La pesca, los medios y la justicia: el poder absoluto del Gallego de Conarpesa.

Cuando el poder acusa, la verdad responde, los marineros no olvidan el historial de impunidad de Álvarez Castellano, no nos van arrodillar.

Desde la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (AGOMU) queremos responder con total firmeza y claridad al relato que, una vez más, pretende instalar el empresario Fernando Álvarez Castellano a través de medios que contrata como Mar & Pesca. Su reciente declaración, acusando al SOMU de intimidaciones y a los marineros de violencia, no solo carece de pruebas judiciales o denuncias formales, sino que representa un intento más de desviar la atención sobre la verdadera ilegalidad: la firma de contratos individuales fuera del CCT 356/03 para imponer un ajuste salarial del 30%.

Álvarez Castellano intenta construir una imagen de víctima. Pero los marineros no tienen la culpa de que no haya podido romper la organización sindical. Los trabajadores no son delincuentes por defender su convenio.

Y ya que el empresario nos habla de “héroes” e “intolerancia”, es necesario recordar quién es él. Porque cuando se acusa, también se debe responder con memoria.

No fueron los marineros…

• …quienes estuvieron involucrados en la muerte de Raúl “Cacho” Espinosa, el ex vicepresidente de Conarpesa, asesinado en 2003 frente a su esposa embarazada, en un crimen que aún permanece impune y que tuvo múltiples vínculos políticos, judiciales y empresariales con la pesquera de origen español.
• …quienes estuvieron prófugos de la justicia, hasta que la “generosidad” financiera del empresario hacia el poder político de turno, particularmente el kirchnerismo en la provincia de Chubut, resolvió convenientemente sus causas judiciales.
• …quienes financiaron campañas políticas ni obtuvieron licencias de pesca por favores personales. El marinero se embarca. El empresario negocia en las sombras.
• …quienes permitieron embarcar polizones, ni quienes fueron responsables por los hechos que derivaron en la muerte de los compañeros Vitales y Araya, durante el hundimiento del buque pesquero Carlos Álvarez.
• …quienes mantuvieron un barco como el B/P Siconara en condiciones precarias, donde un trabajador murió tras romperse una cinta de freno. Mientras los buques hacían apenas 24 horas de puerto, los obreros sufrían por falta de mantenimiento y condiciones de seguridad.
• …quienes silencian estos hechos en los medios. Los mismos medios que Álvarez alquila para difundir sus conjeturas jamás recuerdan estas muertes ni estas omisiones. ¿Quién es el que debe dar explicaciones?

El empresario que habla de “libertad” y “paz social”:

Álvarez Castellano habla de paz, pero no convoca al diálogo. Pretende imponer, con el aval de algunos sectores del Ministerio de Trabajo, contratos individuales firmados bajo presión. Pero el CCT 356/03 está vigente. Y el artículo 12º lo dice con claridad: los convenios solo pueden modificarse por acuerdo entre las partes debidamente representadas. Todo intento unilateral es nulo de nulidad absoluta.

El artículo 9º del mismo convenio garantiza condiciones uniformes para toda la flota. No puede haber un “convenio para algunos” y otro para el resto. Mucho menos si se intenta reducir el salario a la baja por la fuerza.

El poder económico no puede ser juez ni fiscal

Que una cámara empresarial, como CAPECA, CAPIP o CEPA, publique comunicados que acusan públicamente a los trabajadores, sin denuncias judiciales, es grave. Pero más grave aún es que se los quiera condenar sin investigación ni debido proceso, como si fueran ellos los dueños de la justicia, además de la pesca y los medios que se prestan para la desinformación con un tono de escándalos de marquesinas.

La Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, el Decreto 1135/2004 y la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 resguardan el derecho colectivo a organizarse, negociar y rechazar lo que consideren perjudicial a sus intereses. También lo hace el Convenio 154 de la OIT, ratificado por Argentina.

La verdadera violencia

La verdadera violencia es intentar reducir un 30% el salario de quienes arriesgan su vida a bordo. Es sacar comunicados acusando sin pruebas. Es querer imponer acuerdos en el muelle con escribanas que hacen firmar “renuncias de derechos” como si fueran planillas de embarque. Eso es ilegal. Eso es impunidad.

Desde AGOMU decimos:
Los marineros no son delincuentes. Son trabajadores. Y como tales, luchan, resisten y no se venden.

Álvarez Castellano podrá tener poder, medios y cómplices. Pero no tiene verdad. Y con eso, nunca va a poder arrodillar a los marineros.

Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (A.G.O.M.U.)