SITFAL: LA DENUNCIA QUE INCOMODA LAS “CUEVAS DE CORTE” Puerto Deseado
Las “cuevas de corte” no son un hallazgo reciente: fueron denunciadas por SITFAL y A.G.O.M.U. con expedientes concretos, testimonios y pedidos formales que nunca tuvieron respuesta. Mientras el sistema irregular crecía, el Estado eligió el silencio.
Denuncias, expedientes y pedidos formales ignorados: el circuito ilegal que creció bajo la mirada del Estado.
Lo que hoy se intenta mostrar como un hecho aislado y recientemente descubierto ya había sido denunciado.
Desde SITFAL (Sindicato de Trabajadores de Fábricas de Alimentos) y la A.G.O.M.U. se venía advirtiendo sobre la existencia de un circuito paralelo en la actividad pesquera, integrado por empresas sin estructura real, razones sociales formales, pero sin capacidad operativa; utilización de buques alquilados (charteados) y cooperativas de dudosa procedencia.
Este entramado, conocido en el sector como “Cuevas De Corte”, ha sido denunciado con evidencia concreta.
Se trata de espacios que operan por fuera de los estándares formales de la industria, con serios cuestionamientos sanitarios, laborales y de trazabilidad, abastecidos por materia prima que no sigue el circuito legal.
En ese contexto, el traslado de pescado fuera de la provincia deja de ser un hecho excepcional para pasar a formar parte de un sistema.
Desde el 7 de marzo de 2025, a partir del cruce de información entre ambos sindicatos y el aporte de trabajadores, comenzó a tomar mayor visibilidad el descontrol que se desarrollaba en plantas pesqueras de la localidad de Caleta Olivia.
En las primeras denuncias se advertía que existían plantas operando bajo una razón social, mientras que en la práctica se alquilaban instalaciones —algunas propiedad de empresarios marplatenses— y también buques que aportaban materia prima explotando el cupo asignado a Santa Cruz.
Así se configuraba un esquema de funcionamiento basado en cooperativas que trabajaban para estas empresas.
Dichas cooperativas contaban con comisiones mínimas y escasa representación formal, mientras que los trabajadores no eran socios adherentes: prestaban tareas bajo el nombre de la cooperativa, pero sin participar en las ganancias ni contar con derechos reales.
En los hechos, se trataba de un circuito de rotación de mano de obra no registrada.
Cuando los trabajadores se organizaban en reclamos por pagos, eran apartados, y sus puestos eran ocupados por otros.
Cabe destacar que Caleta Olivia cuenta con un caudal de más de 500 fileteros, sin considerar el resto del personal operativo en plantas pesqueras.
Los trabajadores rotaban entre distintas “EMPRESAS”, incluso cumpliendo turnos en una planta por la mañana y en otra por la tarde.
Esta situación llamó la atención, especialmente cuando desde sectores empresariales e incluso funcionarios del gobierno se presentaba a estas plantas como generadoras de empleo genuino.
En realidad, se contabilizaba como empleo a trabajadores que circulaban entre distintas firmas sin estabilidad ni derechos.
Lo más grave surge de los testimonios recibidos: trabajadores que reclamaban eran directamente excluidos de todas las plantas, ingresando en una suerte de “LISTA NEGRA”.
Aquellos considerados menos conflictivos accedían a trabajar de manera intermitente, sujetos a la discrecionalidad del sistema, con ingresos variables y sin garantías mínimas.
En este contexto, desde SITFAL se radicaron múltiples denuncias ante la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación en Caleta Olivia, dando lugar a los siguientes expedientes:
• EX-2025-23867800-APN-DGDTEYSSiMCH (VEPEZ S.A.)
• EX-2025-23899101-APN-DGDTEYSSHHMCH (DALSUR S.A.)
• EX-2025-23901575-APN-DGDTEYSSHMCH (PATAGONIA FISH S.R.L.)
• EX-2025-23904968-APN-DGDTEYSSHMCH (INCLUMAR S.A.)
El secretario general del sindicato, Víctor Hugo Sánchez, manifestó que en todas las empresas inspeccionadas se detectaron trabajadores no registrados.
Sin embargo, nunca se informó formalmente cuál fue el resultado de las actuaciones ni las resoluciones adoptadas.
Según información extraoficial proveniente de la agencia de Río Gallegos, todas las firmas presentaban irregularidades, pero no se logró acceder a documentación oficial.
El único caso parcialmente informado fue el de VEPEZ S.A. en Puerto Deseado, donde se habrían detectado 48 trabajadores no registrados y 87 con contratos eventuales.
Aun así, no hubo continuidad en la información ni comunicación de medidas concretas.
En el caso de San Julián, se habría detectado un trabajador no registrado en una empresa que ya no se encontraba operativa al momento de la inspección.
En definitiva, ninguna de las denuncias tuvo una devolución clara:
- no se informaron resoluciones
- no se comunicaron sanciones
- no se conocieron multas ni intimaciones
Los expedientes existen, pero hasta la fecha se desconoce su estado.
Todo indica que las actuaciones quedaron, en los hechos, encajonadas.
Otro punto relevante es que las inspecciones se realizaron únicamente en el turno mañana, pese a que las denuncias incluían información detallada sobre la existencia de turnos mañana y tarde.
Esta omisión resulta significativa, ya que el turno vespertino era señalado como el de mayor nivel de irregularidades.
El control no solo fue insuficiente: fue parcial.
La advertencia que nadie quiso escuchar
Ante este cuadro de desorden, el 13 de noviembre de 2025, SITFAL presentó una nota formal ante el Ministerio de Producción dirigida a la ministra Nadia Ricci.
En esa presentación se solicitó información concreta sobre:
- las empresas radicadas en la provincia
- su estructura real
- la flota utilizada
- la cantidad de trabajadores
- la capacidad productiva
- y los proyectos de inversión en curso
Es decir, se pidió algo básico para cualquier política seria:
Transparencia sobre quiénes operan y cómo operan en la pesca de Santa Cruz
La nota ingresó formalmente el 14 de noviembre de 2025.
Hasta el día de hoy, no hubo respuesta.
Cuando el silencio también es una decisión
Con todo lo expuesto, queda claro que el problema no empezó con un camión ni con un operativo en la ruta.
El problema ya estaba denunciado.
- por los trabajadores
- por las organizaciones sindicales
- por SITFAL con expedientes concretos
- por A.G.O.M.U. con evidencia sostenida
Y sin embargo, el gobierno eligió no actuar.
No respondió pedidos formales.
No transparentó la información.
No avanzó sobre las irregularidades detectadas.
Eligió el silencio.
Y en política, el silencio no es neutral.
El silencio también es una decisión.
Porque cuando un sistema irregular funciona a la vista de todos, con denuncias, expedientes y pruebas, y aun así no se interviene, ya no se puede hablar de desconocimiento.
Se está frente a una responsabilidad política directa.
Hoy intentan mostrar control.
Pero lo que queda expuesto es otra cosa:
Un sistema que funcionó durante meses —o años— sin ser tocado
y un Estado que llegó tarde, o decidió mirar para otro lado
Porque cuando no se controla a tiempo,
cuando no se responde,
cuando no se actúa,
El problema no es la falta de información
Es la falta de voluntad política
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