Santa Cruz y la crisis pesquera: Funcionarios sin legitimidad, puertos sin control y un modelo que naufraga

Funcionarios ilegítimos, cupos polémicos y muerte obrera: el balance de la pesca santacruceña

Por Ricardo Manuel Cardozo – A.G.O.M.U.

La provincia de Santa Cruz arrastra una larga secuencia de decisiones erráticas, improvisadas y, en muchos casos, ilegales en la conducción de la política pesquera. Bajo la gestión del gobernador Claudio Vidal, se han creado cargos sin sustento legal, se han firmado acuerdos sin legitimidad institucional y se ha delegado la representación provincial en el Consejo Federal Pesquero (CFP) a funcionarios sin formación técnica ni respaldo normativo. Todo esto ocurre mientras se multiplican las denuncias por precarización laboral, abandono ambiental y corrupción en los puertos provinciales.

Emergencia de papel, gestión obsoleta

La actual secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Selsa Hernández, intentó destacar recientemente el rol “activo” del gobierno provincial en defensa de la industria pesquera. Según sus palabras, el gobernador Claudio Vidal fue “el primero en ponerse al frente de las problemáticas del sector”. Sin embargo, lo cierto es que el gobernador apareció recién en las últimas semanas de un conflicto que ya llevaba casi 90 días. Su presencia fue tardía y limitada a una estrategia política fallida: la presentación de un proyecto de ley de emergencia pesquera nacional junto al diputado José Luis Garrido, iniciativa que no prosperó y terminó archivada.

Nueve meses sin secretario de Pesca

Desde el inicio del mandato de Vidal, el área pesquera fue un verdadero hervidero. El secretario de Pesca, Harold Barck, fue separado oficialmente de su cargo el 12 de agosto de 2024 tras protagonizar escándalos en estado de ebriedad a bordo de vehículos oficiales. Su última participación en el CFP fue el 27 de junio de 2024. A partir de allí, la representación de Santa Cruz quedó en manos del Ing. Ricardo Ancell Paterson, hasta el 5 de septiembre. Luego, el gobierno optó por una medida aún más polémica: el ministro de Producción, Gustavo Martínez, asumió informalmente el control del área sin ser designado formalmente por decreto.

Martínez actuó como consejero titular en el CFP durante nueve meses, hasta el 24 de abril de 2025, sin tener un solo decreto publicado en el Boletín Oficial que lo legitimara como reemplazo del secretario de Pesca. Según la Ley Federal de Pesca N° 24.922, la representación de las provincias en el CFP debe recaer en funcionarios con competencia técnica y legal. Sin designación oficial, todo lo actuado por Martínez puede ser impugnado jurídicamente. Y si se prueba que los pedidos de cupo beneficiaron a empresas sin criterios técnicos ni consulta al sector, podrían derivar en responsabilidades penales.

Cargos creados a medida, sin ley ni presupuesto

Otra maniobra institucionalmente cuestionable fue la creación de cargos como el de “Secretario de Estado de Pesca” o “Secretario de Estado de Trabajo”, que exceden las competencias normales del Poder Ejecutivo sin contar con leyes provinciales habilitantes ni partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura.

El uso del título de “Secretario de Estado” no puede ser discrecional. Debe responder a un marco jurídico claro y contar con funciones concretas y control administrativo. Sin esos elementos, se configura una usurpación de funciones públicas. Lo mismo ocurre con figuras como el “Diputado por Municipio”, una invención política que carece de sustento normativo. La duplicación de estructuras y la superposición de cargos no sólo enturbian la gestión pública: impiden el control y habilitan la discrecionalidad más peligrosa.

La polémica trayectoria de Selsa Hernández

La actual secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Selsa Hernández, fue designada el 1º de abril de 2025. Antes, ocupó el cargo de Coordinadora de Puertos de UNEPOSC. Durante su gestión ocurrieron dos incidentes graves: el encallamiento de un buque Tangoneros de la empresa Argenova y del potero XIN SHI JI 30, ambos en la entrada de la Ría de Puerto Deseado. En ambos casos, los operativos de rescate fueron improvisados, realizados por embarcaciones privadas sin coordinación oficial. Su paso por UNEPOSC dejó un saldo de caos operativo, falta de controles, y omisión en tareas de fiscalización fundamentales, como el registro y habilitación del personal portuario.

Esta última omisión derivó en tragedia. La muerte del estibador Diógenes Gutiérrez en Caleta Paula puso en evidencia la inexistencia de controles efectivos en los ingresos a puerto, en abierta violación de la Ordenanza N° 97/80 (DJPM), que regula el registro y acreditación del personal portuario. Recién en noviembre de 2024 cuatro meses después del fallecimiento, comenzaron a actualizarse las tarjetas identificatorias. Aún hoy, muchos estibadores siguen trabajando con permisos provisorios.

La Ordenanza dice: anualmente del 1º al 31 de enero, las Dependencias Jurisdiccionales, elevarán a la Sección Empresas y Personal Portuario de la Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos, las bajas del Personal de Gremios Portuarios, debiendo los destinos destruir las Tarjetas Identificatoria oportunamente otorgadas, de lo que deberá quedar constancia en el respectivo expediente. Este Control nunca se llevó a cabo

El responsable del puerto en ese momento era Walter Uribe, quien curiosamente fue ascendido al mismo cargo que antes ocupaba Hernández Coordinador de puertos UNEPOSC. El encubrimiento institucional fue total, de parte de los funcionarios hoy actualmente Selsa Hernandez tiene el pedido de renuncia a su cargo, por gremios de Puerto Deseado por la inacción del conflicto pesquero de la Flota Congeladora, que tiene parado cerca de 23 embarcaciones tangoneras en el puerto local.

Fraude pesquero y colapso ambiental

Durante 2024, bajo la conducción interina de Gustavo Martínez, Santa Cruz obtuvo un cupo histórico de 20 mil toneladas de merluza Hubbsi. Según datos oficiales del Puerto Caleta Paula, se desembarcaron 38.991,7 toneladas de merluza y 1.634,2 de langostino. En total: más de 1,2 millones de cajones. Sin embargo, menos del 30% fue procesado en plantas locales. El resto se vendió entero, sin valor agregado, y se otorgó trazabilidad falsa a otras provincias.

Peor aún: la provincia no cuenta con planta de tratamiento de efluentes hace más de dos décadas. Las plantas pesqueras de Puerto Deseado y Caleta Olivia funcionan con un precario saneamiento de los residuos de desperdicios pesquero gran parte es derivado a la provincia del Chubut, las plantas de Caleta Olivia sin sistemas de ósmosis inversa ni control sobre residuos. El agua que se utiliza proviene del ramal municipal, generando conflictos por la provisión de agua potable a la población.

En este contexto, resulta insólito que Santa Cruz exija a Nación un “resarcimiento” por la supuesta migración del langostino hacia aguas nacionales. ¿Con qué legitimidad lo pide una provincia que tuvo acéfala su Secretaría de Pesca durante nueve meses y que explota un modelo extractivo sin control ambiental ni transparencia administrativa?

Un modelo que explota al trabajador

Mientras se beneficia a empresas con cupos millonarios, los trabajadores de Caleta Paula sufren condiciones laborales indignas. Los estibadores cobran hasta un 60% menos que sus pares en Comodoro Rivadavia, y no cuentan con balanza a pie de muelle, instrumento esencial para garantizar transparencia en la descarga. Las denuncias sobre pérdida de pescado fueron sistemáticamente desoídas por las autoridades del CFP, pese a haber sido comunicadas formalmente.

La provincia es la más viciada y con puertos que inclusive no cuentan con la “Certificación de Amarre” como Caleta Paula y Puerto San Julián, porque no cumplen con las exigencias que exige Prefectura Naval Argentina, que es la autoridad marítima del país. Además, la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de Transporte también tiene competencia en la materia.

Hoy, el único barco estatal de Santa Cruz, el “Liliana”, ópera de forma irregular y sin condiciones de seguridad. Las promesas de pesca solidaria quedaron en el pasado. La embarcación está amarrada con fallas mecánicas de la rotura del motor principal, y fue reemplazada por otro buque que destina su carga directamente a una planta privada. La empresa estatal “Santa Cruz Puede S.A.U.” terminó siendo un símbolo más del abandono gubernamental, lejos de ser una política pesquera seria.

Un cierre que exige responsabilidades

Santa Cruz vive una crisis estructural en su modelo pesquero, no sólo por la falta de políticas sustentables, sino por la desidia institucional con la que se administra un recurso estratégico. La creación arbitraria de cargos, la ausencia de funcionarios idóneos, el colapso ambiental, la precarización laboral y el desvío de cupos configuran un escenario de gravedad.

No es la Nación quien debe resarcir a Santa Cruz. Es Santa Cruz la que debe rendir cuentas: por cada trabajador precarizado, por cada tonelada no declarada, por cada acto administrativo sin respaldo legal.

La pesca, en Santa Cruz, no sólo es saqueada por afuera. También es saboteada desde adentro.

Comparte esta noticia: