LANGOSTINO: APARICIÓN DE RICCI SILENCIO OFICIAL, DENUNCIAS NACIONALES Y MILLONARIAS PÉRDIDAS PARA SANTA CRUZ
La falta de control sobre los cupos, las denuncias del propio Consejo Federal Pesquero y el silencio oficial configuran un escenario de opacidad que golpea directamente a los trabajadores y a la economía portuaria santacruceña.
Cupo subutilizado, descargas fuera de Santa Cruz y silencio oficial: el langostino se fuga mientras el trabajo desaparece.
La reciente aparición pública de la ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, acompañando al gobernador Claudio Vidal en un acto vinculado al sector hidrocarburífero, reavivó la polémica en torno a su gestión.
Su continuidad política contrasta con una situación crítica en la actividad pesquera, donde persisten denuncias graves que, hasta el momento, no han recibido respuestas oficiales.
El punto de quiebre se produjo el pasado 25 de marzo, en el ámbito del Consejo Federal Pesquero, durante una reunión en la que participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales, entre ellos el intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, legisladores y funcionarios del área.
Allí, el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, expuso un dato que generó fuerte incomodidad:
de las 4.500 toneladas de langostino asignadas a Santa Cruz como compensación por la veda del Golfo San Jorge, la provincia utilizó apenas la mitad, y parte de ese volumen fue descargado fuera del territorio provincial.
UN SISTEMA SIN CONTROL Y SIN GARANTÍAS
El propio Consejo Federal Pesquero fue contundente al señalar que:
los permisos de pesca son de carácter nacional y no están atados a un puerto específico,
lo que deja en evidencia una limitación estructural:
no existe una herramienta efectiva que garantice que el recurso generado como compensación beneficie realmente a Santa Cruz.
Sin embargo, este argumento institucional no logra ocultar una falla central:
la ausencia de control, seguimiento y decisiones políticas que prioricen el trabajo local.
Al menos diez buques operaron con cupo santacruceño, pero eligieron descargar en otros puertos, dejando al descubierto un esquema que permite la fuga del recurso y del trabajo.
REACCIÓN INSTITUCIONAL: DEL CONCEJO A LA NACIÓN
Frente a este escenario, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado avanzó con un proyecto de resolución impulsado por el concejal Abel Brunetti, exigiendo explicaciones sobre el destino del cupo.
La gravedad del caso escaló rápidamente a nivel nacional. Diputados como Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Roxana Monzón presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo (Exp. 1120-D-2026), reclamando precisiones sobre:
- asignación del cupo
- empresas beneficiadas
- puertos de descarga
- mecanismos de control
La intervención legislativa confirma que el problema dejó de ser sectorial para convertirse en un conflicto político e institucional de alcance nacional.
EL SILENCIO DE LA MINISTRA Y LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
En este contexto, el silencio de la ministra Nadia Ricci resulta cada vez más insostenible.
A pesar de estar directamente vinculada a la política pesquera provincial,
no ha emitido ningún informe ni explicación pública frente a una denuncia que impacta de lleno en la actividad, el empleo y la economía regional.
El escenario abre interrogantes inevitables:
- ¿Se desestima la denuncia del propio subsecretario de Pesca de la Nación?
- ¿Se avala la fuga del recurso?
- ¿Existe una política deliberada de concentración en pocas manos?
El silencio, lejos de aclarar, profundiza las sospechas.
PÉRDIDAS MILLONARIAS Y TRABAJO QUE NO FUE
El impacto no es abstracto: es concreto, medible y profundamente regresivo.
Si las 4.500 toneladas hubieran sido correctamente canalizadas hacia los puertos santacruceños:
- En flota congeladora (promedio 100 toneladas por buque):
45 arribos potenciales - En flota fresquera:
hasta 89 barcos descargando en puerto
Esto habría generado:
- decenas de cuadrillas de estibadores
- actividad para guincheros, capataces y apuntadores
- movimiento económico directo en cada puerto
Pero nada de eso ocurrió en su totalidad.
DESIGUALDAD SALARIAL Y EXPLOTACIÓN
A este escenario se suma un dato aún más grave:
la diferencia salarial con puertos como los de Chubut, donde los acuerdos homologados superan en un 60% los ingresos de los trabajadores santacruceños.
Esto configura un doble perjuicio:
- menos trabajo por la fuga de descargas
- peores condiciones cuando el trabajo existe
En la práctica, se consolida un esquema de competencia desigual y precarización estructural, donde Santa Cruz queda relegada incluso dentro de su propio recurso.
UN DISCURSO QUE NO CIERRA
Mientras el gobierno provincial sostiene que “no le da la espalda al mar”,
los hechos muestran lo contrario:
- falta de control
- ausencia de políticas activas
- inacción frente a irregularidades
La continuidad de funcionarios cuestionados, sumada a la rotación constante en áreas clave como la Secretaría de Pesca,
termina consolidando un escenario de desorden, opacidad y pérdida de soberanía sobre el recurso.
El conflicto del langostino en Santa Cruz ya no admite ambigüedades.
No se trata solo de cupos o de normativa:
se trata de decisiones políticas que determinan si el recurso genera trabajo local o se fuga hacia otros intereses.
Hoy, los datos son claros:
• hubo subutilización del cupo
• hubo descargas fuera de la provincia
• hubo pérdida de empleo y actividad
Los valores expuestos 2025 pese a la crisis, se mantuvieron por decisión del SUPA, pero hoy actualmente tienen un 15% de aumento en la actualidad.
El gobierno de Santa Cruz ya no puede escudarse en limitaciones normativas ni en responsabilidades compartidas. Cuando el propio organismo nacional expone la subutilización del cupo y la fuga del recurso, la inacción deja de ser un error para convertirse en una decisión política.
Sostener funcionarios cuestionados, guardar silencio frente a denuncias públicas y permitir que el langostino se descargue fuera de la provincia es, en los hechos, darle la espalda al trabajo santacruceño.
La pesca no necesita discursos ni actos protocolares:
necesita control, transparencia y defensa real del recurso.
Porque cuando el langostino se va, no solo se pierde producción.
Se pierde trabajo, se pierde soberanía y se pierde el futuro de los puertos de Santa Cruz.
Y frente a todo eso,
el silencio oficial empieza a pesar tanto como las propias irregularidades.
Ricardo Manuel Cardozo.
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