Graves Irregularidades en la Gestión y Expropiación de la Planta Barillari S.A.: Un Caso de Mala Administración Estatal
Graves Irregularidades en la Gestión y Expropiación de la Planta Barillari S.A.: Un Caso de Mala Administración Estatal
La gestión de la expropiada planta Barillari S.A., ubicada en Caleta Olivia, Santa Cruz, es un ejemplo emblemático de la falta de planificación y supervisión estatal. Expropiada en 2009, esta planta debía convertirse en una herramienta de beneficio social para la comunidad, pero terminó siendo un caso de irregularidades legales y operativas, marcadas por malas decisiones políticas y administrativas que aún repercuten negativamente.
El Origen del Problema: Una Expropiación Dudosa
La expropiación de la planta Barillari S.A. se justificó, en su momento, bajo el argumento de utilidad pública, tras la declaración de quiebra de la empresa y un concurso de acreedores que no llegó a resolverse. Sin embargo, el procedimiento no cumplió con los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que exige que las expropiaciones tengan un objetivo social claro y estén orientadas a beneficiar directamente a la comunidad.
La planta ya generaba empleo antes de la expropiación, por lo que destinarla al uso de cooperativas no representó un cambio significativo en su utilidad pública. Según el marco legal, una expropiación debe garantizar un propósito transformador y beneficioso para la sociedad, algo que en este caso nunca ocurrió.
Además, el proceso de expropiación estuvo cargado de irregularidades legales, facilitadas por alianzas políticas del entonces gobernador Daniel Peralta y el gobierno nacional que correspondía al Kirchnerismo. La falta de una planificación adecuada y de un modelo operativo sostenible dejó a la planta en manos de cooperativas que, como se ha demostrado, no cumplieron con las normativas vigentes.
Las Irregularidades de las Cooperativas
El funcionamiento de las cooperativas dentro de la planta Barillari S.A. violó disposiciones claras del Decreto Nº 2015/94, que prohíbe el uso de cooperativas como intermediarias laborales. Según las declaraciones del ministro de Producción, Gustavo Martínez, las cooperativas que operaban en la planta no cumplieron con los requisitos legales básicos, acumulando multas por casi 600 millones de pesos cada una debido a:
Empleo de personal no registrado.
Presentación de documentación laboral falsa.
Falta de aportes previsionales.
Incumplimiento de contratos laborales.
Martínez admitió que “las cooperativas no están cumpliendo con absolutamente nada” y que están siendo investigadas judicialmente por múltiples irregularidades. Esto incluye denuncias por uso indebido del usufructo otorgado y la falta de cumplimiento de normativas básicas exigidas en las resoluciones que les permitieron operar.
Lo que no admitió Martínez fue que Luis Jones era el propietario de la planta de Barillari y tenía el control total de la misma. Incluso en su página web de Vepez S.A., Jones mostraba la planta como propiedad suya, con su membrete pintado en ella. El ministro se negó a reconocer que Jones era el propietario, ya que hacerlo dejaría al descubierto que la planta era una empresa y que contrataba cooperativas como empleados, lo cual violaba el Decreto 2015/94. Este decreto prohíbe autorizar cooperativas de trabajo que, desde su concepción, estén diseñadas para que terceros se beneficien de la fuerza laboral de los socios, protegiendo así tanto a los trabajadores como al sistema cooperativo de posibles abusos.
En definitiva, la operación que están llevando a cabo tiene como objetivo recuperar la planta y reactivarla con nuevos actores, pero manteniendo el mismo camino ilícito, hasta que salga la segunda sentencia del juicio de Barillari S.A. En ese momento, deberán devolver la planta y, lógicamente, pagar un monto millonario por la mal expropiación realizada por la provincia. El objetivo es seguir incrementando esa cifra, cuando en realidad, tras el primer fallo judicial a favor de Barillari S.A., la planta ya debería estar interdicto.
La Gestión Actual: Declaraciones y Contradicciones
En sus recientes declaraciones, el ministro Martínez también reconoció que los empresarios involucrados en la operación de la planta no han aportado los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado. Mientras tanto, el gobierno provincial insiste en garantizar las fuentes laborales, pero lo hace en un contexto marcado por la falta de supervisión efectiva y el incumplimiento generalizado de las normativas laborales, ambientales y pesqueras.
La planta opera dentro del marco de la Ley Nacional de Pesca (Ley Nº 24.922), que exige una gestión sostenible de los recursos y el cumplimiento de estrictas normativas laborales y ambientales. Sin embargo, la falta de control y las irregularidades constantes han generado un modelo operativo que contradice los principios de sostenibilidad y formalidad exigidos por la ley.
Conclusión: Un Caso de Mala Administración Estatal
La historia de la planta Barillari S.A. evidencia un grave error de origen en su expropiación, que no cumplió con los principios constitucionales de utilidad pública y beneficio social. A esto se suma una gestión posterior caracterizada por irregularidades legales y la falta de planificación estatal.
El gobierno de Santa Cruz, bajo la administración del actual gobernador Claudio Vidal, debe asumir la responsabilidad de este fracaso y tomar medidas urgentes para corregir el rumbo. Es necesario garantizar que las operaciones futuras de la planta cumplan con las normativas nacionales y provinciales, asegurando un modelo de gestión que beneficie realmente a la comunidad de Caleta Olivia y respete el marco legal vigente.
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