PARITARIAS SIN RESPALDO LEGAL Y ACUERDOS A LA BAJA: DENUNCIAN UN ESQUEMA IRREGULAR EN LA INDUSTRIA PESQUERA DE SANTA CRUZ
Un dictamen del Ministerio de Trabajo de Nación frenó la homologación de acuerdos salariales en la industria pesquera. Sin embargo, denuncian que empresas y dirigencia sindical continúan firmando actas bajo el mismo expediente observado, dejando a los trabajadores en una situación de debilidad jurídica y con paritarias condicionadas.
Mientras el Ministerio de Trabajo de la Nación ya dejó claro que no hay homologación sin documentación, en Santa Cruz siguen firmando “acuerdos” como si nada pasara.
En un contexto de creciente tensión en el sector pesquero, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Fábricas de Alimentos, Víctor Sánchez, denunció públicamente la existencia de un esquema de negociación salarial que, según afirma, se sostiene al margen de los requisitos legales exigidos por la autoridad laboral nacional.
El eje del planteo se vincula directamente con un dictamen técnico emitido en el marco del expediente EX-2025-32658739-APN-DGDTEYSS#MCH, mediante el cual el Ministerio de Trabajo de la Nación dejó en claro que no avanzará con la homologación de acuerdos salariales hasta tanto las partes intervinientes presenten la documentación correspondiente a negociaciones anteriores. Pese a ello, según la denuncia, las negociaciones continuaron desarrollándose con normalidad, dando lugar a la firma de sucesivas actas acuerdo.
De acuerdo a lo expresado por Sánchez, tanto la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación como la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina habrían seguido celebrando acuerdos salariales utilizando el mismo número de expediente que se encuentra observado por la autoridad nacional, lo que —según sostiene— podría implicar una simulación de continuidad administrativa sin cumplir con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente, el conocimiento es pleno de la comisión directiva del S.T.I.A. de Puerto Deseado, que aun así nunca informo a los trabajadores.
“El propio Ministerio de Trabajo de Nación” fue claro, no se va a homologar ningún acuerdo hasta que no se presenten las homologaciones anteriores. Sin embargo, se sigue firmando como si nada, utilizando el mismo expediente trabado desde marzo de 2025”, señaló el dirigente sindical.
La denuncia apunta también a las consecuencias concretas de esta situación sobre los trabajadores. En ese sentido, Sánchez advirtió que la falta de homologación deja a los acuerdos en una situación de debilidad jurídica, lo que —en la práctica— condiciona la negociación colectiva y abre la puerta a pautas salariales inferiores. “Al no tener respaldo nacional, los acuerdos terminan siendo a la baja, porque el sindicato queda atado y sin herramientas reales de presión”, sostuvo.
En paralelo, el dirigente cuestionó el rol de las autoridades laborales provinciales, particularmente del Secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, a quien señala por intentar reconducir el conflicto hacia esquemas de acuerdos locales similares a los que se aplicaban en Puerto Deseado, históricamente cuestionados por su menor nivel de control y transparencia.
El conflicto ya tuvo un nuevo capítulo con la convocatoria a una audiencia entre las partes, que se llevará a cabo el próximo 20 de abril en la delegación de Trabajo de Caleta Olivia. Allí participarán representantes sindicales, empresariales y autoridades laborales, en un intento por destrabar una negociación que, según denuncian desde SITFAL, se encuentra condicionada desde su origen por incumplimientos previos.
Finalmente, Sánchez aseguró contar con la totalidad de las actas firmadas, lo que —según afirmó— permitirá respaldar documentalmente cada una de las irregularidades denunciadas. “No estamos hablando de suposiciones. Tenemos las actas, tenemos las fechas y tenemos el dictamen que lo deja claro. Esto hay que hacerlo público para que los trabajadores sepan en qué condiciones se está negociando su salario”, concluyó.
Mientras tanto, el trasfondo del conflicto expone una problemática más profunda: la tensión entre acuerdos que se aplican en la práctica y la falta de validación legal por parte del Estado, en un sector donde la precariedad laboral y la falta de controles efectivos siguen siendo parte de una estructura que, lejos de corregirse, parece encontrar nuevas formas de sostenerse.
