PESCA EN SANTA CRUZ: CONTROL SELECTIVO, FUGA DEL RECURSO Y UN SISTEMA QUE SOLO FUNCIONA CUANDO CONVIENE

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Detrás del operativo en Caleta Olivia no hay solo un control, hay una trama: disputas empresariales, recursos que se van de la provincia y una autoridad que no puede explicar qué pasa con la pesca en Santa Cruz.

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Mientras el gobierno habla de controles, la realidad muestra un sistema sin trazabilidad, con fuga de materia prima y trabajadores cada vez más precarizados.

El 12 de diciembre de 2025, el gobernador Claudio Vidal se reunía con empresarios del sector pesquero junto a la ministra Nadia Ricci, destacando la necesidad de “acompañar a quienes producen” y consolidar a la provincia como destino de inversión.

Apenas semanas después, se confirmaba la designación de Sergio Klimenko —un hombre directamente vinculado al Grupo Veraz— como nuevo secretario de Pesca.

Hoy, los hechos empiezan a cerrar.

Un operativo en medio de una guerra interna

El decomiso de más de 20 mil kilos de pescado en el acceso norte de Caleta Olivia no puede analizarse como un hecho aislado.

Ocurre en el contexto de una fuerte disputa empresarial encabezada por Luis Jones, en conflicto con trabajadores estibadores, con cruces públicos y denuncias que escalaron incluso a los medios.

En paralelo, el propio secretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, dejó expuesto un dato alarmante:
Santa Cruz recibió 4.500 toneladas de langostino en compensación por la veda, pero su explotación fue parcial y una porción significativa se descargó fuera de la provincia.

La pregunta es inevitable:
¿quién se queda con el recurso y quién controla realmente su destino?

El discurso oficial y sus contradicciones

Tras el operativo, Klimenko fue categórico:
“Ese pescado salió directo del barco y se iba sin ningún control a Mar del Plata”.

Sin embargo, los propios hechos muestran otra realidad.

Durante esa misma madrugada se registraron múltiples descargas:

  • 00:01 – Pensacola (MN 0747): 700 cajones
  • 00:03 – Gaucho Grande (MAT 0339): 1.400 cajones
  • 00:07 – Victoria II (IMO 8612574), perteneciente a Pesquera Veraz S.A.
  • Descargas previas:
    • 20:00 – El Tata: 600 cajones de merluza
    • 21:00 – Nuevo Don Julio: 600 cajones de merluza

Según trascendidos del sector, el camión interceptado pertenecería al empresario Diego D’Alessio Patagonia Fish S.R.L.

La contradicción es evidente:
¿por qué se detiene un camión y no se explica el destino del resto de la descarga?

Un sistema sin control real

El propio funcionamiento operativo deja al descubierto la fragilidad del sistema:

  • Las descargas se realizan de madrugada
  • No hay controles efectivos de SENASA en horario nocturno
  • Bromatología municipal no opera en esos turnos
  • Los controles en ruta, en Ramón Santos, son limitados

A esto se suma un dato estructural:
nunca existió un control real del peso del pescado a pie de muelle en la flota amarilla.

En este contexto, hablar de “trazabilidad” resulta, como mínimo, contradictorio.

La sospecha: control selectivo y direccionado

El dato más sensible es otro.

Sergio Klimenko proviene del Grupo Veraz, empresa con intereses operativos en Mar del Plata.

Durante los primeros meses del año, bajo el argumento de la falta de agua para procesamiento en Caleta Olivia, se autorizó el traslado de materia prima fuera de la provincia.

Por eso, el interrogante es inevitable:
¿se controla a todos por igual o se actúa en función de la interna empresarial del sector?

El trabajador, siempre en el medio

Mientras se desarrolla esta disputa:

  • los estibadores siguen sin respuestas salariales
  • no se pagan adicionales nocturnos
  • crece la precarización
  • y el recurso provincial continúa sin control claro

El resultado es un sistema donde:

  • se discuten millones
  • se oculta información
  • y el trabajador queda relegado

Más preguntas que respuestas

El operativo presentado como un éxito deja, en realidad, más dudas que certezas:

  • ¿Quién autorizó la salida de materia prima fuera de la provincia?
  • ¿Quién controla realmente las descargas?
  • ¿Por qué el control aparece en medio de una interna empresarial?
  • ¿Dónde están los organismos cuando ocurre la operatoria real?

En Santa Cruz, la pesca no solo atraviesa una crisis productiva.
Atraviesa una crisis de transparencia, control y decisión política.

Desde los inicios del puerto y de la flota amarilla, nunca existió un sistema efectivo de pesaje a pie de muelle.

Y mientras tanto, el recurso se va…
y el salario queda cada vez más ajustado.

Cuando el control es relato y la ley se vuelve selectiva

Lo más grave no es el decomiso.
Lo más grave es el doble estándar.

Porque mientras el secretario Sergio Klimenko habla de “ilegalidad” y “falta de control”, los propios hechos demuestran que en Santa Cruz el sistema funciona con zonas liberadas, controles intermitentes y decisiones discrecionales.

Y acá ya no estamos ante una discusión mediática.

Estamos ante un posible incumplimiento del régimen legal pesquero argentino.

La ley es clara: lo que falla no es la norma, es su aplicación

La Ley 24.922 establece principios básicos que hoy aparecen vulnerados:

  • Administración responsable del recurso
  • Control efectivo de capturas, descargas y trazabilidad
  • Fiscalización estatal permanente
  • Asignación transparente de cuotas

Su decreto reglamentario, el Decreto 748/1999, refuerza un punto central:
👉 el Estado tiene la obligación de garantizar el control real en todas las etapas de la actividad.

Entonces, la pregunta final es directa:

¿Dónde estuvo el Estado cuando ese pescado —y muchos otros— salieron de la provincia?

Ricardo Manuel Cardozo

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