Empresa del estado “Santa Cruz Puede SAU”: Un Inicio en la Ilegalidad y la Falta de Control

0

Claramente, esta empresa del gobierno se ha alineado con las prácticas corruptas del sector en lugar de combatirlas. No solo comenzó con un discurso de caridad, sino que además nunca se aclararon los beneficios para los marineros a bordo antes de zarpar. Hasta la fecha, la empresa no ha firmado ningún acuerdo con el sindicato S.O.M.U., que históricamente ha estado ausente en la defensa de los derechos de los marineros de esta flota.

Imag Flot

La empresa estatal Santa Cruz Puede SAU (Sociedad Anónima Unificada) parece haber comenzado con el pie izquierdo, siguiendo el mismo camino de ilegalidad que por años ha caracterizado a la Flota Amarilla. Desde la creación del Puerto Caleta Paula, este sector nunca ha contado con un Convenio Colectivo de Trabajo, a pesar de los reiterados reclamos que jamás fueron atendidos. Esta nueva empresa estatal parece desconocer la histórica explotación de la flota, la precarización de los estibadores en la Banquina Chica y la falta de controles que afectan la seguridad de los barcos. Tampoco se han realizado inversiones, lo que perpetúa el robo al marinero a través de la ausencia de control en el pesaje a pie de muelle y el progresivo deterioro del sector.

Claramente, esta empresa del gobierno se ha alineado con las prácticas corruptas del sector en lugar de combatirlas. No solo comenzó con un discurso de caridad, sino que además nunca se aclararon los beneficios para los marineros a bordo antes de zarpar. Hasta la fecha, la empresa no ha firmado ningún acuerdo con el sindicato S.O.M.U., que históricamente ha estado ausente en la defensa de los derechos de los marineros de esta flota.

Desde el inicio de la actividad pesquera de la Flota Amarilla, jamás existió una cámara empresarial que representara a las embarcaciones y permitiera establecer un convenio laboral beneficioso para los trabajadores. En su lugar, se han aplicado acuerdos improvisados mediante actas de convenio o pagos discrecionales que, en la mayoría de los casos, han sido miserables para el trabajador. Una parte de los salarios se transparenta, mientras que la mayor parte de la producción se paga en negro, afectando gravemente los aportes jubilatorios de los marineros. Hoy, los pocos marineros que lograron jubilarse reciben una pensión mínima debido a la falta de control del gremio y la inacción del Estado.

Los actuales proyectos empresariales del Estado, lejos de dar el ejemplo, se suman a la corrupción y a las prácticas ilegales que caracterizan a esta flota. Son una vergüenza. Ante estas irregularidades, hacemos un llamado de atención al Consejo Federal Pesquero, denunciando públicamente que la empresa Santa Cruz Puede SAU, operando con el buque pesquero Liliana (Matrícula 0206F), no cumple con el pesaje a pie de muelle, no tiene acuerdos con el sector de marinería y está violando regulaciones con el uso indebido de cajones de langostino para acumular merluza.

De acuerdo con la Resolución N° 9/2022, Artículo 8°, los buques fresqueros que capturen langostino (Pleoticus muelleri) deben utilizar cajones con capacidad de hasta 17 kilogramos, cuyas dimensiones deben ser 655 mm de profundidad, 440 mm de ancho y 175 mm de alto. En cambio, para la captura de merluza, los cajones convencionales deben tener una altura de 210 mm.

El uso indebido de estos cajones no solo representa un mal manejo de la pesca, sino que también genera un pesaje fraudulento que perjudica la cuenta del marinero. Se ha constatado que tres cajones de langostino están siendo utilizados como equivalentes a dos de merluza, con el agravante de que vienen sobrecargados, como se puede apreciar en el video adjunto. Mientras que los cajones para langostino están limitados a 17 kg, al llenarlos con merluza y sobrecargarlos, el peso final es mucho mayor.

Este sistema fraudulento no es casual y también se ha detectado en el Buque Pesquero El Santos. Caleta Paula es el único puerto sin control de pesaje en los caladeros provinciales, lo que genera incertidumbre sobre cómo el Consejo Federal Pesquero calcula la cantidad de merluza capturada en la provincia. Actualmente, el único registro se basa en partes de pesca estimativos, donde el capitán reporta la cantidad de cajones y un peso aproximado de 30 kg por cajón.

En nuestra flota, los “marineros de balanza” parecen haber establecido que todos los cajones pesan mágicamente 30 kg, lo que convierte el control en un verdadero chiste.

Denuncia al Ministerio de Trabajo de Santa Cruz por Falta de Respuesta y Control de Seguridad en la Flota Pesquera

Desde la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (A.G.O.M.U.), denunciamos la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz ante dos notas enviadas en distintas fechas, las cuales aún no han obtenido contestación. Una de ellas solicitaba información del B/P Liliana (Matrícula 0206F), mientras que la otra requería una inspección de la seguridad de toda la Flota Amarilla que, hasta el día de hoy, no se ha llevado a cabo.

Dichas solicitudes fueron presentadas con el objetivo de resguardar la seguridad de los tripulantes a bordo. La primera nota fue enviada el 9 de abril de 2024 al ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, y la última el 14 de marzo de 2025. En ambas, se hizo hincapié en la seguridad de las embarcaciones de la Flota Amarilla, la implementación de una balanza a pie de muelle para garantizar transparencia en los convenios y acuerdos laborales, y la urgente necesidad de medidas preventivas.

Esta última solicitud fue motivada por recientes incidentes en la provincia, como el encallamiento de los buques B/P ARGENOVA IV y XIN SHI JI 30 en el ingreso al canal de la Ría de Puerto Deseado, así como el polémico naufragio del B/P CARLILLO en las costas de Rawson.

Particularmente preocupante fue la evacuación del XIN SHI JI 30, donde el capitán ordenó el abandono del buque en plena madrugada, bajo condiciones de viento adversas. Alrededor de las 23:00 horas, los 30 tripulantes fueron rescatados por empresas de servicios náuticos y el gomón de la ESIPA (Estación de Bomberos de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental) de la Prefectura de Puerto Deseado. Sin embargo, los videos grabados por los propios marineros evidencian que la tripulación evacuó con salvavidas, pero sin los trajes de inmersión reglamentarios.

Lo mismo ocurrió con los tripulantes del B/P CARLILLO, quienes, al momento de ser rescatados, tampoco contaban con los trajes de inmersión. En las imágenes se observa claramente cómo debieron lanzarse al agua sin esta protección fundamental.

Por estos motivos, exigimos que se garantice la seguridad de la tripulación y que se verifique el cumplimiento de todas las normativas vigentes. Esto incluye la obligatoriedad de contar con trajes de inmersión intrínsecamente aislantes, tal como lo establece la Ordenanza Marítima N° 2-986 y el Artículo 204.0203 del REGINAVE, para todo buque pesquero que opere a más de 3 millas náuticas de la costa.

Hasta la fecha, no se ha ejercido ningún tipo de control sobre este aspecto, y la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. (Sociedad Anónima Unificada) tampoco ha garantizado la seguridad a bordo de los tripulantes.

Exigimos respuestas inmediatas del Ministerio de Trabajo y de las autoridades responsables. La vida de los trabajadores del mar no puede seguir dependiendo de la desidia y la falta de controles, del Ministerio de Trabajo, la ausencia del UNEPOSC, que siempre está en el ojo de la tormenta en los puertos de Santa Cruz.

La seguridad de los trabajadores marítimos no puede quedar a merced de la desidia y la falta de control. Los recientes incidentes en la flota pesquera, incluyendo encallamientos y naufragios, evidencian una preocupante ausencia de fiscalización por parte de las autoridades responsables. La falta de trajes de inmersión en las evacuaciones es solo una muestra del riesgo al que se exponen diariamente los tripulantes.

Las denuncias y pedidos de inspección presentados por A.G.O.M.U. han sido ignorados, dejando en evidencia la indiferencia del Ministerio de Trabajo y la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. Ante esta realidad, es urgente exigir que se implementen controles efectivos y se cumplan las normativas vigentes para garantizar condiciones de seguridad dignas. No podemos permitir que la vida de quienes trabajan en el mar siga dependiendo del azar.

Comparte esta noticia:

Deja un comentario