Conflicto sin salida: propuestas sindicales poco claras, balances truchos y extorsión empresarial.
Mientras el SOMU ofrece concesiones opacas y sin garantías, Fernando Álvarez Castellano endurece su postura usando un balance no auditado como herramienta de presión. En medio del conflicto, ni la legalidad ni la voz de los trabajadores encuentran espacio.
Crisis en la flota congeladora: propuestas sindicales sin claridad y balances sin control
Publicación Oficial – Santa Cruz
Por Ricardo Manuel Cardozo
En medio de una de las crisis más prolongadas del sector pesquero congelador, el enfrentamiento entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el empresario Fernando Álvarez Castellano, titular de CONARPESA, profundiza un conflicto sin resolución a la vista.
Mientras el SOMU intenta mostrar voluntad negociadora con una propuesta que suspende aportes sindicales, Álvarez Castellano responde con un monólogo público que ratifica su postura: no sacará sus barcos a pescar, aunque le ofrezcan todo lo que pide, hasta tanto no se acepten sus condiciones. Una tensión que ya lleva más de 100 días, y donde lo único que avanza es el desgaste de los trabajadores y la paralización del sector.
📉 El “balance” como herramienta de presión
El empresario español presentó un balance contable no auditado, sin intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación ni control de organismos como AFIP o Aduana. En él declara pérdidas por más de 15 millones de dólares en 2024, lo que utiliza como excusa para paralizar la actividad de su flota y exigir una reducción salarial para la tripulación.
Desde AGOMU advertimos que ninguna empresa puede declararse en crisis por cuenta propia. Según la Ley 24.013 de Empleo, el Decreto 1135/2004 y la Ley de Contrato de Trabajo, es el Estado quien debe auditar los balances, verificar las exportaciones (precio FOD, especies, toneladas) y autorizar medidas de excepción. Sin control estatal, no hay legalidad, y sin legalidad, hay extorsión.
La propuesta del SOMU: ¿negociación o concesión confusa?
En redes sociales, el SOMU anunció que “no firmará una baja salarial”, pero al mismo tiempo presentó una propuesta que incluye la suspensión de aportes sindicales tales como:
- Cuota sindical
- Aportes por acción social
- Aportes por capacitación
- Aportes a la mutual sindical
Sin embargo, la propuesta está cargada de zonas grises que merecen respuestas urgentes:
- ¿A qué flota aplica esta medida? ¿Solo a los 113 buques tangoneros congeladores o a toda la flota nacional? Si es solo para una parte, ¿no es eso una discriminación hacia los trabajadores de merluza, calamar, centolla, fresqueros y factorías?
- ¿Incluye el “Aporte Solidario”? Este aporte, que se descuenta incluso a no afiliados, ha sido denunciado por su carácter compulsivo y opaco. ¿También se suspende?
- ¿Por cuánto tiempo se suspenden los aportes? No hay claridad ni plazos. ¿Será por la temporada? ¿Por todo el año? ¿Indefinido?
- ¿Qué pasa con los trabajadores no efectivos y estacionales? En muchos casos son quienes sostienen la producción, pero no están afiliados. ¿Se les sigue descontando? ¿Cómo se garantiza su inclusión en la medida?
- ¿Qué sucede si no hay arreglo tras estos 100 días de conflicto? ¿Se profundiza la paralización? ¿Se judicializa el tema? ¿Quién se hace cargo del daño social y productivo?
El monólogo de Álvarez Castellano: entre victimismo y amenazas veladas
En una reciente entrevista radial (24/6), el empresario español lanzó una catarata de críticas al SOMU, descalificando a sus dirigentes, minimizando los reclamos obreros y comparando el desarraigo marino con su vida como empresario. En su relato, la violencia solo proviene del otro, y él se presenta como un benefactor incomprendido.
Sin embargo, la verdadera amenaza está en su mensaje implícito:
“Si no aceptan la baja salarial, no saco los barcos, aunque se hunda todo”.
Una frase que sintetiza una estrategia empresarial de presión por fuera de cualquier negociación colectiva real. Además, niega ser el iniciador del conflicto, pero actúa como quien lo sostiene y lo profundiza. Elige no operar, no pagar y generar parálisis como herramienta de desgaste.
⚖️ ¿Crisis real o excusa para flexibilizar?
Desde AGOMU Santa Cruz sostenemos que este conflicto no puede resolverse entre acuerdos informales y discursos unilaterales. El camino es claro:
- Auditoría oficial de los balances empresariales.
- Participación efectiva del Estado nacional.
- Negociación paritaria seria y transparente.
- Consulta democrática a las bases sindicales.
- Cumplimiento estricto de los convenios colectivos vigentes (356/03).
Ni el relato victimista de la patronal ni las concesiones sin transparencia sindical pueden resolver una crisis que es estructural y que pone en jaque al conjunto del sistema pesquero nacional.
🚨 Sin control estatal y sin protagonismo obrero, no hay salida
El conflicto pesquero ha puesto en evidencia los límites del modelo actual. Por un lado, empresarios que declaran crisis sin someterse a la ley. Por el otro, gremios que ceden sin consultar a sus afiliados y proponen medidas difusas.
El único camino posible pasa por recuperar la centralidad de los trabajadores, garantizar la intervención del Estado y respetar el marco legal vigente. Solo así podrá reconstruirse una actividad pesquera sustentable, con derechos, producción y equidad.
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