Funcionarios ausentes y empresarios impunes: la crisis del puerto.

Complicidad, abandono y violaciones a la ley en el puerto: la realidad que los funcionarios no quieren ver

A medida que avanza la temporada, la precarización y el abandono del puerto se hacen cada vez más evidentes. La falta de control por parte de los funcionarios y organismos responsables no solo deja a los trabajadores a la deriva, sino que además permite la impunidad de las empresas, que incumplen con la normativa vigente en materia laboral y pesquera.

Uno de los principales responsables de esta situación es el Secretario de Estado de Trabajo Javier Aravena, cuya gestión al frente de los reclamos de los trabajadores ha sido ineficiente, desinteresada y funcional a los intereses empresariales. En lugar de garantizar condiciones dignas de trabajo, ha optado por dilatar las negociaciones paritarias, permitir la evasión de retroactivos y avalar con su inacción los abusos de las empresas. Su rol, lejos de estar alineado con la defensa de los derechos laborales, ha sido el de un operador que posterga soluciones, dejando a los trabajadores sin respuestas mientras la inflación y el costo de vida los asfixia.

Abandono, falta de control e infraestructura deficiente en los puertos

El estado del canal de acceso al puerto es una muestra clara del abandono y la desidia de las autoridades. La Capitanía de Puerto, a cargo de Walter Uribe UNEPOSC, es la responsable de su mantenimiento y operatividad, pero la falta de dragado y el deterioro del acceso ponen en riesgo la seguridad y el normal funcionamiento de la actividad pesquera. Este problema estructural, que debería ser una prioridad, es sistemáticamente ignorado, generando trabas operativas y pérdidas económicas para los trabajadores que dependen de una infraestructura eficiente.

A esta grave situación se suma la falta de infraestructura y controles en los puertos de San Julián y Caleta Paula, que siguen operando sin certificación de amarre, permitiendo el ingreso de embarcaciones sin garantías de seguridad. Además, desde hace tres años falta una boya de señalización en el ingreso al canal, un elemento fundamental para la navegación segura. Ni UNEPOSC ni Prefectura Naval Argentina han tomado medidas para corregir estas falencias, dejando en evidencia la falta de compromiso y control en la gestión portuaria.

Las empresas incumplen y el Estado lo permite

Las empresas tampoco están exentas de responsabilidad. No cumplen con la provisión de la indumentaria de trabajo obligatoria, exponiendo a los trabajadores a condiciones de inseguridad e insalubridad. La falta de la balanza oficial es otro ejemplo de cómo se viola la Ley Federal de Pesca. Sin una balanza en el muelle, se permite el robo sistemático de pescado a través de la manipulación de los pesajes, en una práctica ilegal que beneficia únicamente a los empresarios.

El Consejo Federal Pesquero establece que el pesaje debe realizarse a pie de muelle para evitar fraudes y garantizar transparencia en la distribución de los cupos de captura. Sin embargo, en la provincia, esta norma es ignorada deliberadamente. En lugar de cumplir con la legislación nacional, se siguen procedimientos que permiten el robo de pescado y la falsificación de los registros de carga. Se trata de una estafa encubierta con la complicidad de los organismos de control, que miran para otro lado mientras miles de kilos de pescado desaparecen.

La mentira del gobernador y la complicidad del Ministerio de Trabajo

El gobernador Vidal no puede alegar desconocimiento de esta situación. Él sabe lo que ocurre en el puerto, ha recibido los reclamos y ha prometido soluciones que nunca llegaron. Su actitud evasiva y su falta de acción solo confirman su indiferencia ante la realidad que enfrentan los trabajadores. No se trata de un problema de falta de información, sino de falta de voluntad política para intervenir y poner freno a los abusos de las empresas.

El Ministerio de Trabajo, lejos de garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional y del principio de “igual trabajo, igual remuneración”, actúa en connivencia con los empresarios. En lugar de aplicar la normativa que establece que, en ausencia de un convenio específico, debe regir la regulación más favorable al trabajador, el Ministerio permite que los empleados sean sometidos a condiciones laborales desfavorables. Esta omisión no es casual, sino una estrategia deliberada para beneficiar a la patronal en perjuicio de quienes sostienen con su esfuerzo la industria pesquera.

El colmo de esta situación es la práctica desleal del Ministerio de Trabajo, que no solo ignora los reclamos legítimos de los trabajadores, sino que además se colude con las empresas para postergar paritarias, legitimar incumplimientos y garantizar que el sector empresarial siga operando con total impunidad.

la Situación en el Puerto

El delegado Videla expone la crítica situación que enfrentan los trabajadores del puerto, marcada por la falta de actualizaciones salariales y el abandono de las autoridades. A solo un mes del cierre de temporada, las paritarias siguen sin resolverse, acumulando cinco meses de atraso. Esta demora es una estrategia recurrente de empresarios y funcionarios, quienes postergan intencionalmente las negociaciones para evitar pagar retroactivos.

El último ajuste fue un escaso 12%, sin controles ni cumplimiento de acuerdos. Los funcionarios, como Javier Aravena, solo aparecen esporádicamente y dilatan las decisiones, mientras el gobierno provincial y la Secretaría de Trabajo evitan intervenir. Cuando los trabajadores exigen equiparar sus jornales con los de otras localidades, reciben evasivas y desinterés.

Otro problema grave es la falta de una balanza oficial, reclamada hace tres años. Sin ella, las empresas manipulan los registros de pesaje, permitiendo el robo de miles de kilos de pescado. Mientras en Nación se exige control con balanzas, en la provincia este sistema es deliberadamente ignorado.

Además, se evidencia un trato desigual en la operación de los barcos, con armadores que pagan lo que corresponde en otras provincias, pero se aprovechan de la falta de regulación local. La situación económica de los trabajadores es insostenible: con costos elevados en transporte y viáticos, y sin aumentos salariales, la precariedad se agrava, Chubut a 75 Km. De Caleta Olivia Gana hasta un 100% más que nuestros Jornales.

Las promesas incumplidas del gobierno provincial, como la llegada de los poteros y el dragado del canal, profundizan la crisis. Actualmente, con menos barcos operativos que el año pasado, la economía de los trabajadores se encuentra al borde del colapso. Ante la falta de respuestas y soluciones concretas, se evalúan medidas de fuerza antes del cierre de temporada.

Desde A.G.O.M.U.

Lo que ocurre en el puerto no es una crisis espontánea, sino el resultado de una red de complicidades entre funcionarios, empresarios y organismos de control. Mientras los trabajadores ven deteriorarse sus condiciones de vida y labor, los responsables de garantizar sus derechos se dedican a proteger los intereses de quienes lucran a costa de la explotación y la ilegalidad.

Es hora de exigir respuestas concretas y acciones inmediatas. El puerto no puede seguir siendo tierra de nadie, donde las leyes se aplican solo cuando favorecen a las empresas y se ignoran cuando deberían proteger a los trabajadores.

Cardozo Manuel Ricardo Secretario General A.G.O.M.U

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