Decreto 633/2018: cuando el ajuste empresarial se firma con sello del Estado.

Vaciamiento salarial, decretos mal aplicados e inacción oficial: el costo lo paga la marinería.

En las últimas horas se conoció la firma de un acuerdo entre el sindicato SICONARA y las cámaras empresarias CAPECA y CAPIP. El texto establece un nuevo esquema de “sueldo proporcional por producción” para los Buques Tangoneros Congeladores de langostino, indexado parcialmente al 90% del valor del dólar y en base a volúmenes de bodega. Pero lo más grave no es el método de cálculo ni la lógica exportadora: es la legalización de un ajuste encubierto sobre el salario y los derechos previsionales de los trabajadores, bajo la excusa de una crisis que nunca fue declarada oficialmente.

El acuerdo hace referencia al Decreto 633/2018, permitiendo que el 70% del salario total de los tripulantes tenga carácter no remunerativo durante 90 días (prorrogables por otros 90). La maniobra es clara: reducir las cargas sociales que pagan los empresarios, a costa de licuar el sueldo de los trabajadores, perjudicando aportes jubilatorios, obra social, ART, asignaciones familiares y estabilidad futura.

Pero hay un problema mayor: el decreto exige requisitos que no se están cumpliendo. A la fecha:

• No existe un dictamen técnico ni resolución vigente del Ministerio de Trabajo que declare Crisis en el sector.
• No se inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), como obliga la Ley 24.013.
• No se presentó documentación contable ni balances auditados por las empresas.
• No hubo audiencia pública con los gremios ni convocatoria institucional para el informe del dictamen de la crisis por parte del gobierno.

En síntesis: el uso del Decreto 633/2018 en estas condiciones es jurídicamente inválido, y socialmente un acto de extorsión que vulnera derechos laborales básicos.

El silencio sindical que duele

El SOMU, sindicato mayoritario de marineros, aún no firmó, pero tampoco denuncia. Mientras tanto, se acumulan nueve meses sin actividad ni ingresos para centenares de trabajadores. Familias endeudadas, casas hipotecadas, compañeros endeudados hasta para comer. Y el gremio no exige públicamente los balances, ni se presenta en el Ministerio, ni interpela al Estado para que deje de avalar estos Acuerdos a Espaldas de los Convenios Colectivos.

¿Qué se está esperando? ¿Que la precarización se normalice como política de Estado?

¿Crisis o ingeniería del saqueo?

A falta de control estatal y con una CGT indiferente, las cámaras empresarias están marcando el rumbo del sistema laboral marítimo en Argentina. El tratamiento no remunerativo del salario ya no es una medida excepcional, sino una constante. El Decreto 633/2018, diseñado para casos de emergencia real, está siendo transformado en una herramienta estructural de flexibilización, sin control ni límites.

El costo de la inacción

• Miles de aportes jubilatorios no realizados.
• Familias sin cobertura médica ni previsional.
• Trabajadores que figuran como “empleados” pero sin ningún ingreso real.
• Convenios colectivos perforados por cláusulas negociadas fuera de toda institucionalidad.

Desde AGOMU lo decimos con claridad:

No hay crisis sin dictamen. No hay emergencia sin procedimiento. Y no hay acuerdo válido si no se garantiza la participación activa de los trabajadores.

Exigimos al Ministerio de Trabajo de la Nación y al Consejo Federal Pesquero que hagan públicas las resoluciones administrativas que avalen la aplicación del Decreto 633/2018. Si no existen, todo lo pactado es nulo de pleno derecho, y puede configurar delito laboral por fraude y evasión, el estado nacional no le puede dar la espalda a los trabajadores de la pesca.

También instamos al Sindicato y a las demás organizaciones gremiales a romper el silencio y frenar esta avanzada empresarial, que no es otra cosa que un nuevo modelo de ajuste disfrazado de acuerdo.

Porque lo que no se denuncia, se repite. Y lo que se tolera, se institucionaliza.
No hay derechos sin lucha. No hay salario sin dignidad.
¡La crisis no la pagan los Marineros!