CONTRATOS DE AJUSTE EN LA PESCA: ENTRE LA EXTORSIÓN EMPRESARIAL Y LA RESISTENCIA SINDICAL
La avanzada empresarial para imponer contratos individuales en la pesca vuelve a tensionar el conflicto en el sector: mientras se instala un relato de crisis sin respaldo claro, se intenta trasladar el ajuste directamente al salario de los marineros, vulnerando el convenio colectivo y debilitando la negociación sindical.
La avanzada de las empresas para imponer acuerdos individuales vuelve a poner en jaque al Convenio Colectivo y expone un intento de precarización estructural en la actividad pesquera
En medio de una de las crisis más tensas de la actividad langostinera, más de dos mil marineros aparecen como potenciales firmantes de contratos individuales promovidos por el sector empresario, en una maniobra que no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que además configura un escenario de presión directa sobre los trabajadores.
La operatoria, impulsada por la firma CONARPESA S.A. bajo el argumento de la caída de los mercados internacionales y el aumento de costos operativos, propone esquemas de contratación por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo, con pagos atados a la producción, valores inciertos y adelantos económicos que funcionan como mecanismo de captación en un contexto de necesidad.
Pero detrás del discurso de “Sostener la Actividad”, lo que se esconde es un intento deliberado de modificar las reglas del juego, reemplazar la negociación colectiva por acuerdos individuales, fragmentar la organización sindical y debilitar el poder de los trabajadores en la mesa de discusión.
CRISIS REAL, RELATO ARMADO Y NÚMEROS QUE NO CIERRAN
En este punto, resulta imprescindible desarmar uno de los ejes centrales del discurso empresario: la supuesta “CRISIS” basada en la caída del precio internacional del langostino y el aumento del combustible. En primer lugar, respecto del costo del gasoil —insumo esencial tanto para la flota pesquera como para toda la logística terrestre vinculada al transporte de la materia prima—, el propio presidente de YPF, Horacio Marín, ha señalado públicamente que, pese al contexto internacional marcado por tensiones como el conflicto entre Irán e Israel, no se prevén aumentos significativos en Argentina. Este dato no es menor, porque desactiva uno de los argumentos utilizados para justificar el ajuste sobre los salarios.
Por otra parte, se repite el mismo esquema argumental del año anterior, cuando las empresas instalaron la idea de una “CRISIS PESQUERA” vinculada exclusivamente al precio de exportación del langostino, aun cuando en ese momento el costo del combustible no estaba en discusión. Sin embargo, esa supuesta crisis nunca fue validada ni amplificada por el Estado nacional, entre otras razones porque las empresas pesqueras no operan sobre una única variable ni sobre una sola unidad de negocio, cuentan con estructuras diversificadas, distintas especies, múltiples tipos de flota y una única razón social que consolida sus resultados económicos. Pretender entonces que existe una crisis estructural basada en el rendimiento de una sola especie no solo resulta forzado, sino también funcional a un relato orientado a justificar la reducción de costos laborales.
Hoy volvemos a encontrarnos ante la misma maniobra, afirmaciones empresariales sin respaldo oficial ni datos transparentes, que buscan imponer una rebaja salarial encubierta. Cabe recordar que los trabajadores deberían salir a pescar bajo las condiciones acordadas en el año 2025, y no bajo esquemas improvisados que trasladan todos los riesgos al eslabón más débil de la cadena.
En este sentido, cualquier acuerdo individual que se pretenda firmar debe contemplar la totalidad de la temporada y no quedar librado a modificaciones arbitrarias cada vez que las empresas aleguen variaciones en sus costos. Lo contrario implica consolidar un sistema donde cualquier supuesto incremento —real o no— termina siendo descargado sobre el salario del marinero, incluso en el caso de trabajadores eventuales o de relevo.
La verdadera transparencia no se construye mediante la firma de acuerdos individuales precarios, sino a través del respeto al marco legal vigente. Promover la firma de contratos que luego deban ser resueltos por la justicia laboral, amparándose en interpretaciones oportunistas de reformas recientes, no solo expone al trabajador a una situación de vulnerabilidad jurídica, sino que además configura una práctica que podría ser considerada ilícita.
UNA PRÁCTICA QUE COLISIONA CON EL ORDENAMIENTO LEGAL
La estrategia empresarial no solo es cuestionable desde lo ético, sino también desde lo jurídico.
El intento de imponer contratos individuales en un contexto de vigencia de convenios colectivos vulnera directamente la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que establece el principio de irrenunciabilidad de derechos (art. 12) y la primacía de las normas más favorables al trabajador.
Asimismo, entra en contradicción con la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que garantiza la negociación colectiva como herramienta central de regulación de las condiciones laborales, y con el propio Convenio Colectivo de Trabajo 356/03, que regula específicamente la actividad marítima.
Pero el punto más grave radica en que esta avanzada se desarrolla en un contexto donde existen medidas judiciales que limitan o condicionan este tipo de acuerdos, lo que podría configurar no solo una infracción laboral, sino también un posible desacato.
LA RESPUESTA SINDICAL: EVITAR LA FRACTURA
Frente a este escenario, sectores sindicales como el SICONARA han advertido a sus afiliados sobre los riesgos de firmar contratos individuales, instando a sostener la unidad y a rechazar cualquier intento de negociación por fuera del marco colectivo.
La advertencia no es menor, la firma individual de estos contratos no solo expone al trabajador a condiciones desfavorables, sino que además debilita la posición de todo el colectivo, generando una fragmentación funcional a los intereses empresariales.
En términos concretos, lo que está en juego no es únicamente un salario, sino el modelo de relaciones laborales en la pesca argentina.
UN MODELO EN DISPUTA
Lo que hoy se intenta instalar es un cambio profundo:
- De un sistema basado en convenios colectivos
- A un esquema de contratación individual
- Donde el trabajador negocia en soledad frente al poder empresarial
Este modelo no solo es regresivo, sino que además contradice principios constitucionales básicos, como el derecho a condiciones dignas y equitativas de labor consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
CUANDO LA NECESIDAD SE CONVIERTE EN HERRAMIENTA DE PRESIÓN
El verdadero problema no es la crisis, sino cómo se la utiliza.
Aprovechar la necesidad de los trabajadores para imponer condiciones a la baja no es una solución, es una forma de extorsión encubierta que erosiona derechos y rompe el tejido colectivo construido durante décadas.
Desde A.G.O.M.U. advertimos que este tipo de prácticas no solo deben ser rechazadas, sino también investigadas y sancionadas, en defensa no solo de los trabajadores marítimos, sino del sistema laboral en su conjunto.
Porque cuando se rompe el convenio, no pierde un trabajador,
pierde toda la clase trabajadora.
