Fénix International S.A., Grant y la Disposición 363/2025: menos trabajo argentino, más beneficios empresariales
La ratificación de Estefy Grant al frente de la Secretaría de Pesca de Santa Cruz y su reciente reunión con Fénix International S.A. exponen un modelo de gestión que prioriza los acuerdos empresariales por encima del trabajo local.
La nueva Disposición N° 363/2025, que elimina la obligación de procesar en tierra el 20% del calamar, golpea directamente a las plantas patagónicas y deja sin protección a cientos de trabajadores.
Mientras tanto, los valores de descarga continúan rezagados frente a los puertos chubutenses, consolidando una política de desigualdad y concentración.
Puerto Deseado, Fénix International y la política pesquera del favoritismo
La Secretaría de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, conducida por Estefy Grant, vuelve a quedar en el centro de la escena tras su ratificación en el cargo por el gobernador Claudio Vidal, luego del traspié electoral del pasado 26 de octubre, que relegó a su fuerza política al tercer lugar.
Grant, quien asumió el cargo en septiembre, mantuvo una reunión en la semana pasada, en la Ciudad de Buenos Aires con Julio Pen, presidente de las empresas Muelle 8 y Fénix International S.A., esta última controlada por un grupo inversor de capitales chinos con base en Mar del Plata. La firma cuenta con once buques poteros dedicados a la pesca de calamar y, según se informó oficialmente, se comprometió a realizar descargas en los puertos de Santa Cruz durante la próxima temporada.
Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria se comunicó que “durante el encuentro se dialogó sobre la planificación operativa, la incorporación de mano de obra local y las posibilidades de colaboración entre la empresa y el Gobierno provincial para el desarrollo del sector pesquero”.
Sin embargo, detrás del tono protocolar, la reunión volvió a poner en evidencia un claro favoritismo institucional hacia Puerto Deseado, puerto de origen de la funcionaria, que concentra la mayor atención de la cartera pesquera en detrimento del resto de las terminales de la provincia.
A esto se suma un nuevo golpe al trabajo argentino, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca del Ministerio de Economía nacional eliminó la obligación de procesar en tierra al menos el 20% del calamar capturado, tal como lo establecía la Resolución CFP N° 7/2021.
La medida —formalizada mediante la Disposición N° 363/2025— representa un retroceso histórico para las plantas de procesamiento patagónicas y para cientos de trabajadores que dependían del reproceso en tierra.
Con esta desregulación, solo los estibadores trabajarán durante la operatividad de los poteros, mientras las plantas pesqueras provinciales quedarán prácticamente paralizadas por la falta de materia prima, una ecuacion que no abarca a toda la industria de la pesca.
Esta decisión, que favorece directamente a las empresas exportadoras, profundiza la desigualdad entre puertos. Los valores de descarga continúan siendo muy inferiores a los registrados en Chubut, donde el jornal del congelado ronda los $128.746,14, con incrementos del 50% ($152.765,90) y 100% ($176.785,74) según el tipo de operatividad en horarios inhábiles.
En Santa Cruz, en cambio, las tarifas portuarias permanecen congeladas, y los trabajadores afrontan salarios desactualizados en un contexto de encarecimiento logístico y concentración empresarial.
La presencia de Fénix International S.A., una pesquera de capitales chinos, plantea además interrogantes sobre el control estatal, la transparencia de sus operaciones y el verdadero alcance de su compromiso con el empleo local.
No se han detallado los mecanismos de fiscalización en muelle ni los compromisos concretos en materia de contratación de mano de obra provincial o cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.
El discurso oficial repite la necesidad de “atraer inversiones y generar desarrollo pesquero”, pero el camino elegido parece beneficiar a un único puerto y a un grupo limitado de intereses empresariales, dejando al margen a los trabajadores, a las plantas locales y al principio de equidad territorial que debería guiar toda política pública.
Mientras tanto, la Secretaría de Pesca de Santa Cruz sigue sin brindar respuestas concretas sobre los controles en las descargas, la situación de las plantas de procesamiento y las condiciones reales de los estibadores y marineros que sostienen la actividad día a día pero a la fecha no ven la inclucion de la ley 90/10 ponderada por el mismo gobierno de Santa Cruz Claudio Vidal.
La prioridad, una vez más, parece ser política y no productiva, dejando a la provincia ante el riesgo de perder soberanía laboral, control y valor agregado en su propio mar.
por: Ricardo Manuel Cardozo-
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