Confusión oficial: la Secretaria Estefy Grant desmiente lo que no entiende de la Disposición 363/2025
Tras las críticas al impacto de la Disposición Nacional 363/2025, que elimina la obligación de procesar en tierra el 20% del calamar capturado, la Secretaria de Pesca de Santa Cruz, Estefy Grant, salió a “desmentir” publicaciones de Marineros Unidos. Sin embargo, su respuesta revela una preocupante falta de comprensión sobre las competencias nacionales y provinciales en materia pesquera.
La funcionaria intenta despegarse de una medida que aunque no haya sido dictada por su área afecta directamente al trabajo provincial que ella debe defender.
Pesca en crisis: cuando la desinformación proviene desde la propia Secretaría…
La reciente reacción pública de la Secretaria de Pesca de Santa Cruz, Estefy Grant, frente a las críticas por la Disposición N° 363/2025, expone más confusión institucional que claridad política.
La funcionaria, a través de sus redes sociales y voceros, calificó como “FALSA” la información difundida por la página Marineros Unidos, pero en su propio comunicado termina confirmando aquello que intenta desmentir, que existe una disposición nacional que impacta directamente sobre la actividad laboral pesquera en la provincia.
Desde nuestro lugar, informamos también a los guionistas particulares de la Secretaría que la página web que publica y firma es A.G.O.M.U., no “Marineros Unidos”.
Por otra parte, ya es costumbre de las funcionarias de pesca de este gobierno mantenerse en la desinformación.
Fuimos nosotros quienes, en su momento, tuvimos que corregir públicamente a la exsecretaria Selsa Hernández, cuando difundió información errónea respecto a la Ley de Cabotaje.
Esa reforma, impulsada mediante el DNU 340/25, pretendía una desregulación parcial del mercado de cabotaje, bajo el argumento de “reducir costos operativos” en el transporte fluvial y marítimo mercante.
Como consecuencia de los reclamos gremiales y la presión de distintos sectores, la medida fue derogada por el DNU 628/25, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, restableciendo el marco normativo previo.
En aquel entonces, durante un Foro Pesquero realizado en el Cine Municipal de Caleta Olivia el 21 de mayo, la propia secretaria Selsa Hernández, completamente desinformada, confundió la Ley de Cabotaje con la actividad pesquera, llegando a afirmar que dicha ley habilitaba el ingreso de buques poteros asiáticos que operan ilícitamente en la milla 201, a puertos patagónicos para realizar operaciones de reabastecimiento.
Una interpretación totalmente incompatible con el contenido expreso de la ley.
Es decir, ya es costumbre visibilizar la falta de experiencia de las funcionarias que este gobierno acomoda a su antojo, no por mérito ni conocimiento técnico, sino por conveniencia política.
Conviene recordar que Selsa Hernández, antes de ser Secretaria de Pesca, ocupaba un cargo como Coordinadora de UNEPOSC, mientras que la actual secretaria, Estefy Grant, proviene del riñón kirchnerista, donde se desempeñó como Directora de Trabajo en Puerto Deseado.
Dos ejemplos claros de cómo la improvisación y el favoritismo político reemplazan la idoneidad y la defensa del trabajo pesquero santacruceño.
La norma en cuestión, dictada por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, elimina la obligatoriedad de reprocesar en tierra el 20% del calamar (Illex argentinus), una medida que durante años garantizó mano de obra en las plantas patagónicas y sostuvo empleo directo en puertos como Caleta Paula, San Julián y Puerto Deseado.
Su derogación favorece abiertamente a las empresas exportadoras y flotas extranjeras, entre ellas la firma china Fénix International S.A., que ya fue recibida por Grant en Buenos Aires y comprometió sus descargas en Santa Cruz.
La funcionaria afirma que su Secretaría “no tiene potestad legal” para modificar normativas nacionales, lo cual es cierto.
Lo que no aclara ni parece comprender es que su rol sí implica defender los intereses provinciales ante las medidas nacionales que afectan al trabajo local, y no limitarse a reproducir los comunicados de las empresas beneficiadas.
El silencio o la ambigüedad en estos casos se traduce en complicidad política.
Mientras la Secretaría intenta desviar el foco acusando “operaciones políticas”, los hechos son verificables:
1- La Disposición 363/2025 fue publicada oficialmente y ya está vigente.
2- La medida suprime la exigencia del 20% de procesamiento en tierra.
3- Su impacto inmediato es la reducción de actividad industrial y empleo en plantas pesqueras de la región.
En lugar de aclarar la situación, la Secretaria eligió cuestionar a quienes visibilizan el problema, confundiendo crítica con desinformación.
Si algo genera incertidumbre hoy, no son las redes sociales ni los sindicatos, sino la falta de lectura y posicionamiento de los funcionarios que deberían defender la soberanía laboral y pesquera de Santa Cruz.
