Empresarios suspenden zarpadas y acusan sin pruebas mientras buscan romper el CCT ¿Quién maneja la Justicia Argentina?
Las cámaras pesqueras acusan públicamente a los marineros y al SOMU, sin pruebas ni proceso judicial, de supuestas amenazas, mientras continúan impulsando contratos individuales ilegales y un recorte del 30% en los salarios. ¿Quién amenaza a quién?
❝El poder económico que se victimiza para encubrir el intento de destruir el convenio colectivo vigente❞
La suspensión de las zarpadas de los buques tangoneros congeladores fue anunciada por CAPECA, CAPIP y CEPA como un acto “de profunda tristeza”, en defensa de “la familia” y la “libertad de trabajo”. Sin embargo, detrás del discurso emocional y victimista se esconde una operación mucho más grave: la violación abierta y sistemática del Convenio Colectivo de Trabajo 356/03, mediante contratos individuales ilegales, avalados por escribanos e incluso convalidaciones del Ministerio de Trabajo.
Según la nota difundida por medios afines a las cámaras, las empresas aseguran que sus trabajadores han sido objeto de “amenazas”, “intimidaciones” y “agresiones físicas”. Pero hasta el momento no hay una denuncia formal ni pública, ni intervención clara del Ministerio de Trabajo ni fallo judicial que lo confirme. En cambio, sí hay pruebas de que se intentó forzar a marineros a firmar renuncias a derechos adquiridos, lo que en cualquier marco legal sería considerado fraude laboral.
El comunicado, reproducido sin cuestionamientos en los medios, lanza preguntas retóricas como: “¿Por qué un sindicato mantiene de rehén a tanta gente?”. Pero nadie se pregunta:
🔹 ¿Por qué una empresa intenta romper un convenio vigente con arreglos individuales?
🔹 ¿Por qué las cámaras denuncian violencia mientras ejercen presión económica y extorsión contractual sobre los tripulantes?
🔹 ¿Por qué se apela al miedo familiar cuando se busca imponer una baja del 30% de los salarios?
El marco legal que los empresarios omiten (o violan)
Toda esta operación empresarial debe ser analizada en el contexto del CCT 356/03, la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) y convenios internacionales como el Convenio 154 de la OIT.
- El convenio colectivo no puede ser modificado unilateralmente ni mediante acuerdos individuales.
- Los derechos laborales son irrenunciables (art. 12, Ley 20.744).
- La representación de los trabajadores es exclusiva del sindicato (Ley 23.551).
- Cualquier intento de imponer condiciones por fuera del CCT es nulo de pleno derecho (arts. 52° y 53° del CCT 356/03).
- Los empresarios que ofrecen condiciones laborales bajo presión o amenazas económicas están cometiendo fraude contractual.
¿Quién amenaza a quién?
Es fundamental plantear esta pregunta con honestidad. Porque mientras los empresarios denuncian “aprietes”, son ellos quienes intentaron hacer firmar renuncias de derechos con una escribana en Puerto Madryn, a espaldas del sindicato. Son ellos quienes imponen una rebaja salarial del 22% al 30%, bajo el eufemismo de “libre acuerdo”. Y son ellos quienes ahora reproducen acusaciones penales por redes sociales y medios sin intervención judicial.
Eso no es defensa: es manipulación. No es justicia: es persecución.
El Estado cómplice y ausente
Lo más grave es que todo esto ocurre con la complicidad, el silencio o la falta de intervención del Estado nacional y provincial, que debieran garantizar la legalidad del proceso, evitar despidos encubiertos, y proteger el derecho a la libre organización sindical.
El Ministerio de Trabajo, que debería actuar de árbitro, ha intentado avalar en algunos casos los contratos individuales, en franca violación del sistema de negociación colectiva. Y en otros, directamente ha sido neutralizado por el poder empresarial. Esto genera un precedente peligrosísimo: que un grupo económico con poder mediático pueda imponer condiciones salariales al margen de la ley, usando como excusa una supuesta amenaza no probada.
Cuando el presidente de la Nación habla de “ratas miserables” y de una “casta política meramente rentada”, aunque seamos un sector apolítico, debemos decir que en este punto le damos toda la razón.
Este conflicto lleva demasiado tiempo, y en su transcurso han salido a la luz los rostros de corruptos funcionales y de capitalistas extranjeros que no sólo manipulan la precariedad laboral, sino que también condicionan a la Justicia argentina con total impunidad.
Saben que hoy los marineros carecen de recursos para iniciar demandas, y que, si acaso logran hacerlo, esas acusaciones terminan encajonadas en la nave del olvido. En este país, por la plata baila el mono, y quienes manejan las instituciones nacionales dan vergüenza ajena por el nivel de sumisión con el que actúan.
Ni siquiera el Ministerio de Trabajo, hasta el día de hoy, ha emitido la esperada y necesaria declaración de Crisis Pesquera.
El secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, por su inoperancia y ausencia como funcionario público, debería presentar su renuncia, al igual que Julio Cordero, actual Ministro de Trabajo de la Nación, quien jamás tuvo intervención directa con los trabajadores del sector pesquero.
Nadie comprende cuál es el rol de estas autoridades, ni por qué siguen en funciones cuando son incapaces de mediar en una de las actividades que más divisas genera en el país.
Hoy, los trabajadores del mar somos rehenes de intereses extranjeros en nuestro propio territorio.
Y si miramos con atención, la justicia laboral argentina parece responder más a España que a la Constitución Nacional.
⚓ No nos vamos a arrodillar.
Desde la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos lo decimos con claridad:
No vamos a permitir que se manipule a la opinión pública con falsas denuncias para justificar la destrucción del convenio colectivo.
No vamos a permitir que se acuse a los trabajadores mientras se encubre una maniobra patronal ilegal.
Y no vamos a aceptar que el Estado mire para otro lado mientras se pretende arrasar con la dignidad del marinero argentino.
