El caso Barillari en Caleta Olivia: una estafa jurídica, política y social que pagará el pueblo de Santa Cruz

El fallo que desnudó la estafa: planta expropiada, negocios privados y trabajadores descartables en Caleta Olivia

Desde la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (A.G.O.M.U.) denunciamos públicamente el entramado de irregularidades, omisiones y decisiones políticas que rodean a la planta pesquera expropiada de Antonio Barillari S.A. en Caleta Olivia. Este caso no es un error administrativo ni una herencia mal gestionada: es una construcción deliberada de ilegalidad, que vulnera la Constitución Nacional, la Ley Federal de Pesca y los derechos de los trabajadores.

La Ley Provincial N.º 3.081, sancionada el 27 de octubre de 2009, declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación la planta de procesamiento de productos de mar de Barillari en el puerto de Caleta Paula. En diciembre de ese año, el Estado de Santa Cruz desposeyó a la empresa de sus bienes. Sin embargo, más de quince años después, la Provincia no ha pagado la indemnización expropiatoria, generando una deuda millonaria que se incrementa con intereses, inflación acumulada y lucro cesante.

Esta situación viola principios básicos del derecho público y configura un daño patrimonial grave que será afrontado por todo el pueblo santacruceño.

Bien público, negocio privado

La ley de expropiación establecía claramente la conformación de un órgano tripartito entre el Estado, el municipio y los trabajadores. Nada de eso ocurrió. En su lugar, los sucesivos gobiernos provinciales optaron por entregar el manejo de la planta a privados, sin control, sin transparencia y sin participación obrera.

Así fue como la planta terminó bajo el control de Vepez S.A., vinculada a Luis “El Gringo” Jones, quien explotó durante años un bien que pertenece al Estado provincial. El resultado fue previsible: beneficio privado, trabajadores precarizados y un Estado ausente que, además, deberá pagar una indemnización multimillonaria por una expropiación mal ejecutada.

El gobierno de Claudio Vidal: conocimiento y responsabilidad

El 10 de diciembre de 2023 asumió el gobernador Claudio Vidal con pleno conocimiento del estado jurídico, patrimonial y laboral de la planta Barillari. Lejos de ordenar esta situación, su gestión la agravó.

A fines de 2024, Luis Jones abandonó la planta por no querer afrontar el reclamo legítimo de las cooperativas de trabajo, que exigían una mejora en el valor del corte del filet. Incapaz de pagar condiciones mínimas, se retiró. Sin embargo, en lugar de avanzar hacia un esquema legal y transparente, el Gobierno provincial intervino activamente para devolverle la planta al mismo privado que la había abandonado.

A comienzos de 2025, el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, y el entonces ministro de la Producción, Gustavo Martínez, operaron políticamente para “recuperar” la planta y volver a entregársela a Luis Jones. El regreso se produjo con una puesta en escena obscena: el gobernador Claudio Vidal, su nuevo socio empresario y una comitiva de capitales chinos, ingresando a una planta estatal mientras los trabajadores eran reprimidos económicamente.

El saldo fue inmediato: 22 socios de la cooperativa despedidos, castigados por reclamar condiciones dignas de trabajo.

Violación de la Constitución y de la Ley Federal de Pesca

Este accionar estatal viola de manera flagrante:

• El artículo 41 de la Constitución Nacional, que impone al Estado el deber indelegable de proteger los recursos naturales, asegurar su uso racional y garantizar que su explotación beneficie al interés general.
• La Ley Federal de Pesca N.º 24.922, que establece el carácter estratégico del recurso pesquero, el deber de control del Estado y la obligación de promover el desarrollo regional, el empleo local y el agregado de valor en tierra.

Entregar plantas estatales a privados, expulsar trabajadores y permitir que los cupos de merluza sigan en manos de buques ajenos a Santa Cruz, sin plantas ni empleo en tierra, es exactamente lo contrario a lo que manda la ley.

Silencio cómplice de la Legislatura

Resulta inadmisible el silencio de la Comisión de Producción Agropecuaria y Pesca de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Ninguno de sus integrantes —Pedro Segundo Muñoz, Santiago Aberastain Zubimendi, Carlos Alcides Santi, Mario Piero Boffi y Alfredo Fernández Martínez— promovió una investigación seria sobre:

• La explotación privada de un bien expropiado.
• El aumento del lucro cesante que deberá pagar el Estado.
• La expulsión de trabajadores.
• La responsabilidad política del Poder Ejecutivo.

Los diputados no están para proteger negocios, están para defender los intereses del pueblo. Hoy no lo están haciendo.

Quiebra, fallos judiciales y un final anunciado

El reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que devolvió los bienes de Antonio Barillari S.A. a la órbita de la quiebra, confirma que gran parte de las operaciones realizadas en los últimos años carecían de sustento legal. Aunque la planta de Caleta Olivia fue expropiada y no integra la quiebra, el escenario judicial vuelve a encender todas las alarmas.

La pregunta es concreta y urgente:
¿qué va a pasar con los trabajadores cuando la legalidad termine imponiéndose sobre los negocios políticos?

Consejo Federal Pesquero y medios pagos

Mientras tanto, el Consejo Federal Pesquero continúa otorgando cupos de merluza a barcos que no pertenecen a Santa Cruz, no tienen plantas en tierra ni generan empleo local. Paralelamente, el Gobierno provincial utiliza pauta oficial para disciplinar medios y construir un relato vacío sobre “impulsar la pesca y no darle la espalda al mar”.

La realidad es otra: entrega del recurso, precarización laboral, vaciamiento de los puertos y una bomba jurídica que explotará en las cuentas públicas.

Desde A.G.O.M.U. lo decimos con claridad:
la política pesquera de Santa Cruz no es desarrollo, es un precipicio.
Y cuando caiga, los que van a pagar no serán los funcionarios ni los empresarios amigos, sino los trabajadores y el pueblo.

Ricardo Manuel Cardozo
Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (A.G.O.M.U.)
Santa Cruz

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