Santa Cruz al borde del colapso laboral: opacidad estatal, endeudamiento encubierto y 800 nuevos despidos en la mira

La verdad detrás del “acuerdo petrolero”: opacidad estatal, fin de las subcontratistas y 800 despidos en puerta

La crisis laboral en Santa Cruz dejó de ser una alarma sectorial para transformarse en una emergencia estructural. Sin embargo, el Gobierno Provincial y su red de intendentes, concejales y diputados por pueblo continúan actuando como si la provincia transitara un escenario de normalidad. Mientras la desocupación crece día tras día y miles de familias reclaman respuestas, la administración de Claudio Vidal se refugia en medios hegemónicos y en una narrativa oficial que ya no se sostiene: acuerdos que no mueven la aguja, convenios sin resultados y promesas de reactivación que jamás llegan a los sectores donde el trabajo se desmorona.

Las campañas políticas ya terminaron, y los números lo demostraron, menos del 15% de la población respaldó esta gestión. Sin embargo, persiste un aparato de comunicación que intenta instalar una realidad ficticia, muy distinta de la que viven las comunidades petroleras, pesqueras y de servicios de toda la provincia.

A esta falta de transparencia se suman sindicatos amigos del poder y delegados funcionales que acompañan, sin cuestionar, la procesión bribona del gobierno. Mientras tanto, la gente espera empleo real en situaciones donde ya no lo hay.

Con el año llegando a su fin, crecen los rumores como Río Gallegos declaro la emergencia económica, otros municipios que también están en riesgo podrían seguir el mismo curso. La sombra de la imposibilidad de pagar aguinaldos se vuelve cada vez más densa. Dentro de este clima, sectores políticos y sindicales sostienen que parte de las protestas podrían formar parte de un movimiento orquestado para justificar un empréstito provincial. Como apuntó Pablo Grasso, “Si Vidal fundió la provincia, que pida un préstamo para cooperar con los municipios”.

Pero ese camino implicaría una carga más para las futuras generaciones, una deuda que se sumaría a una gestión que habla de inversiones mientras la actividad económica real sigue paralizada. Porque si las inversiones existieran, Santa Cruz no estaría hoy al borde del incendio fiscal ni tendría que salir a pedir fondos para apagar el fuego.

En este escenario, las declaraciones de Marcelo Salguero al sitio Web Pasaron Cosas revelan un capítulo aún más oscuro: el acuerdo petrolero de Vidal para zona norte y la inminente desaparición de las subcontratistas, lo que anticipa una nueva ola de despidos masivos.

Nota: Marcelo Salguero al sitio Web Pasaron Cosas.

800 nuevos despidos y desaparición de las subcontratistas: así es el acuerdo petrolero de Vidal
El objetivo del gobierno de Claudio Vidal para la zona norte es sostener la paz social. El Gobierno cruza los dedos para que las pymes que se hicieron cargo de las diez áreas que operaba YPF y ahora son potestad de FOMICRUZ sostenga como mínimo los puestos de trabajo, ni siquiera se apostó a recuperar la mano de obra que fue echada.

Marcelo Salguero, ex trabajador petrolero que perdió su trabajo por acciones violentas directas del SIPGER, advirtió en declaraciones a “Pasaron Cosas” que todos los actores ligados a la actividad petrolera conocen de la gravedad que se vive en zona norte bajo el gobierno actual. El dato que circula en yacimientos y en las comunidades petroleras de Santa Cruz es que habrá nuevos 800 despidos que se sumarán a los más de 10.000 que dejó la salida de YPF.

“No lo van a decir a viva voz. Mucha gente me contactó -algunos están afuera y otros sobreviven- asegurando que las operadoras primero van a absorber el personal de YPF”, mientras que las contratistas como Oleosur e Huinoil que quedaron con poca gente tienen la premisa de “absorber algún que otro empleado”.
Sin embargo, el plan de las compañías que se hicieron de las licitaciones impulsadas por el Gobierno de Claudio Vidal como “Roch, Quintana Energy Investments SA, Brest o Clear Petroleum apuntan a eliminar la figuras de las subcontratistas”. En este punto del encadenamiento productivo se producirá la nueva ola de despidos estimados en 800.

Salguero señaló que si bien esa cifra no es reconocida oficialmente es un dato que se comparte en común entre agrupaciones de desocupados, las nuevas empresas que invertirán USD 1.259 millones en los yacimientos, el gremio de Claudio Vidal (SIPGER) y los gobiernos de las comunidades de zona norte. Desocupados de la construcción también fueron puestos en sintonía con la nueva ola de despidos cuando pidieron que se reactive el trabajo.

Sin subcontratistas
El esquema que preparan las nuevas operadoras -con el conocimiento del Gobierno provincial- se realizará de esta manera: “Miremos con un ejemplo, supongamos que después de la masacre que hicieron a Oleosur le quedaron el pie 60 operarios. Ahora llega la contratista Clear que se hace cargo de lo que era YPF y dice que solo necesita 40 operarios y lo harán bajo la figura de contratados”.

“Pasaron Cosas” pudo precisar que desde mediados de octubre pasado el personal de YPF comenzó a reunirse con los referentes de las empresas que ganaron la licitación de FOMICRUZ, dato reconocido por el gobierno provincial. En este espacio analizan quienes se quedan y quienes se van, en tal caso se debería planificar el inmediato repunte de la producción y no apostar a la motosierra.
“El primer paso que se tiene que dar en esta etapa es fusionar la gente de YPF a las respectivas operadoras” y el segundo -según lo que se habla- es el achique y eliminación de las contratistas”, precisó Salguero.
Clima Social

Así no hay paz social en la zona productiva más rica de Santa Cruz. “El clima social en zona norte está complicadito. Ya hay un par de grupos de desocupados autoconvocados que hicieron un padrón y fue entregado a los municipios y a las dependencias provinciales para que den respuesta a la gente”.
Salguero, desde su costado solidario, avanzó con otro padrón en Caleta Olivia “para que tener una idea de la cantidad de gente desocupada que hay. Las Heras es lo más complicado, luego Pico Truncado y Caleta Olivia”.
Agregó que el “Gobierno tiene una base de datos a nivel provincia de casi 400 personas solo en Caleta. Y todo en base a la ley del 90/10 que se promulgó y si la hacen cumplir, debería haber trabajo”, cerró.”

La situación es clara, Santa Cruz está entrando en una zona de riesgo profundo. Mientras el Gobierno insiste en sostener un relato de prosperidad, la realidad en los yacimientos, en los puertos, en los comercios y en los barrios es completamente distinta. La desocupación crece, los municipios tambalean y el Estado provincial parece decidido a avanzar sin transparencia, sin planificación y sin un rumbo productivo real.

La eliminación de las subcontratistas y los 800 nuevos despidos que se anuncian en el sector petrolero son una muestra más de una política que prioriza la propaganda por encima de las familias trabajadoras. Nada de esto garantiza paz social, al contrario, la erosiona.

Si el Gobierno no escucha, será el pueblo organizado el que haga oír la verdad.