PESCA PARA POCOS, HAMBRE PARA MUCHOS: EL RELATO EMPRESARIAL QUE BUSCA ROMPER EL CONVENIO Y DIVIDIR A LOS MARINEROS

CAPIP intenta imponer acuerdos individuales por fuera del Convenio Colectivo, el Consejo Federal Pesquero habilita un caladero selectivo y el Ministerio de Trabajo navega sin rumbo. El resultado, trabajadores divididos, empresas privilegiadas y miles de familias sin sustento.

La reciente declaración de Damián Santos, secretario de CAPIP, no es un análisis de coyuntura, es una pieza de presión empresarial cuidadosamente diseñada para debilitar la negociación colectiva y justificar un modelo de precarización laboral en la actividad pesquera.

Cuando afirma que “los marineros que siguieron a Álvarez están mucho mejor que los que siguen al gremio” S.O.M.U., no solo instala una falsedad sin respaldo documental, sino que además promueve una división peligrosa entre trabajadores. No presenta recibos, no muestra condiciones reales de trabajo, ni explica bajo qué marco legal se sostienen esos supuestos beneficios. Lo que sí queda claro es la intención, romper el Convenio Colectivo de Trabajo 356/03 y reemplazarlo por acuerdos individuales.

CONVENIOS INDIVIDUALES: UN ATAQUE DIRECTO A LA LEY

El esquema que impulsa CAPIP, basado en contratos individuales, choca de frente con el marco normativo vigente:

• La Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales garantiza la representación colectiva y prohíbe prácticas que tiendan a debilitarla.
• El Convenio Colectivo de Trabajo 356/03 regula las condiciones laborales del sector y no puede ser sustituido unilateralmente por acuerdos individuales.

Promover negociaciones directas entre empresa y trabajador, en un contexto de necesidad extrema, no es libertad contractual, es presión económica sobre la vulnerabilidad.

EL DOBLE DISCURSO EMPRESARIAL

Si, como sostienen, el negocio pesquero es inviable bajo el esquema actual, surge una pregunta inevitable:
¿Por qué entonces algunas empresas están pescando con total normalidad?

La respuesta deja al descubierto una realidad incómoda:
existe un caladero abierto para unos pocos, mientras la mayoría de la flota permanece paralizada.

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO: ARBITRARIEDAD Y SILENCIO

Bajo la órbita del director de pesca Juan Antonio López Cazorla, el Consejo Federal Pesquero queda en el centro de la escena por una decisión que lejos está de ser técnica o equitativa.

La habilitación selectiva del caladero no es un gesto de amplitud ni una política de reactivación,
es una medida arbitraria que rompe la igualdad de condiciones entre empresas.

Permitir que firmas como Conarpesa, Pescargen, Marlene del Carmen de Luis Santander, operen con normalidad, mientras otras quedan afuera, no solo distorsiona el mercado, sino que también profundiza el conflicto social.

EL ESTADO AUSENTE Y LA REFORMA LABORAL INCIERTA

El rol del Ministerio de Trabajo de la Nación es, como mínimo, errático.

La reforma laboral vigente se encuentra en un estado de intermitencia jurídica alarmante:

• Un día es aplicada,
• Al otro día es cuestionada mediante amparos,
• Luego vuelve a entrar en vigencia,
• Y todo esto sin una reglamentación clara la nueva ley laboral.

En este escenario, nadie sabe con certeza sobre qué marco legal se están tomando decisiones:

• ¿Las empresas bajo qué norma negocian?
• ¿El sindicato bajo qué reglas defiende?
• ¿El Estado bajo qué criterios arbitra?

Mientras tanto, los trabajadores esperan en sus casas, con la mesa vacía y sin respuestas.

RECURSOS ARGENTINOS, BENEFICIOS PRIVADOS

No puede soslayarse un aspecto central, gran parte de estas empresas tienen capitales extranjeros o estructuras vinculadas a intereses internacionales.

Operan sobre un recurso natural estratégico como el langostino argentino, cuya explotación está regulada por la Ley Federal de Pesca Nº 24.922, que establece claramente:

• La obligación de explotación racional y sustentable
• El deber de generar empleo y valor agregado en el país
• El compromiso de no concentrar ni distorsionar el acceso al recurso

Cuando una empresa accede de manera privilegiada al caladero en detrimento del resto, no solo se distorsiona la competencia, se vulnera el principio de equidad en el acceso a un recurso público administrado por el Estado.

Si bien la Ley 24.922 no define expresamente el monopolio, establece mecanismos para evitar la concentración indebida del recurso, como el control de vínculos societarios (art. 27 bis) y la obligación de asignar cuotas bajo criterios de interés social.

En este marco, la asignación selectiva puede configurar en los hechos una situación de concentración o “monopolio encubierto”, generando:

• Distorsión del régimen de permisos y cuotas
• Aprovechamiento indebido de un recurso público
• Desnaturalización del fin social de la actividad pesquera

EL VERDADERO FONDO DEL CONFLICTO

Lo que está en juego no es una negociación salarial.
Es mucho más profundo:

• Un modelo basado en derechos colectivos,
  versus
• Un modelo basado en relaciones individuales y flexibles

Dividir a los trabajadores, debilitar al sindicato y avanzar sobre el convenio no es una solución:
es el camino hacia la precarización total de la actividad.

Hoy la pesca argentina muestra su peor cara, empresas que presionan, un Estado que habilita selectivamente, un Ministerio que no garantiza reglas claras y trabajadores que pagan el costo.

No hay equilibrio posible cuando el caladero se abre para unos pocos y se cierra para la mayoría.
No hay legalidad cuando se promueven acuerdos por fuera del convenio.
No hay justicia social cuando miles de marineros no pueden llevar un plato de comida a su casa.

La pregunta ya no es quién tiene razón en esta negociación.
La pregunta es:

¿Quién se está quedando con el recurso de todos mientras el resto queda afuera?

¿Y que van hacer las empresas apuraditas por los convenios individuales cuando impacte el verdadero precio del combustible y el precio FOB de exportación termine cayendo en el mercado, a quien le van aplicar el ajuste?

CARDOZO MANUEL RICARDO A.G.O.M.U.

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