El engaño de la planta Gaveteco: promesas de trabajo, sueldos impagos y toneladas de merluza fugadas de Santa Cruz

Por A.G.O.M.U. Santa Cruz
Investigación sindical sobre el fraude laboral y pesquero encubierto detrás de la empresa “Alquimia”, presentada como proyecto social y respaldada por funcionarios provinciales.

El 22 de agosto se presentó oficialmente la reapertura de la planta Gaveteco en Caleta Olivia, con la presencia de las autoridades provinciales Selsa Hernández, Daniel Álvarez (entonces jefe de Gabinete) y Julián Haro, quien se presentó como representante de una empresa familiar llamada “Alquimia”, junto a su socio Diego Quezada. En aquel acto, Haro habló de un “proyecto social”, que supuestamente apostaba al desarrollo local, la dignidad laboral y la reactivación económica.

Menos de dos meses después, el panorama es otro: la planta permanece cerrada, los trabajadores reclaman tres quincenas adeudadas y las promesas se esfumaron. Lo que fue presentado como una iniciativa para generar empleo terminó revelando un entramado de irregularidades laborales, evasión y complicidades políticas que hoy golpean nuevamente a los trabajadores pesqueros de Santa Cruz.

De la esperanza al abandono

Según las declaraciones del propio Haro, la planta iba a iniciar sus actividades con 150 empleados, apostando a “la dignificación del trabajo y el desarrollo social”. Sin embargo, en los hechos, solo 110 operarios —80 dentro de la planta y 30 en tareas de carga y descarga— trabajaron durante septiembre y octubre, faenando merluza hubbsi sin haber sido registrados ni incorporados a ninguna cooperativa legalmente constituida.

Esta situación constituye una falta gravísima, ya que el Decreto 2015/94, en su artículo 1°, prohíbe expresamente que las cooperativas de trabajo sean utilizadas como intermediarias para proveer mano de obra a terceros. En ese caso, los trabajadores pasan a ser empleados directos, con todas las obligaciones y derechos que ello implica.

El engaño fue completo: sin contratos, sin aportes, sin ART ni cobertura social, los empleados se sostuvieron con la promesa de que “a medida que se entregaran los pedidos se pagarían las quincenas”. Esa promesa nunca se cumplió.

Tres quincenas adeudadas y una planta fantasma

Desde fines de octubre, los trabajadores reclaman tres quincenas impagas, equivalentes a unos 15 millones de pesos por quincena. El propio vocero del grupo explicó que el 20 del mes anterior solo cobraron el 50% de una quincena y que hace más de veinte días los empresarios no dan la cara ni responden los teléfonos.

La planta está paralizada desde el 28 de octubre. Nadie explica qué ocurrió con los recursos, ni por qué desaparecieron los responsables. “Nosotros no tenemos problema en trabajar, pero después de tres quincenas empieza a aparecer el hambre, y cuando hay hambre uno actúa distinto”, dijo uno de los trabajadores en diálogo con los medios locales.

La ruta invisible de la merluza: 32.259,2 Ton. de Merluza Hubbsi Descargadas Puerto Caleta Paula

Mientras los obreros esperaban cobrar, los camiones cargaban merluza rumbo a otra provincia.
Los empleados de descarga aseguran que la materia prima provenía del buque “El Norman”, actualmente perteneciente a la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U., y del “Viernes Santos” (IMO 7388566), hoy operado por Maronti S.A.. Sin embargo, también recibían producto de la flota amarilla y de otras embarcaciones.

Durante las últimas dos quincenas activas, la planta encajonaba y rehielaba merluza en cajones de langostino, cargando dos camiones diarios con 800 cajones cada uno, destinados a Mar del Plata, donde operaba la empresa ASUDEPES S.A., propiedad del empresario coreano Jim Bae Chung.

Si cada cajón pesaba 17 kilos, se movilizaban 13,6 toneladas por camión, es decir, 27,2 toneladas diarias. En apenas dos quincenas se fugaron desde Santa Cruz más de 800 toneladas de merluza hubbsi que nunca fueron procesadas en la provincia.

Complicidades políticas y silencios oficiales

Testigos afirman haber visto en reiteradas ocasiones a la Secretaria de Pesca, Estefy Grant, recorriendo la planta junto a Julián Haro, firmando documentación vinculada a la trazabilidad del recurso que luego era enviado fuera de la provincia. Las descargas y los traslados se realizaron en plena campaña electoral, con total impunidad,como una caja de recaudación extraoficial.

Este accionar contradice las propias declaraciones de Grant, quien había asegurado públicamente que “nunca firmaría para que los recursos salgan de la provincia”. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario: el negocio pesquero que prometía ser “social” se transformó en un circuito de evasión, fraude y precarización laboral.

DECLARACIONES ESTEFY GRANT:

Una historia repetida: ASUDEPES y la sombra de Jim Bae Chung

El nombre ASUDEPES S.A. no es nuevo en el historial de irregularidades del sector. La firma ya fue denunciada por simular operaciones de venta de tubos de calamar a su propia fábrica de camisas Tiaca Tex S.A., utilizando facturas apócrifas para justificar un supuesto “reproceso” del producto. El mismo empresario coreano reaparece ahora, vinculado a esta nueva maniobra en Santa Cruz.

El buque El Norman y la trama oculta

Mientras la planta cerraba, el buque “El Norman” fue trasladado a Puerto San Julián, donde solo realizó dos entradas antes de quedar paralizado. Tripulantes confirmaron que el buque “salio a pescar solo” aunque no se sabe cómo ni bajo qué autorización de la Prefectura Naval Argentina. Otro dato que aumenta las sospechas sobre el encubrimiento y el manejo político y de los permisos pesqueros que obtuvo la embarcación. Hoy la misma se fue de San Julian dejando un vacío al puerto, cuando luego de anuncios de campaña era un barco que llegaba para quedarse a remontar la economía de la ciudad.

Promesas vacías, trabajo perdido y recursos saqueados

En apenas dos meses, el supuesto “Emprendimiento Social” de Alquimia dejó una estela de salarios impagos, evasión laboral, fuga de recursos y complicidad estatal. Lo que empezó con discursos sobre “la dignidad del trabajo” terminó como una maniobra empresarial para extraer merluza santacruceña a bajo costo y venderla fuera de la provincia con altísima rentabilidad.

Lo preocupante es que, en Santa Cruz, el traslado de merluza y langostino sin procesar se volvió un terreno gris donde la falta de controles permite todo tipo de maniobras. Mientras SENASA exige un DTV-e para garantizar la trazabilidad sanitaria, la Secretaría de Pesca provincial —que debería certificar la trazabilidad pesquera y validar cada desembarque— actúa con discrecionalidad, demora o directamente deja pasar movimientos sin la documentación completa. Así, cargas que deberían estar plenamente registradas viajan de una provincia a otra sin que nadie pueda asegurar si corresponden a cuotas reales, si cumplen el límite de captura o si se están usando para blanquear pesca no declarada. El resultado es un sistema frágil, opaco, sin controles cruzados, donde el Estado aparece como facilitador involuntario de prácticas que perjudican a los trabajadores, desfinancian al sector y erosionan la legalidad pesquera.

Hoy, los trabajadores solo reclaman lo que les corresponde: el pago de lo adeudado y la recuperación de sus fuentes laborales.
Pero también exigen que se investigue el rol de los funcionarios y empresarios involucrados, porque el silencio oficial ya no alcanza para tapar la verdad.

Santa Cruz vuelve a ser escenario de un mismo libreto, falsas promesas de desarrollo, negocios ocultos y trabajadores abandonados.

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