Conflictos persistentes en la ex Barillari S.A.: La lucha de las cooperativas por internas DEL GOBIERNO en Caleta Olivia

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“Estamos luchando contra una maquinaria que busca deslegitimarnos y destruir lo que hemos construido durante años. Esta planta es el sustento de muchas familias, y no vamos a permitir que intereses privados o la negligencia del Estado la condenen al abandono”, expresó Carrizo.

Conflictos persistentes en la ex Barillari S.A.: La lucha de las cooperativas por internas DEL GOBIERNO en Caleta Olivia

La planta pesquera ex Barillari S.A., ubicada en Caleta Olivia, ha sido un foco de controversias desde su expropiación por parte del Gobierno en 2009. Desde entonces, las cooperativas 20 de Noviembre y El Dorado han trabajado incansablemente para mantenerla operativa, enfrentando múltiples desafíos que ponen en riesgo su labor y los derechos de los trabajadores.

Adriana Carrizo, presidenta de la Cooperativa 20 de Noviembre, expuso en una reciente entrevista la compleja situación que atraviesan. Según Carrizo, los problemas actuales se originaron cuando la empresa Vepez S.A., que gestionaba parte de las operaciones de la planta, rechazó un pedido de aumento salarial del 30% en octubre de 2024. La negativa derivó en un conflicto que escaló rápidamente: Vepez S.A. abandonó la planta, el Sr. Luis Jones se despidió de forma abrupta y presentó denuncias contra las cooperativas, iniciando así una serie de acciones legales y administrativas destinadas a dificultar su continuidad.

Carrizo detalló que, tras su retirada, Vepez S.A. reclamó maquinaria que asegura ser de su propiedad, pero que en realidad pertenece al Estado. Según la vocera, estos equipos habían sido entregados en el marco de la expropiación y están registrados como bienes del Estado en documentos oficiales. Además, denunció que Vepez S.A. dañó deliberadamente parte de la infraestructura de la planta, alterando equipos clave como tableros, bombas y sistemas de congelación, lo que ha reducido significativamente la capacidad productiva, pasando de congelar 40 toneladas diarias a un rango de entre 15 y 18 toneladas.

Otro aspecto preocupante es la serie de presiones ejercidas contra las cooperativas. Carrizo mencionó que las denuncias penales presentadas por Vepez S.A. han sido acompañadas por intimidaciones, como inspecciones reiteradas del sindicato STIA, bomberos y fuerzas de seguridad, las cuales describió como actos de hostigamiento. Estas acciones, sin fundamentos claros, buscan desestabilizar la operación de las cooperativas y generar un clima de incertidumbre entre los trabajadores.

A esta situación se suma una campaña mediática en su contra. Carrizo afirmó que algunos medios locales han difundido acusaciones infundadas, como el supuesto cobro de coimas por parte de los dirigentes de las cooperativas, tráfico de influencias e incluso vínculos con actividades ilícitas. Sin embargo, hasta la fecha, no se han presentado pruebas que respalden dichas acusaciones. Por el contrario, las cooperativas han intentado exponer su verdad, pero se encontraron con barreras económicas impuestas por ciertos medios que exigieron cifras exorbitantes para difundir sus declaraciones.

“Estamos luchando contra una maquinaria que busca deslegitimarnos y destruir lo que hemos construido durante años. Esta planta es el sustento de muchas familias, y no vamos a permitir que intereses privados o la negligencia del Estado la condenen al abandono”, expresó Carrizo.

La polémica historia de la planta pesquera ex Barillari: un entramado de irregularidades y falta de transparencia

La planta pesquera ex Barillari, ubicada en Caleta Olivia, continúa siendo un símbolo de la falta de transparencia y la gestión ineficiente de los recursos públicos en la provincia de Santa Cruz. A pesar de los múltiples pedidos de informe realizados por la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (AGOMU), incluyendo uno presentado el 5 de junio de 2024 ante la Comisión de Producción de Agropecuaria y Pesca de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Diputados Provinciales Muñoz Segundo Pedro, Aberastain Zubimendi Santiago, Santi Carlos Alcides, Boffi Mario Piero, Martínez Alfredo Fernando y al presidente del Concejo Deliberante Facundo Belarde, pese a la demanda las autoridades provinciales han evitado responder sobre el estado actual del proceso legal relacionado con la expropiación de esta planta y los bienes de la sociedad Antonio Barillari S.A.

En noviembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la provincia de Santa Cruz emitió un fallo a favor del Estado, transfiriendo oficialmente la propiedad de los bienes expropiados en 2009 bajo la Ley N° 3081. Sin embargo, a tres años de este veredicto, la tasación definitiva sigue pendiente, lo que podría derivar en un costo millonario para los santacruceños debido a la inflación acumulada en más de una década.

Un entramado de irregularidades en la gestión de la planta

El proceso de expropiación de la planta no solo ha estado marcado por demoras judiciales, sino también por denuncias de irregularidades en su operación. Aunque Antonio Barillari S.A. estaba en concurso preventivo de acreedores en el momento de la expropiación y actualmente se encuentra en proceso de quiebra, el Estado provincial permitió que VEPEZ S.A., vinculada al empresario Luis “Gringo” Jones, utilizara las instalaciones y los permisos de pesca durante más de 15 años sin asumir los costos correspondientes por el uso del inmueble ni por el desgaste de la maquinaria industrial.

Durante este tiempo, la planta llegó a generar entre 800 y 1.000 millones de pesos mensuales, según estimaciones. Sin embargo, no se han esclarecido los términos bajo los cuales se permitió esta explotación. A pesar de los ingresos significativos, no se ha documentado qué renta, si alguna, se pagó al Estado, ni quiénes figuraban como propietarios en los contratos de alquiler.

Un nuevo capítulo en la polémica: la intervención del Grupo Mirabella

El 18 de julio de 2024, la situación tomó un nuevo giro cuando el Grupo Mirabella anunció la adquisición de los activos de Barillari, incluyendo plantas de procesamiento, barcos y permisos de pesca. Según declaraciones de Carli Rocca, presidente del Grupo, estos activos incluían la planta ex Barillari en Caleta Olivia, aunque reconoció que estaba en negociación con el Gobierno provincial para definir si recibirían un pago por la misma o la titularidad de los bienes.

Rocca también confirmó que las instalaciones han sido explotadas por VEPEZ S.A., bajo la dirección de Luis Jones, quien acumuló una fortuna significativa durante este tiempo. La planta, actualmente ubicada en el centro de Caleta Olivia, se encuentra en una posición polémica debido al impacto ambiental que genera, particularmente en el uso de agua, un recurso crítico en la región.

Un llamado a la rendición de cuentas y la protección de los recursos públicos

La AGOMU expresa su profunda preocupación por la falta de claridad en la gestión de la planta ex Barillari y los daños colaterales generados por esta situación. La ciudadanía de Santa Cruz no solo enfrenta el costo de la indemnización por los bienes expropiados, sino también las consecuencias de una gestión opaca que beneficia a unos pocos en detrimento del interés colectivo.

En este contexto, exigimos al gobernador de Santa Cruz y a las autoridades pertinentes que presenten un informe detallado sobre el estado actual de la planta, incluyendo:

  • El monto exacto de la tasación pendiente y los términos de la indemnización.
  • Los contratos firmados con VEPEZ S.A. y cualquier otra empresa o cooperativa involucrada en la explotación de los bienes.
  • Los ingresos generados por la planta y su destino en el presupuesto provincial.
  • Medidas adoptadas para mitigar los daños ambientales provocados por la planta en su ubicación actual.

Es imperativo que los recursos públicos sean gestionados de manera transparente y que las decisiones gubernamentales prioricen el bienestar de la comunidad de Caleta Olivia. Esta situación no solo afecta a los trabajadores del sector pesquero, sino a toda la población que depende de un Estado eficiente y responsable.

La AGOMU reitera su compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores marítimos y en la exigencia de una rendición de cuentas clara y justa por parte de las autoridades.

https://www.tiemposur.com.ar/politica/el-grupo-mirabella-se-quedo-con-los-bienes-de-barillari

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