Crítica a la Asignación de Cuotas de Captura: Empresas Fantasma y Precarización Laboral
El reciente otorgamiento de 500 toneladas de merluza común por parte del Consejo Federal Pesquero a solicitud del Gobierno de Santa Cruz genera serios cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de cuotas. La falta de claridad sobre las empresas beneficiarias y su vínculo con la actividad pesquera provincial expone un esquema donde cooperativas tercerizadas y buques alquilados encubren la precarización laboral. Mientras se justifica esta distribución en el interés social y el empleo, en la práctica, los trabajadores siguen desprotegidos. Urge mayor control y transparencia en la gestión de los recursos pesqueros.
El reciente otorgamiento de 500 toneladas de merluza común por parte del Consejo Federal Pesquero (CFP) a solicitud del Gobierno de Santa Cruz plantea serios interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de este tipo de asignaciones. Según el comunicado oficial, esta cuota se distribuyó entre tres buques pesqueros: LUCA SANTINO (M.N. 03121), PORTO BELO II (M.N. 02790) y PEGASUS (M.N. 03274). Sin embargo, no se especifica cuáles son las empresas que solicitaron la cuota ni su relación con la actividad pesquera provincial.
En Santa Cruz, particularmente en Caleta Olivia, existen al menos cinco plantas pesqueras que operan bajo un régimen de cooperativas de trabajo en instalaciones alquiladas. Este modelo, en teoría, debería garantizar la independencia de las cooperativas, pero en la práctica se han convertido en mecanismos de tercerización laboral encubierta. Según el Decreto 2015/94, artículo 1º, las normas vigentes prohíben expresamente que las cooperativas de trabajo sean contratadas por terceros para prestar servicios utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados. Asimismo, la jurisprudencia ha dejado en claro que la tercerización de cooperativas puede simular una relación laboral, lo que está expresamente prohibido (Cámara Nacional del Trabajo).
En este contexto, resulta sumamente preocupante que el CFP otorgue cuotas de captura a empresas que no poseen ni plantas propias ni barcos propios, sino que operan mediante buques charteados (alquilados) y cooperativas tercerizadas. Esto plantea un cuestionamiento fundamental: ¿Cuál es el control real que ejerce el Consejo Federal Pesquero sobre la legitimidad de los beneficiarios de las cuotas? ¿En qué se basa para otorgar cupos a empresas que no tienen empleados bajo relación de dependencia, sino trabajadores precarizados bajo la figura de cooperativas?
Además, la justificación utilizada para la asignación de esta cuota de 500 toneladas se apoya en el Artículo 4º, inciso e) del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), el cual establece que un porcentaje de la cuota puede destinarse a fines de interés social, como el sostenimiento del empleo y el desarrollo pesquero regional. Sin embargo, la realidad demuestra que esta asignación no está beneficiando directamente a los trabajadores, sino a intermediarios que lucran con la explotación de la mano de obra sin brindar garantías laborales.
La pregunta sigue en pie: ¿Quiénes son realmente los beneficiarios de estas cuotas? ¿Por qué se sigue permitiendo la precarización de cientos de trabajadores pesqueros mientras se otorgan cupos a empresas sin estructura real en la provincia?
Es hora de que el CFP y el Gobierno de Santa Cruz transparenten los criterios de asignación de las cuotas y garanticen que los verdaderos trabajadores del sector sean los beneficiarios de estas decisiones y no meros engranajes en un sistema de explotación disfrazado de “inclusión social”.
Falta de Transparencia en la Asignación de Cuotas de Pesca: Respuesta Evasiva del Consejo Federal Pesquero
Caleta Olivia, 12 de julio de 2024 – La Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (A.G.O.M.U.) de la Provincia de Santa Cruz expresa su preocupación por la falta de transparencia y control en la asignación de cuotas de captura de merluza común (Merluccius hubbsi) de la Reserva Social de la provincia. Esta inquietud se ve reflejada en la reciente respuesta del Consejo Federal Pesquero (CFP) a nuestro pedido de acceso a la información pública.
El pasado 1 de julio, A.G.O.M.U. envió una nota formal al CFP solicitando información detallada sobre:
- Las empresas que solicitaron asignación de la Reserva Social de Santa Cruz.
- La identificación de las empresas a las que pertenecen los buques pesqueros beneficiados.
- Si dichos buques cumplen con la Resolución CFP N° 7/2018.
- Información sobre fiscalización y control de las descargas pesqueras en la provincia.
- Posibles incumplimientos a la Ley Federal de Pesca N° 24.922.
La respuesta del CFP, fechada el 12 de julio y contenida en el Acta CFP N° 10/2024, fue evasiva y preocupante. Según el organismo, la información solicitada “no se encuentra en el CFP y debe ser requerida a las autoridades de aplicación nacional y provincial, según corresponda”. Esta respuesta genera serias dudas sobre el manejo de los recursos pesqueros y la falta de trazabilidad en las decisiones tomadas.
Ley Federal de Pesca N° 24.922 y la Falta de Control
La Ley Federal de Pesca N° 24.922 establece en su artículo 27 que la explotación del recurso debe garantizar el máximo beneficio social y económico, impidiendo la conformación de monopolios en la actividad. Sin embargo, la falta de información sobre la titularidad de las cuotas y la posible concentración de permisos en pocas manos atenta contra este principio.
Además, la ley exige que las empresas pesqueras cuenten con buques propios o en relación directa con la empresa. En este sentido, el CFP debería garantizar que los barcos beneficiados con la asignación de cuotas cumplan con los requisitos de eslora, potencia y equipamiento establecidos en la normativa vigente.
Otro punto crítico es la situación laboral de los trabajadores de las plantas pesqueras. La ley establece que la industria debe operar bajo un régimen de relación de dependencia formal, sin recurrir a cooperativas tercerizadas que precaricen las condiciones laborales. Sin embargo, la falta de fiscalización en el puerto de Caleta Paula y otras terminales de la provincia genera incertidumbre sobre el cumplimiento de esta disposición.
La falta de control sobre la asignación de cuotas, el incumplimiento de normativas pesqueras y la precarización laboral son problemas que requieren respuestas concretas. La negativa del CFP a proporcionar información refuerza la necesidad de una mayor supervisión sobre el destino de los recursos pesqueros y el impacto que esto tiene sobre los trabajadores marítimos y de planta.
Desde A.G.O.M.U., reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos laborales y en la lucha por una pesca sustentable y transparente. Exigimos al CFP y a las autoridades competentes que brinden la información requerida y garanticen el cumplimiento de la Ley Federal de Pesca N° 24.922 para evitar abusos y asegurar una distribución equitativa de los recursos pesqueros.
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