Fracaso laboral, recambio político y una ley bajo sospecha: el 90/10 pone en jaque al nuevo ministro de Trabajo
Despidos, promesas incumplidas y funcionarios desplazados marcan dos años de una gestión sin políticas reales de empleo. A este escenario se suma la Ley 90/10, hoy cuestionada por su falta de transparencia, su carácter coercitivo y su posible colisión con la Constitución, las leyes laborales y los convenios de la OIT. La llegada del nuevo ministro abre una pregunta clave: ¿revisión real o continuidad del relato?
Santa Cruz: desempleo, rotación de funcionarios y una Ley 90/10 cuestionada por inconstitucional
Los sucesivos desplazamientos de funcionarios en áreas sensibles del gobierno de Claudio Vidal no son producto de casualidades ni de supuestos “reordenamientos” administrativos, sino la consecuencia directa de malas gestiones, improvisación permanente y fracaso en el cumplimiento de las responsabilidades delegadas.
En materia laboral, los resultados están a la vista. Santa Cruz atraviesa uno de los escenarios más críticos de las últimas décadas, con desocupación creciente, despidos masivos y una fuerte retracción del empleo privado. Miles de trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del sistema productivo y, a dos años de gestión, el balance es contundente: no existieron políticas eficaces de inclusión laboral, solo anuncios, actas y promesas que jamás se tradujeron en trabajo genuino.
El caso de la zona norte de la provincia —Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia— es emblemático. Allí se firmaron supuestas actas de inclusión laboral que terminaron siendo simples pasquines, muchas de ellas sin membrete oficial ni sustento administrativo, impulsadas por el entonces secretario de Trabajo Ezequiel Verbes y el secretario de Estado de Trabajo Javier Aravena. Documentos sin validez real, utilizados para mentirle a los desocupados, generar falsas expectativas y ganar tiempo político, mientras el problema estructural del desempleo continuaba agravándose.
A la fecha, no existe ni un porcentaje mínimo de solución al drama de la desocupación. Lo único que se sostuvo fue el asistencialismo, reducido a los conocidos bolsones de comida, como único recurso frente al hambre y la desesperación de una masa obrera sistemáticamente excluida del mercado laboral.
Dos años de gobierno y lo que predomina es una gestión improvisada, sostenida artificialmente por medios hegemónicos encargados de vender humo sobre políticas que nunca se desarrollan ni se ejecutan. Lo más vergonzoso es que esos mismos medios, en lapsos mínimos, anuncian la salida de cada funcionario que fracasó en su cargo, confirmando que no fueron eficientes, pero sí costosos para el erario público, ya que cada uno de ellos significó un gasto estatal para sostener la inoperancia.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con las pocas negociaciones que se llevaron adelante con los desocupados ante cada cambio de funcionarios? ¿Dónde quedan los compromisos asumidos, si cada seis meses cambia el interlocutor y todo vuelve a foja cero?
En este contexto asume Juan Eduardo Mata como nuevo ministro de Trabajo. Un funcionario cuya trayectoria genera más dudas que certezas: ex chofer de Hernán Elorrieta, presidente del partido SER —fuerza política que integra el gobierno de Claudio Vidal—, ex peronista de la vieja escuela y previamente beneficiado con un cargo como director de Trabajo en Las Heras, donde tuvo una gestión breve y poco significativa, antes de esta nueva designación.
Pero a este cuadro de rotación de funcionarios y fracaso en políticas laborales se suma ahora un problema aún más grave: la Ley 90/10 y su reciente reglamentación, que lejos de constituir una herramienta real de inclusión laboral, ya ingresó en una fuerte interrogación mediática, sindical y jurídica. La norma es cuestionada por su falta de transparencia, por el carácter coercitivo de sus sanciones y por su colisión con la Constitución Nacional, las leyes laborales vigentes y los convenios internacionales de la OIT.
Lejos de garantizar trabajo genuino, la Ley 90/10 funciona como un mecanismo de presión administrativa, trasladando al sector privado responsabilidades que el Estado no resolvió con políticas públicas serias. No genera capacitación real, no crea empleo sostenible y no promueve desarrollo productivo, pero sí genera conflictos legales, inseguridad jurídica y falsas expectativas en la población, utilizadas como parte de un relato electoral que hoy empieza a desmoronarse.
La pregunta vuelve a imponerse con más fuerza: ¿qué va a hacer el nuevo ministro de Trabajo frente a una ley que no incluye, no capacita y vulnera derechos constitucionales? ¿Va a revisar un esquema que ya muestra sus límites y contradicciones, o va a sostener la misma mentira que se utilizó para simular gestión mientras el desempleo crecía?
El panorama para Santa Cruz es cada día más desolador. A pesar de las cataratas de firmas, convenios, anuncios y fotos oficiales, la inclusión laboral no existe. Lo que sí existe es un Estado desordenado, una rotación permanente de funcionarios, promesas incumplidas y una sociedad que sigue esperando respuestas reales, trabajo genuino y políticas serias, no leyes declamativas ni relatos construidos para la tribuna.
Comparte esta noticia:
