(Caso Barillari) Maniobras políticas y perdón de deudas: el doble estándar del Gobierno de Santa Cruz
Jones abandonó la planta pesquera de Barillari con un portazo, dándole la espalda a los trabajadores al negarse a pagar el 30% de aumento que las cooperativas reclamaban, como lo hacían cada año. No le importó cortar el abastecimiento a la planta, afectando las ganancias y la calidad de vida de los trabajadores, con la intención de que, tarde o temprano, los operarios pidieran su regreso.
Maniobras políticas y perdón de deudas: el doble estándar del Gobierno de Santa Cruz
Es hora de dejar de mentir, señor Secretario de Pesca. Su designación es una incógnita; nadie sabe cuándo fue nombrado ni se conoce su asunción en la provincia de Santa Cruz. Lo que ocurrió fue una maniobra fraudulenta y corrupta en beneficio del señor Luis Jones, alias El Gringo.
Jones abandonó la planta pesquera de Barillari con un portazo, dándole la espalda a los trabajadores al negarse a pagar el 30% de aumento que las cooperativas reclamaban, como lo hacían cada año. No le importó cortar el abastecimiento a la planta, afectando las ganancias y la calidad de vida de los trabajadores, con la intención de que, tarde o temprano, los operarios pidieran su regreso.
Eso no ocurrió. Las cooperativas lograron su propio abastecimiento, y ahí comenzó la “opereta” del gobierno en alianza con Jones para recuperar la planta. Sin pruebas documentales, el gobierno difamó a las cooperativas, argumentando que no estaban habilitadas, cuando en realidad las que proponía para el traspaso ilegal y extorsivo de 400 operarios tampoco contaban con legitimidad. Un claro ejemplo fue la Cooperativa San Miguel, una entidad irregular promovida por el propio gobierno en medio de esta maniobra.
A pesar de los fracasos iniciales, el gobierno ordenó de urgencia el traspaso de los operarios de las Cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre a la Cooperativa Golfo Sur, controlada por la diputada municipal Patricia Urrutia. La urgencia del gobierno se debía a la inminente reapertura de la feria judicial, ya que las cooperativas afectadas habían presentado documentación para denunciar el atropello.
Mientras tanto, el Juez Contreras, en el marco de la maniobra oficialista, invalidaba los reclamos de los trabajadores, dilatando la resolución del caso. El miedo del gobierno radicaba en que el conflicto de Barillari llegara a la Justicia Federal, donde existe un contrapunto legal con la querella de la empresa Barillari S.A. contra el Gobierno de Santa Cruz. Esta causa está radicada en Mar del Plata, donde ya hubo un fallo de primera instancia favorable a Barillari.
A pesar de ello, el gobierno sigue utilizando la planta y acumulando más deuda, que, al final, deberá pagar el Estado en beneficio de El Gringo Jones. En su afán de asegurar la planta antes de la intervención judicial, el gobierno manipuló a los trabajadores, advirtiéndoles sobre las consecuencias de una posible intervención de la Justicia Federal:
- El Estado perdería la planta y no podría procesar las 20.000 toneladas de materia prima aseguradas para la provincia.
- Los trabajadores quedarían desempleados de un día para otro, y la planta quedaría inactiva e interdicta.
Ante esta incertidumbre y bajo la presión de multas millonarias impuestas por el propio gobierno, se generó una gran preocupación. La deuda de 1.200 millones de pesos que las cooperativas mantenían con el Estado era una carga imposible de sostener, y la única opción para los trabajadores parecía ser aceptar el traspaso.
El viernes, el gobierno aceleró las negociaciones ante la falta de tiempo para recuperar la planta. Como última jugada, y en un giro inesperado, el gobierno condonó la deuda de 1.200 millones de pesos que había impuesto administrativamente como método de presión. Solo entonces los trabajadores aceptaron el traspaso.
Esta maniobra contrasta con la dureza que el gobernador Claudio Vidal mostró al multar con $160 millones al Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) por incumplir una conciliación obligatoria y por obstruir la autoridad laboral.
El conflicto con el SUEPP se agravó con el bloqueo de la descarga y carga de contenedores en el buque Varamo, afectando la exportación de productos pesqueros. También hubo intentos de bloquear el ingreso de camiones con langostino a la planta de procesamiento de Vepez S.A..
Frente a estos hechos, el gobierno, legisladores y empresarios exigieron la intervención de la Justicia, calificando las medidas del SUEPP como extorsivas. Esta acción reflejó la postura de firmeza del gobernador ante los conflictos gremiales, siempre y cuando no afecten los intereses de sus aliados.
¿Quién protege realmente el gobierno?
Una vez más, Vepez S.A. aparece como el gran beneficiado. A pesar de los discursos oficiales sobre el impulso a la industria pesquera, la realidad es que la planta de Barillari terminó en manos de Vepez S.A., a través de una cooperativa digitada por el gobierno.
Jones, quien en su momento justificó su negativa a dar aumentos salariales alegando una guerra internacional que afectaba sus ganancias, regresa a la planta más fortalecido que nunca. Según fuentes extraoficiales, no habrá aumentos salariales, sino que, por el contrario, los trabajadores cobrarán un 25% menos que el año pasado.
Mientras tanto, el gobierno sigue operando en favor de sus aliados, perdonando deudas a algunos, castigando a otros, y usando la necesidad de los trabajadores para sostener una estructura de poder cada vez más evidente.
A.G.O.M.U
