Convocatoria selectiva y crisis estructural, la pesca en Santa Cruz entre el discurso oficial y la exclusión real

La reciente convocatoria del Gobierno de Santa Cruz dirigida a “Gremios y Trabajadores” del sector pesquero, lejos de representar una instancia de diálogo amplia y genuina, expone una serie de contradicciones que reflejan el estado crítico de la actividad y la desconexión entre las decisiones políticas y la realidad del trabajador.

El principal problema no radica únicamente en la invitación, sino en las condiciones en las que se plantea. Convocar a una reunión en Río Gallegos implica, para trabajadores de la zona norte como Caleta Olivia y Puerto Deseado, afrontar distancias que superan los 700 kilómetros, con costos de traslado y estadía imposibles de cubrir en un contexto de desocupación creciente y precarización laboral.

En los hechos, esta modalidad de convocatoria funciona como un filtro. No uno explícito, pero sí efectivo: sólo podrán asistir aquellos sectores con capacidad económica para afrontar los gastos. Esto deja fuera a trabajadores independientes, delegados sin estructura sindical consolidada y amplios sectores no sindicalizados, que son precisamente quienes más sufren la crisis.

La actividad pesquera en Santa Cruz no atraviesa una situación aislada ni sectorial. La problemática es integral. Abarca desde la falta de controles eficientes hasta la precarización estructural del empleo.

En el caso de la flota amarilla, los estibadores continúan reclamando igualdad de condiciones en la descarga, particularmente en lo que respecta a jornales y precio por cajón, hoy muy por debajo de los valores que se pagan en provincias vecinas como Chubut, con diferencias que oscilan entre el 40% y el 50%. Esta brecha no solo evidencia una desigualdad regional, sino también la ausencia de una política provincial que garantice condiciones mínimas de equidad.

A esto se suma la irregularidad en los controles. El operativo de pesaje realizado el pasado 27 de abril sobre embarcaciones artesanales como el Nuevo Don Julio, El Tata, Nuevo Osurriento y Amadeo, con inspectores provenientes de Río Gallegos, fue percibido por los trabajadores como una acción aislada, sin continuidad ni planificación.

La actividad pesquera, especialmente en el segmento artesanal, no es constante durante todo el mes debido a las condiciones climáticas. Por ello, aplicar controles esporádicos no sólo resulta ineficaz para garantizar la veracidad de las capturas, sino que además genera más incertidumbre que soluciones. La implementación sostenida de controles de pesaje en muelle, conforme a la Disposición 20/2022 y en línea con lo establecido por la Ley Nacional de Pesca N° 24.922, no sólo permitiría obtener datos reales, sino también generar empleo genuino para inspectores y trabajadores del sector.

Otro de los puntos críticos es la situación de Puerto San Julián, donde los compromisos asumidos por el propio Gobierno provincial no se han cumplido. El anuncio de reactivación con el buque “Norman” y la posterior incorporación del “Patagonia” quedaron en declaraciones, mientras la actividad portuaria continúa prácticamente paralizada, afectando de manera directa a estibadores y trabajadores vinculados, en este caso Sn Julián no participa de ninguna reunión convocada.

En paralelo, persisten conflictos estructurales vinculados a la falta de regulación laboral. La ausencia de coordinación entre gremios como el STIA y el SITFAL, sumada a la proliferación de contratos eventuales y esquemas cooperativos irregulares, ha consolidado un modelo de precarización donde los trabajadores no cuentan con estabilidad, ni con garantías salariales acordes a su actividad.

Muchas de estas cooperativas funcionan, en la práctica, como estructuras de intermediación laboral encubierta. No existen verdaderos socios, sino trabajadores eventuales que rotan sin derechos, y que, ante cualquier reclamo por salarios impagos o liquidaciones incorrectas, son excluidos del sistema mediante mecanismos informales como listas negras.

Esta situación no sólo vulnera derechos básicos, sino que además desalienta la inversión. Las empresas que operan en el sector conocen el riesgo jurídico que implica sostener esquemas laborales irregulares, ante una eventual judicialización, los reclamos podrían derivar en pagos retroactivos millonarios. Frente a este escenario de incertidumbre y falta de reglas claras, muchas optan por operar en puertos de otras provincias, incluso con costos más elevados, pero con mayor previsibilidad.

El problema de fondo no es menor. En más de dos años de gestión, con cuatro secretarios de pesca, el Gobierno provincial no ha logrado constituir el Consejo Provincial Pesquero, órgano clave para la planificación y el control de la actividad. Esta ausencia institucional refleja la falta de una política pesquera sostenida y coherente.

Mientras tanto, los datos evidencian una realidad que contrasta con el discurso oficial, durante 2025 se registraron más de 300 descargas en el puerto Caleta Paula, sin que ello se traduzca en un esquema eficiente de control ni en una mejora en las condiciones laborales que incluyan a los inspectores de pesca a bordo.

En el mismo contexto hasta la fecha no se ha registrado la gran problemática de la inclusión de los marineros de Santa Cruz que hoy emigran a otros puertos por falta de posibilidades en la provincia como así también la propia explotación de las flotas fresqueras que existen en el lugar como la Flota Amarilla.

En este contexto, la convocatoria al diálogo pierde legitimidad si no garantiza la participación real de todos los sectores. Si el Estado no asume el costo de garantizar esa participación —ya sea mediante viáticos, traslado o descentralizando las reuniones hacia las zonas donde se concentra la actividad—, la instancia queda reducida a una formalidad que excluye a quienes más necesitan ser escuchados.

La crisis de la pesca en Santa Cruz no se resuelve con invitaciones generales ni con reuniones sin condiciones. Requiere decisiones concretas, presencia territorial y, sobre todo, voluntad política para abordar un problema que ya no admite diagnósticos parciales.

El verdadero problema de los puertos de Santa Cruz no es el salario de los trabajadores portuarios. Pretender instalar que la competitividad se alcanza bajando jornales en una actividad temporaria y profundamente inestable es desconocer por completo la realidad económica y social de la provincia.

Con descargas reducidas, trabajo intermitente y un costo de vida cada vez más elevado, los ingresos de los trabajadores portuarios no representan un obstáculo para la actividad; por el contrario, son parte esencial del movimiento económico de cada localidad costera, donde el consumo interno depende en gran medida de que exista trabajo digno y salarios acordes a la realidad patagónica.

Santa Cruz posee una de las canastas básicas más altas del país y enormes distancias entre las ciudades con actividad pesquera. Sin embargo, el discurso oficial insiste en que los trabajadores deben resignar ingresos para “volver competitivos” a los puertos provinciales.

Si ese criterio fuera realmente válido, entonces el gobernador Claudio Vidal —proveniente del sindicalismo petrolero— debería haber planteado la misma lógica en el sector hidrocarburífero, proponiendo una reducción del 50% de los salarios petroleros para evitar que las empresas abandonen la provincia. Pero eso nunca ocurrió.

La diferencia es clara, mientras el petróleo cuenta con estabilidad anual y respaldo político, a la pesca se le exige sacrificios permanentes sin garantizar continuidad laboral, fondos de temporada ni condiciones mínimas de protección social.

Por eso, cada vez resulta más evidente para los trabajadores que detrás del discurso de la “competitividad” no existe un verdadero proyecto de desarrollo pesquero, sino una política funcional a determinados intereses empresariales, donde el ajuste siempre recae sobre el último eslabón de la cadena: el trabajador.

Y mientras el Gobierno habla de diálogo, miles de trabajadores siguen esperando algo mucho más urgente, trabajo, reglas claras y dignidad laboral.

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