 kilos procesados y un movimiento económico cercano a $1.560.150. Pero si esa misma materia prima fuera industrializada completamente en filete dentro de la provincia, el valor agregado ascendería a $4.695.210. La diferencia supera los $3,1 millones perdidos en un solo viaje. Ese dinero representa horas de trabajo para fileteros, actividad en plantas pesqueras, aportes laborales, consumo en comercios locales y circulación económica para toda la comunidad. Por eso, cuando la merluza sale en camiones hacia otras provincias para ser procesada afuera, Santa Cruz no pierde solamente producción, pierde empleo, industria y la posibilidad de transformar sus recursos naturales en desarrollo genuino para su propia gente.

PARA tener en cuenta: En el 2025 según los registros del SAGPyA, se descargaron 33.390,2 toneladas de merluza hubbsi en el Puerto Caleta Paula, lo que significa que se descargaron 1.113.007 cajones de merluza, por lo que se utilizaron 1.855 camiones cargados con 600 cajones de merluza hubbsi. Cada uno de esos viajes representa: trabajo industrial que no queda en planta, valor agregado que se pierde, empleo local que no se genera, y millones de pesos que abandonan Santa Cruz junto con el recurso pesquero.

La Disposición N° 112/2026 se presenta como un instrumento de control y ordenamiento. Sin embargo, en su diseño actual, abre la puerta a una realidad incómoda:

Santa Cruz podría convertirse en un puerto de paso únicamente para generar descargas a bajo costo en beneficio de un sector empresarial, mientras el trabajo, el valor y el empleo se consolidan en otras provincias.

La pregunta es inevitable:

¿Se está administrando el recurso para fortalecer la industria local… o para facilitar un esquema donde el beneficio se concentra fuera de la provincia?

Porque si la cuota es santacruceña, pero el trabajo no, entonces el problema ya no es técnico.

Es político.

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