“Santa Cruz pone el pescado y otras provincias se quedan con el trabajo”: fuerte denuncia del SITFAL contra la Disposición 112/2026

El conflicto por la Disposición 112/2026 escaló formalmente luego de que el Sindicato de Trabajadores de Fábricas de Alimentos (SITFAL), conducido por Víctor Hugo Sánchez, presentara una impugnación y pedido de nulidad absoluta ante el Ministerio de la Producción y Comercio de Santa Cruz, encabezado por Nadia Ricci, y ante la Secretaría de Estado de Pesca conducida por Sergio Klimenko.

La presentación sindical cuestiona duramente el alcance de la disposición provincial, advirtiendo que el nuevo régimen podría terminar facilitando la “fuga de materia prima” fuera de Santa Cruz sin garantizar procesamiento local, empleo ni agregado de valor dentro de la provincia.

Según las declaraciones vertidas por Sánchez, el reclamo central al Gobierno Provincial pasa por un punto que considera gravísimo: la salida del recurso pesquero santacruceño sin industrialización previa.

“¿Cómo puede ser que una provincia solicite cupos pesqueros bajo el argumento de sostener fuentes laborales en las plantas procesadoras, y después habilite mecanismos que terminan favoreciendo exactamente lo contrario?”, cuestionó el dirigente.

Para el titular del SITFAL, la Ley Provincial de Pesca no fue creada únicamente para administrar capturas o descargas portuarias, sino para sostener empleo, promover industrialización y generar valor agregado dentro del territorio santacruceño.

En ese sentido, Sánchez apuntó directamente contra el esquema habilitado por la Disposición 112/2026, particularmente respecto de los mecanismos que permitirían transferencias de CITC entre empresas vinculadas societariamente.

Según explicó, una Empresa “A” que posea cuota de merluza podría transferir parte de su CITC a una Empresa “B” mediante acuerdos societarios y el pago de derechos de transferencia al Estado, habilitando indirectamente que el pescado salga de Santa Cruz sin procesamiento local.

“El problema no es solamente administrativo. El problema es que Santa Cruz puede terminar poniendo el recurso, los puertos y la logística, mientras otras provincias se quedan con el trabajo y el valor agregado”, sostuvo.

La denuncia presentada por SITFAL también advierte que la disposición podría generar beneficios para grandes grupos empresarios integrados verticalmente, permitiéndoles descargar en puertos santacruceños aprovechando menores costos operativos para luego trasladar la industrialización hacia otras jurisdicciones.

Para Sánchez, esto termina transformando a Santa Cruz en una simple plataforma logística de descarga.

“El Gobierno parece más preocupado por garantizar descargas repartidas entre distintos puertos que por resolver el verdadero problema estructural de la industria pesquera provincial”, disparó.

El dirigente además cuestionó la situación salarial de los trabajadores de plantas pesqueras, denunciando fuertes desigualdades respecto de otras provincias patagónicas.

“Los trabajadores de las plantas pesqueras en Santa Cruz cobran menos que en Chubut realizando exactamente la misma actividad. Llamarse al silencio frente a esto es desleal con los trabajadores”, afirmó.

Sánchez también advirtió sobre la situación de los estibadores del Puerto Caleta Paula, señalando que desde 2024 dicho puerto mantiene niveles de descarga superiores a las 37 mil toneladas de merluza hubbsi anuales, y criticó que solamente se plantee “repartir descargas” cuando se trata de determinadas especies.

“Cuando llega el calamar nadie habla de repartirlo entre otros puertos. Eso es desvestir un santo para vestir a otro”, expresó.

Otro de los puntos más duros de la denuncia gira en torno al posible conflicto sanitario y federal que podría generar la disposición provincial.

La presentación sostiene que el traslado interjurisdiccional de pescado fresco entero sin procesamiento previo podría entrar en tensión con el sistema sanitario federal administrado por SENASA, particularmente respecto de:

• trazabilidad;
• cadena de frío;
• controles bromatológicos;
• y utilización obligatoria del DTV-e.

Además, SITFAL cuestionó la ausencia de mecanismos efectivos de control físico y pesaje a pie de muelle, advirtiendo que el sistema podría terminar dependiendo excesivamente de declaraciones empresariales sin fiscalización independiente, claro el pescado sale del barco entero directamente al transporte y luego a otra provincia.

Pero las críticas de Sánchez no se limitaron únicamente a la cuestión pesquera.

En otro tramo de sus declaraciones, el dirigente apuntó contra el manejo político de la representación sindical en la provincia y recordó denuncias históricas vinculadas al cobro de aportes sindicales sin representación legítima.

“Tenemos experiencia de casi dos décadas viendo cómo se llevaron aportes de trabajadores de plantas pesqueras sin contar con documentación sindical válida”, denunció.

Incluso sostuvo que el propio Ministerio de Trabajo de la Nación ya se había expedido sobre estas irregularidades tras denuncias realizadas en 2015 y nuevamente en 2021.

Según afirmó, esa situación derivó en la pérdida de aproximadamente 18 años de aportes sindicales pertenecientes a trabajadores de plantas pesqueras, hoy a esos sindicatos no lo vemos en el campo de acción frente a esta situación remarco.

Finalmente, Sánchez insistió en que el recurso pesquero santacruceño no puede transformarse en una herramienta para beneficiar estructuras empresariales radicadas fuera de la provincia.

“En Santa Cruz las plantas no pueden pedir cupo a Nación para después llevarse el pescado a otra provincia. Esta disposición no se ve clara y genera demasiadas sospechas”, el secretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, tiene que salir a explicar esta disposición, concluyó Sánchez.

Cardozo Manuel Ricardo A.G.O.M.U.

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