Sombrío panorama del Langostino Congelado: hambre en tierra, silencio en el Consejo Federal Pesquero.

Crisis pesquera: el CFP no actúa, el Gobierno calla y el SOMU no responde Silencio oficial, negocios congelados y trabajadores en la ruta

“La mayoría de los marineros preferimos perder la temporada que resignar el 30% porque es perder de por vida”, dijo el marinero Juan Rodríguez en la marcha de antorchas que recorrió Puerto Madryn. Sus palabras resumen el hartazgo de un sector que, en medio del paro de la flota congeladora, ya no pelea solo por el salario, sino por la dignidad frente a un sistema que lo excluye.

Desde hace semanas, los trabajadores embarcados en barcos tangoneros congeladores permanecen en las rutas sin ingresos, sin respuestas y con una sola certeza: las cámaras empresarias buscan consolidar una rebaja salarial estructural, atando el salario por producción al precio del langostino, en abierta violación al Convenio Colectivo vigente.

Pero lo más grave es que no hay conflicto salarial sin responsabilidad estatal.

El Consejo Federal Pesquero puede intervenir, pero no lo hace

El Consejo Federal Pesquero (CFP), órgano máximo del régimen federal pesquero (Ley 24.922), tiene la facultad de suspender, revocar o modificar permisos de pesca si se incumplen los fines sociales y económicos de la actividad.

Sin embargo, el CFP permite que los buques congelen todo a bordo sin generar trabajo en tierra, mientras las plantas patagónicas cierran, los estibadores quedan sin tareas, y miles de familias en tierra esperan lo que nunca llega: un modelo distributivo, no extractivo.

La ley es clara:

• El Artículo 23 de la Ley 24.922 establece que los permisos de pesca pueden ser revocados por razones fundadas.
• El Artículo 27 y 28 permiten fijar condiciones de mantenimiento de los permisos, como el tipo de flota, puerto base y abastecimiento a plantas locales.
• El Decreto 748/1999, en su Art. 19 y 21, habilita la suspensión si no se cumple con la sostenibilidad ni con el aporte económico-social.

Entonces, ¿por qué el CFP no actúa?
Porque responde a los intereses de las mismas provincias y cámaras empresariales que controlan la flota congeladora. Porque el modelo pesquero actual está diseñado para maximizar rentabilidad a costa de derechos laborales, recursos públicos y soberanía económica.

Un sindicato sin rumbo y un Gobierno ausente

En este escenario, la falta de representación real por parte del sindicato SOMU agrava el conflicto. Como señalaron los propios marineros, “el SOMU no tiene herramientas legales para obligar a salir a los barcos”, lo cual es cierto en términos operativos.

Pero eso no exime a la conducción sindical de actuar con firmeza institucional, elevando el conflicto, denunciando la parálisis productiva como una violación indirecta al régimen pesquero y al Convenio Colectivo de Trabajo vigente, y exigiendo la intervención del Estado Nacional.
La inacción del SOMU perjudica directamente a los trabajadores, que ya no tienen respuestas ni siquiera un plan B desde la conducción gremial.

Peor aún: a la fecha, el Gobierno Nacional ni siquiera ha pronunciado oficialmente la existencia de esta crisis. No hay declaraciones, ni medidas, ni llamados al diálogo. El abandono es total. No hay Estado. Solo negocios.

Un modelo sin redistribución

Mientras el Gobierno Nacional ofrece baja de retenciones, beneficios fiscales, y exenciones al gasoil, los empresarios no devuelven nada. Ni trabajo, ni empleo en tierra, ni sueldos dignos. Solo más presión para bajar salarios. Ni siquiera aceptan dejar de cobrar la cuota sindical o de capacitación, como propuso el SOMU. La negativa empresarial es total.

Y el resultado es obvio:

• Más concentración de la renta pesquera.
• Más precarización del trabajo de relevo, que no percibe ingresos por meses.
• Más abandono estatal frente a un conflicto que podría destrabarse con voluntad política y aplicación de la ley.

🛑 El langostino no tiene cupo, pero sí tiene responsables

El langostino no tiene un sistema de Cuotas Individuales Transferibles como la merluza, pero eso no significa que el Estado no pueda intervenir. Si el CFP decidiera suspender o limitar los permisos a los congeladores que no desembarcan ni abastecen plantas en tierra, el conflicto cambiaría.

El problema es que no quieren tocar el corazón del negocio, y mientras tanto, los trabajadores pasan hambre, acampan en la ruta, y siguen esperando que alguien en la Nación, en la provincia o en el sindicato, se digne a defenderlos de verdad.