100 DÍAS Crisis en la pesca: cuando el poder político y empresarial se unen para dilatar la solución
Mientras los trabajadores marítimos siguen sin cobrar hace 100 días, las empresas del sector pesquero insisten en imponer una baja salarial del 30% sin cumplir el procedimiento legal obligatorio ni demostrar pérdidas reales. La política, entre la especulación electoral y los vínculos con el poder empresario, dilata toda solución. La emergencia económica fue usada como excusa, pero nunca aplicada con seriedad ni justicia para quienes sostienen la actividad: los trabajadores.
“Empresarios piden beneficios, pero evaden la ley: la verdadera cara de la crisis pesquera”
Por Ricardo Manuel Cardozo – AGOMU Santa Cruz
En pleno conflicto pesquero desde el 17 de marzo hoy cumple 100 días de paralización, el primer intento de declarar la emergencia económica en la actividad no vino de la Cámara de Diputados de la Nación, ni del Ministerio de Economía, ni del Consejo Federal Pesquero. Lo hizo, a destiempo y con fines claramente especulativos, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en conjunto con un diputado nacional afín. Propusieron una ley de emergencia por dos años, un acto tardío y fallido que jamás cumplió su función: ordenar el conflicto y proteger a los trabajadores.
Ahora, otra diputada nacional, María Eugenia Alianello, de Unión por la Patria –Chubut–, retoma el tema con un nuevo proyecto, esta vez por un año, con algunos beneficios impositivos y fiscales, pero sin abordar el verdadero nudo del conflicto: la negativa de las empresas a someterse al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), como lo exige la Ley de Contrato de Trabajo (artículos 98 y siguientes).
¿Qué exige la ley cuando una empresa quiere reducir salarios o modificar convenios?
Toda empresa que pretenda aplicar rebajas salariales, suspensiones, o modificar un Convenio Colectivo de Trabajo por supuesta crisis económica, debe iniciar un PPC ante el Ministerio de Trabajo, presentando:
- Informe económico-financiero auditado
- Estados contables, ventas, costos y balances
- Memoria con proyecciones y medidas pretendidas
- Cantidad de trabajadores afectados
- Plazos previstos
- Notificación formal al sindicato y al Ministerio
👉 Sin ese procedimiento aprobado por el Estado, cualquier rebaja salarial o despido masivo es nulo, y así lo establece también la jurisprudencia vigente.
Las empresas pesqueras no pueden justificar una crisis
El problema es claro: las empresas pesqueras no quieren mostrar sus cuentas. Alegan pérdidas solo en el negocio del langostino, pero no pueden separar ingresos por especie, porque declaran todo bajo una misma cuenta bancaria y CUIT ante AFIP o ARCA. Tienen ganancias por merluza, calamar y otras especies que engordan sus balances, pero quieren imputar pérdidas solo al langostino para exigir una baja salarial del 30%.
No es crisis lo que no se puede demostrar. Y la ley no avala extorsiones patronales disfrazadas de emergencia sectorial.
Una clase política atada al lobby empresarial
Este conflicto no se resuelve porque no hay voluntad política real. Los intendentes, gobernadores y funcionarios de las zonas pesqueras guardan un silencio que huele a complicidad. Tienen intereses cruzados con las empresas, ya sea por vínculos comerciales, favores o conveniencias económicas.
Mientras tanto, los trabajadores marítimos llevan tres meses sin cobrar. Las prospecciones del CFP fracasan una y otra vez, las leyes no se cumplen, y los barcos siguen amarrados. Las promesas se acumulan en tierra, mientras en el mar sólo flota el oportunismo político.
💼 Las inversiones extranjeras también tienen responsabilidades
No podemos olvidar que muchas de las empresas pesqueras que hoy piden beneficios fiscales o bajan salarios, son extranjeras o tienen participación extranjera. Y según la Ley N° 21.382 y sus reformas, estas empresas deben cumplir con las leyes laborales, ambientales y tributarias del suelo argentino. No pueden acogerse a las ventajas de invertir en el país y al mismo tiempo violar derechos adquiridos o desconocer los convenios colectivos.
Una bomba de tiempo política, gremial y social
Estamos a meses de:
- Las elecciones gremiales en el SOMU (diciembre),
- El recambio de diputados nacionales (octubre),
- Y una definición nacional que puede inclinar la balanza.
Y, sin embargo, nadie quiere pagar el costo político de hacer cumplir la ley. La inacción estatal, el silencio de algunos gremios, y la indiferencia de los que deberían representar a los trabajadores están dejando la puerta abierta a un escenario aún más crítico.
Si el Gobierno nacional permite que se impongan rebajas salariales fuera de la ley, estaría abriendo un precedente peligroso no solo para la pesca, sino para todos los trabajadores del país. Estaría avalando que el sector privado imponga condiciones por la fuerza. Y eso no lo vamos a permitir.
Desde AGOMU no solo denunciamos la farsa empresarial de una crisis no acreditada, sino también la falta de acción efectiva por parte de los tres niveles del Estado. Exigimos que las empresas cumplan el Procedimiento Preventivo de Crisis como lo manda la ley, que se investiguen sus cuentas reales, y que se priorice el salario y la dignidad de los trabajadores por sobre cualquier especulación política o empresarial.
Porque si hay una crisis, que se demuestre. Y si hay una solución, que sea en el marco de la ley.
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