Escándalo en la Pesca: Uso de Fondos Públicos para Medios de Propaganda y Exclusión de Trabajadores
Pablo Carrizo utilizó su medio para promover un discurso discriminatorio contra los trabajadores de origen boliviano en la planta pesquera ex BARILLARI S.A. recientemente “recuperada” por el gobierno. En la nota publicada por “Info Caleta”, se afirmó que los nuevos ingresos serán exclusivamente para santacruceños, sin considerar que muchos de los trabajadores afectados nacieron en Santa Cruz y tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
Grave Denuncia: El Intendente Pablo Carrizo y su Medio de Propaganda Financiado con Dinero Público
La reciente filtración de un listado de cargos políticos en Caleta Olivia ha destapado un escándalo de gran magnitud que involucra al intendente Pablo Carrizo. Se ha revelado que el medio “Info Caleta”, que supuestamente opera como una fuente informativa independiente, es en realidad propiedad del intendente a través de su testaferro Franco Antipani. Este medio, financiado con dinero público, ha sido utilizado exclusivamente para operaciones políticas y para difundir información discriminatoria contra sectores de la población.
Un Medio Financiado por la Sociedad al Servicio del Intendente
El escándalo dejó al descubierto que “Info Caleta” es mantenido con recursos municipales, con empleados que cobran hasta el 80% del sueldo del intendente. Entre ellos, Natalia Titos, reportera del medio, figura como empleada con cargo político. Se estima que esta “Planta Política” llegó a los 300 cargos, representando un costo de $5.850.000.000 para la Municipalidad de Caleta Olivia, dinero que proviene de los ciudadanos y que debería destinarse a mejoras en la ciudad y no a la propaganda política del intendente.
Discriminación y Despidos Arbitrarios en la Planta Pesquera
Paralelamente, Carrizo utilizó su medio para promover un discurso discriminatorio contra los trabajadores de origen boliviano en la planta pesquera ex BARILLARI S.A. recientemente “recuperada” por el gobierno. En la nota publicada por “Info Caleta”, se afirmó que los nuevos ingresos serán exclusivamente para santacruceños, sin considerar que muchos de los trabajadores afectados nacieron en Santa Cruz y tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
Las cooperativas “El Dorado” y “20 de Noviembre”, que administraban la planta, fueron eliminadas para dar paso a una nueva estructura que responde al gobierno provincial. En el proceso, 22 trabajadores fueron despedidos arbitrariamente, muchos de ellos con hasta 20 años de antigüedad, sin indemnización ni aportes suficientes para jubilarse. Esta situación contrasta con los despidos recientes en el sector petrolero, donde los trabajadores recibieron indemnizaciones de hasta 200 millones de pesos. Lo polémico fue que se los acuso y se cobraron multas elevada a las Cooperativas mencionadas por trabajadores que no estaban registrados, menores de edad, que llamativamente fueron todos incorporados a la cooperativa del gobierno Sur Caleta LTDA. Los que hoy el gobierno, el intendente tilda de bolivianos.
Violaciones a la Legislación y el Uso del Poder para la Exclusión
El accionar del intendente viola múltiples normativas nacionales e internacionales:
- Constitución Nacional, Preámbulo: “Construir la unidad nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.”
- Ley 23.592 Contra Actos Discriminatorios: Impide la exclusión laboral basada en origen, raza o nacionalidad.
- Convenio 111 de la OIT: Prohíbe la discriminación en el empleo.
- Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744, Art. 17): Prohíbe la discriminación arbitraria en el empleo.
El Intendente Debe Rendir Cuentas
El intendente Pablo Carrizo, quien llegó a Caleta Olivia hace solo cinco años desde otra provincia, tuvo las mismas oportunidades que hoy niega a otros trabajadores. La discriminación que promueve a través de su medio financiado con fondos públicos atenta contra los principios democráticos y la igualdad de derechos en Argentina. La comunidad de Caleta Olivia no puede seguir permitiendo que el dinero del pueblo se utilice para financiar una estructura política que solo beneficia a un grupo selecto de allegados al poder, mientras cientos de trabajadores quedan en la ruina por políticas de exclusión y explotación laboral.
Es hora de que la justicia y los organismos competentes investiguen a fondo estas maniobras y se sancione al intendente por el uso indebido de los recursos municipales y la discriminación laboral que ha promovido.
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