De la Producción a la Corrupción: La Pesca en Santa Cruz en la Mira y Falta de Control.

PESCA, DESCARGA Y PROCESO DE PESCADO HACE YA MUCHOS AÑOS, EXPROPIADA POR LA POLÍTICA EN SANTA CRUZ

Alejo Cabaña, quien hoy se baña de poder con total autonomía, decidió excluir a trabajadores, algunos de los cuales ni siquiera estuvieron en el establecimiento el día en que el Sr. Gobernador Claudio Vidal se hizo presente en la ex Barillari.

Esta decisión violaría el mismo estatuto y está dotada de autoritarismo, ya que el trabajador no fue notificado por escrito, ni se realizó asamblea.

Lo que llama la atención es la respuesta de Cabaña cuando los trabajadores solicitaron verbalmente que se convoque a asamblea. Su respuesta fue: “No convocaré a reunión, mucho menos a asamblea, porque ninguno es socio de la Cooperativa Sur Caleta Ltda.”.

Esto comprueba que todo sería un engaño. Cabe destacar: ¿Cuán involucrado estaría el Gobierno provincial? ¿Quiénes serían los dueños del negocio del establecimiento ex Barillari? Si hay un primer fallo a favor del propietario de Barillari S.A. desde el Juzgado Federal de Mar de Plata ¿Por qué el gobierno de Vidal quiere sumar más deudas cuando el gobierno tenga resarcir económicamente el lucro cesante a los demandantes? ¿El pueblo de Santa Cruz pagara la mal praxis del anterior gobierno y el actual?

Una comitiva de más de 20 personas irrumpió en un lugar de trabajo donde se procesa materia prima para su exportación, violando todo tipo de normas del SENASA y generando contaminación. ¿O es que, por ser personas importantes, no contaminan?

El problema de fondo es el discurso obsesivo sobre la generación de trabajo, donde a quien opina distinto lo pintan de opositor y operador político. Discursos como el del ministro Martínez, amenazando con denuncias a trabajadores que no tienen ni para la leche de sus hijos, mientras sostiene que el trabajador de proceso de pescado cobra millones y que es uno de los mejores sueldos de Argentina.

Concejales publicando mensajes para generar odio hacia los bolivianos, sin darse cuenta de que muchos de quienes trabajan en ex Barillari son hijos y nietos nacidos y criados en Argentina.

El diputado nacional “Kaki” González vota en contra de Ficha Limpia, pero apoya este proyecto (“pescado sin control y trabajo en negro”), donde siempre estuvo presente en fotos junto al sindicato S.T.I.A. Santa Cruz.

El jefe de Estado de Trabajo, Aravena, amenaza a estibadores de forma extorsiva (contamos con audios), y los comunicados oficiales del gobierno rozan la incitación a la violencia institucional.

La realidad del ciudadano

Fuera de las redes sociales, el trabajo en las plantas pesqueras es en su totalidad en negro y en condiciones de semi-esclavitud. En el puerto, el sueldo de los estibadores de Caleta Olivia y Puerto San Julián es denigrante. Cada día deben sortear la falta de seguridad y equipamiento laboral. Aún con la muerte de su compañero Diógenes Gutiérrez, la política no logró que la justicia actúe con rapidez para investigar y encontrar a los responsables.

Sumado a esto, sigue faltando claridad y control en las balanzas al momento de la descarga. Si el gobierno provincial anterior no lo solucionó y el actual tampoco lo hace, deberían explicar al pueblo los motivos.

El establecimiento pesquero ubicado en Puerto San Julián, desde 2023, es alquilado por la empresa VEPEZ S.A. para el procesamiento de langostino y merluza, pero no cuenta con trabajadores en relación de dependencia.

En Puerto Deseado, donde operaba ARBUMASA S.A., una de las empresas más grandes de Santa Cruz con más de 20 embarcaciones, la misma fue comprada por VEPEZ S.A., que solo tiene tres embarcaciones propias (dato que habría que verificar en el Consejo Federal Pesquero). VEPEZ S.A. empleó a más de 50 personas sin contrato de trabajo.

El establecimiento ex Barillari, donde operaba VEPEZ S.A., vuelve a estar bajo la misma empresa.

Si a esto le sumamos que la cooperativa El Mar Azul Ltda. de Puerto Deseado procesa langostino y merluza para VEPEZ S.A., y que la planta pesquera alquilada a Conarpesa S.A. también procesa pescado provisto por VEPEZ S.A., se configura un monopolio. Además, Terminales Portuarias Patagónicas S.A. (T.P.P.) mantiene a los estibadores de Caleta Olivia en una situación precaria.

Por coincidencia, la cooperativa que opera en ex Barillari y la que trabaja en la planta de Conarpesa S.A. serían la misma: SUR CALETA LTDA., una cooperativa aparentemente política, armada en septiembre de 2024 y habilitada en tiempo récord, puesta en funcionamiento en medio de un conflicto encabezado por el Sr. alias “Gringo” Jones.

La resolución 010, de Río Gallegos, del 15 de enero de 2025, establece que en las fojas 57/61 obra un convenio empresarial entre VEPEZ S.A. y las cooperativas de trabajo El Dorado Ltda. y 20 de Noviembre Ltda. Dicho convenio no fue respetado por ambas cooperativas, lo que derivó en una presentación jurídica por parte de VEPEZ S.A. Sin embargo, la contradicción está en que quien realmente incumplió el convenio fue VEPEZ S.A., como queda registrado en video, al no comunicar por escrito con 30 días de antelación la interrupción del suministro de materia prima a los trabajadores. La excusa utilizada fue la situación económica, pero dos días después concretó la compra del millonario establecimiento de ARBUMASA S.A. en Puerto Deseado.

Es hora de decir la verdad. Mientras en redes sociales se promueve el trabajo y la inversión productiva, por detrás se esconde un monopolio que debería ser investigado.

Existen 20 mil toneladas de merluza (hubbsi). ¿Cómo está distribuida? ¿Cuál es la razón social de la empresa? ¿Cuántos barcos propios tiene? ¿Cuál es el proyecto de inversión? ¿Qué trabajadores están en relación de dependencia? ¿Cuáles son los precios de carga y descarga en los puertos de Santa Cruz? ¿Cuáles son las habilitaciones, manifiestos y estudios técnicos de impacto ambiental? ¿Por qué no se regulan ni controlan las balanzas de los puertos?

El gobierno anterior y el actual en Santa Cruz no quieren solucionar los problemas básicos del sector pesquero. Las reglas deben ser claras y cumplir con las normas y leyes.

Toda la información antes mencionada debe ser de acceso público. El gobierno provincial debe garantizar la transparencia en el sector pesquero de Santa Cruz.

LOS POLÍTICOS NO SON DUEÑOS DE SANTA CRUZ Y DEBEN REGULARIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO TODA LA DOCUMENTACIÓN PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA.

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