Empresa estatal Santa Cruz S.A.U. Sin rotulación ni trazabilidad: el problema no es solo sanitario, es institucional
La ausencia de registros sanitarios y de trazabilidad en productos elaborados por una empresa estatal no solo pone en riesgo la salud pública, sino que debilita los mecanismos de control, afecta la credibilidad institucional y reabre una pregunta clave: ¿el Estado se exige a sí mismo lo mismo que exige a privados, cooperativas y pymes?
Decomisos, irregularidades y doble estándar: cuando el Estado no cumple lo que exige
El decomiso de productos pesqueros elaborados por la empresa estatal Santa Cruz S.A.U. en un comercio de Río Gallegos volvió a exponer una problemática que excede lo sanitario y abre interrogantes más profundos sobre el rol del Estado, sus controles y el ejemplo que debe dar a la sociedad.
La Municipalidad de Río Gallegos retiró de la venta mercadería producida por la firma provincial tras detectar graves irregularidades sanitarias, entre ellas la falta del Acta de Introducción de Mercadería, ausencia de registros obligatorios y deficiencias en la rotulación que impiden garantizar la trazabilidad de los alimentos. La infracción fue calificada como gravísima y derivó en el decomiso total de los productos.
Hasta aquí, los hechos. Sin embargo, el caso plantea una pregunta incómoda pero necesaria:
¿El Estado provincial se exige a sí mismo lo mismo que exige a privados, cooperativas y pymes?
Lo que se exige al sector privado
En la actividad pesquera y alimentaria, las reglas son claras y no admiten excepciones.
A cualquier pyme, cooperativa o emprendimiento privado se le exige:
- Registro Nacional de Establecimientos (RNE)
- Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA)
- Rotulación completa, clara e indeleble
- Trazabilidad total del producto, desde la materia prima hasta el punto de venta
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos tiene consecuencias inmediatas:
- Clausura del establecimiento
- Multas económicas
- Decomiso de mercadería
- Pérdida de habilitaciones
No hay discursos ni inauguraciones que atenúen estas sanciones. El control es estricto, como debe ser cuando está en juego la salud pública.
Cuando el incumplimiento es estatal
En este caso, los productos decomisados fueron elaborados por una empresa estatal provincial, presentada públicamente como un proyecto estratégico, inaugurado de manera rimbombante y con una fuerte carga discursiva sobre el “rol del Estado productor”.
Sin embargo, los productos inspeccionados:
- Carecían de RNPA y RNE en su rotulación
- No contaban con registros provinciales visibles
- Presentaban fechas y números de lote colocados de forma manual
- No garantizaban la trazabilidad exigida por el Código Alimentario Argentino
Aquí el problema ya no es solo sanitario.
Es institucional.
Es de credibilidad del control público.
Es de coherencia entre el discurso y la práctica.
Sin trazabilidad no hay control real
La falta de rotulación y de registros de partidas no solo impide garantizar la inocuidad del alimento, sino que rompe la cadena de control productivo y comercial.
En la industria pesquera existen ecuaciones técnicas claras. Por ejemplo, un cajón de merluza entera de aproximadamente 35 kilos rinde en promedio un 40 % de filete, es decir, unos 14 kilos de producto elaborado. Esa relación es la base de los controles productivos, sanitarios y también fiscales.
La pregunta es inevitable:
¿Cómo se controla cuánto procesa una planta si no hay partidas identificadas, lotes ni rotulación reglamentaria?
¿Cómo se declara cuántas toneladas se venden cuando el producto sale fraccionado por una boca de expendio propia sin trazabilidad verificable?
Sin registros claros:
- No se puede reconstruir el recorrido del producto
- No se pueden auditar volúmenes reales de producción
- No se puede contrastar producción, stock y ventas
- No se puede ejercer un control serio y transparente
El ejemplo que el Estado debe dar
Cuando el Estado produce alimentos, el estándar no debería ser más bajo, sino más alto. No solo por una cuestión legal, sino por una cuestión ética, institucional y de responsabilidad pública.
El Estado es:
- Autor de las normas
- Órgano de control
- Y, en este caso, también productor
Si el propio Estado incumple las reglas que impone, el mensaje es claro y peligroso:
las normas son flexibles según quién las viole.
Eso debilita la confianza pública, deslegitima los controles y perjudica a quienes sí cumplen, invierten y sostienen su actividad bajo reglas estrictas.
Una señal de alerta que no debe minimizarse
El decomiso dispuesto por el Municipio fue correcto y necesario. Pero el fondo del problema sigue abierto. No alcanza con retirar productos del mercado si no se revisan los mecanismos de control interno, las responsabilidades administrativas y el doble estándar que queda expuesto cuando el incumplimiento proviene del propio Estado.
La rotulación observada, con fechas y número de lote colocados mediante etiquetas manuales, no garantiza la trazabilidad exigida por el Código Alimentario Argentino, debilita los controles sanitarios y productivos y expone un problema más profundo: la falta de mecanismos objetivos de control en una empresa estatal que debería dar el ejemplo.
La pregunta sigue vigente y merece una respuesta concreta, no discursiva:
¿El Estado provincial se exige a sí mismo lo mismo que exige a privados, cooperativas y pymes, o las reglas solo rigen para algunos?
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