Puertos inseguros y vidas descartables: Santa Cruz entre el abandono y la impunidad

0

A un año de la muerte del estibador Diógenes Gutiérrez, los puertos de Santa Cruz siguen operando sin controles reales, sin certificaciones vigentes y con total desprotección para los trabajadores. Mientras el gobierno promete “Puertos Seguros”, la Prefectura omite sus funciones y las autoridades provinciales encubren un modelo portuario tan peligroso como impune.

Imag pue

A un año de la muerte del estibador Diógenes Gutiérrez, la situación en los puertos de Santa Cruz sigue igual o peor. Las promesas de “Puertos Seguros” sólo encubren inacción, omisiones y una cadena de responsabilidades que nadie asume.

Mientras desde la UNEPOSC (Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz) se difunden comunicados optimistas sobre nuevos proyectos logísticos y vínculos con el sector privado, la realidad de los obreros portuarios en lugares como Caleta Paula o Puerto San Julián es una sola: abandono, falta de controles y condiciones estructurales de riesgo que nunca se corrigieron.

El proyecto anunciado como “Puertos Seguros”, según el coordinador Walter Uribe, busca mejorar el control de acceso y la infraestructura portuaria. Pero lo cierto es que, a la fecha, no se ha implementado ninguna medida efectiva de seguridad laboral, ni se ha cumplido con las obligaciones que marca la normativa vigente.

Desde noviembre de 2024, tras el fallecimiento del estibador Diógenes Gutiérrez (ocurrido el 31 de julio de ese año), la Prefectura Naval Argentina viene prorrogando irregularmente los permisos de ingreso a trabajadores sin cumplir los requisitos formales exigidos. Se sigue operando en las mismas condiciones de inseguridad que costaron una vida hace un año.

La Ordenanza Nº 97/80 de la Prefectura Naval Argentina, de cumplimiento obligatorio en todo el país, establece con claridad:

– Control anual de registros portuarios.
– Eliminación de tarjetas vencidas y actualización de datos.
– Comunicación oficial de bajas a la Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos.
– Obligación de verificación documental rigurosa para ingresar a zonas operativas.

Y, sin embargo, nada de esto se cumple en los puertos de Santa Cruz. A modo de ejemplo, para obtener la Tarjeta Plástica de acceso (que hoy se otorga por prórroga verbal o informal), la normativa exige:

1. Certificados médicos actualizados.
2. Antecedentes penales con no más de 90 días.
3. Turnos ante oficina POLINA VE para confección de prontuario.
4. Documentación personal completa y vigente.
5. Fotografías, constancia de domicilio, CUIL y constancia de grupo sanguíneo.
6. Curso de PBIP, Protección de Buques Instalaciones Portuarias.

Hoy ninguno de estos requisitos se exige ni se controla. El ingreso a los puertos es, de hecho, informal, inestable y peligroso.

Según el Listado Oficial de Sitios Autorizados para Amarre (Agregado 1, Ord. 05/01 – DPSN) actualizado por la Prefectura Naval Argentina al 21 de febrero de 2025, ni el Puerto Caleta Paula (Caleta Olivia) ni el Puerto de Puerto San Julián figuran como puertos certificados ni habilitados para operaciones de amarre.

Esto implica que ambos puertos estarían operando al margen de la normativa nacional vigente en materia de seguridad portuaria y operativa, poniendo en riesgo la seguridad de trabajadores, tripulaciones, naves y cargas. La falta de dicha certificación invalida técnicamente la legalidad de las maniobras de ingreso, atraque y descarga que se realicen en esos sitios.

– Prefectura Naval Argentina – Delegación Caleta Olivia y Delegación San Julián.
– Gobierno de Santa Cruz – Autoridad Portuaria Provincial.
– Administraciones portuarias locales y operadores privados.

La ausencia de certificación de amarre en Caleta Paula y Puerto San Julián evidencia una grave negligencia institucional, tanto de la Prefectura Naval Argentina como del Gobierno de Santa Cruz, y de los propios operadores portuarios. Esta omisión viola el régimen federal de seguridad en la navegación, y deja al descubierto un modelo portuario provincial sin controles, sin planificación, y con total desprecio por la integridad física de los trabajadores y las normas nacionales.

Mientras el discurso oficial habla de “puertos seguros” o “reactivación pesquera”, la realidad muestra infraestructura abandonada, sin certificación, sin controles, y con graves riesgos operativos.

Desde la asunción del gobernador Claudio Vidal en diciembre de 2023, el descontrol en el ámbito portuario se profundizó, acompañado por renuncias, desplazamientos y silencios cómplices. Entre los responsables políticos y administrativos de este estado de cosas figuran:

– Julio Gutiérrez, exministro de Trabajo.
– Javier Aravena, actual Secretario de Estado de Trabajo.
– José Oscar Álvarez, ex coordinador general de UNEPOSC.
– Celsa Hernández, su reemplazante.
– Walter Uribe, actual jefe del puerto Caleta Paula y vocero de la UNEPOSC.
– Giselle Córdoba y Martín Adrián Rojas, prefectos con responsabilidad directa en los controles de acceso.

Todos ellos omitieron cumplir o hacer cumplir la Ordenanza N.º 97/80, permitiendo el ingreso irregular de Diógenes Gutiérrez y de decenas de trabajadores que aún hoy ingresan sin cobertura, sin chequeos médicos, y sin garantías mínimas de seguridad.

Frente a este escenario crítico, las recientes declaraciones sobre convertir a Punta Quilla en un gran puerto de cabotaje o fortalecer la logística interprovincial no pasan de ser pantallas políticas sin sustento. No hay anuncios de inversión real, no se habla de infraestructura básica pendiente, y no se contempla a los trabajadores portuarios en el diseño de políticas públicas.

Desde A.G.O.M.U. exigimos que el Gobierno Provincial y la Prefectura Naval asuman su responsabilidad institucional, cumplan con las ordenanzas vigentes, y garanticen condiciones laborales y de seguridad mínimas en todos los puertos de la provincia.

Comparte esta noticia:

Deja un comentario