¿Agua para quién? recursos, extractivismo y una deuda histórica con el norte de Santa Cruz

Santa Cruz rica en recursos, pobre en agua: la crisis hídrica que ningún gobierno resolvió

En la provincia de Santa Cruz, y particularmente en la zona norte —Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Koluel Kaike y Cañadón Seco—, el acceso al agua potable continúa siendo una deuda estructural que atraviesa gobiernos, signos políticos y décadas de promesas incumplidas. Se trata de un problema que persiste desde la recuperación de la democracia y que, a la fecha, ningún gobierno ha logrado resolver de manera definitiva.

En este contexto, resulta inevitable preguntarse a quién beneficia realmente la intención de modificar la Ley de Glaciares, cuando una parte significativa de la población aún no tiene garantizado un derecho humano básico como el acceso al agua potable segura y continua.

Desde hace años, estas localidades padecen cortes frecuentes, baja presión, falta de infraestructura y serias dudas sobre la calidad del agua de consumo. Caleta Olivia, la ciudad más poblada de la zona norte, depende en gran medida del acueducto que transporta agua desde el Lago Musters, en la provincia de Chubut. Esta dependencia externa se vuelve aún más preocupante si se considera que la propia provincia de Chubut ha declarado la Emergencia Hídrica en ciudades como Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, dejando en evidencia una realidad incómoda pero ineludible, ninguna provincia puede ni debe priorizar el abastecimiento ajeno por sobre las necesidades de su propia población.

El panorama futuro, lejos de traer certezas, resulta sombrío. Santa Cruz no cuenta con independencia hídrica para su zona norte. No existe agua industrial propia, las obras estructurales nunca se concretaron y el anunciado acueducto desde el Lago Buenos Aires permanece, desde hace décadas, en el terreno de las promesas electorales.

En su lugar, se aplicaron soluciones parciales y costosas, como la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia, que funciona más como un complemento que como una solución de fondo: una verdadera “jarra adicional” frente a un consumo creciente y una demanda insatisfecha. A ello se suma el acueducto hacia Caleta Olivia y la interconexión de catorce pozos a la Cisterna 1 de Cañadón Quintar (Meseta Espinoza), que en conjunto aportan alrededor de 2.500 m³ diarios de agua.

Sin embargo, para una población estimada en 75.000 habitantes, ese volumen representa apenas 33,3 litros por persona por día, cuando el consumo real es muy superior, estimándose entre 250 y más de 350 litros diarios por habitante. La desproporción es evidente y explica por qué los cortes, la baja presión y las restricciones se han vuelto parte de la vida cotidiana.

A esta situación crítica se suma un aspecto poco discutido, pero central: el uso intensivo de agua potable de red por parte de actividades industriales. En Caleta Olivia funcionan actualmente seis plantas pesqueras, todas abastecidas por el ramal municipal, sin contar con sistemas propios de captación de agua de mar ni plantas de ósmosis destinadas a generar agua de proceso.

INDUSTRIA PESQUERA

Durante el año 2024 se descargaron en el Puerto Caleta Paula, provenientes de buques fresqueros costeros, de altura y de rada o ría, 39.647 toneladas de merluza hubbsi y 1.634 toneladas de langostino. En 2025, las descargas alcanzaron aproximadamente 33.152,6 toneladas de merluza hubbsi y 1.445 toneladas de langostino, totalizando en ambos años 75.878,6 toneladas de pescado, equivalentes a 75.878.600 kilogramos.

El proceso industrial establece que, por cada dos kilogramos de merluza entera, se utilizan cuatro litros de agua para obtener un kilogramo de merluza filete, lo que equivale a dos litros de agua por cada kilogramo de pescado procesado.

En consecuencia, solo para el procesamiento del pescado descargado durante esos dos años se utilizaron aproximadamente 152 millones de litros de agua. A ese volumen debe sumarse, como mínimo, un 70 % adicional destinado a la limpieza sanitaria obligatoria de plantas, cajones de pescado, camiones, pisos, equipos y demás exigencias bromatológicas.

De este modo, el consumo total estimado supera los 258 millones de litros de agua potable, extraídos de la misma red que abastece a una ciudad donde miles de familias padecen cortes frecuentes, baja presión y restricciones constantes en el suministro.

INDUSTRIA MINERA E HIDROCARBUROS

Mientras tanto, la actividad minera y la explotación de hidrocarburos nunca se detuvieron. A lo largo de los años, estas industrias contaron con agua garantizada para sostener su producción, incluso en contextos de crisis hídrica para la población. Esta asimetría no es casual ni meramente técnica, es el resultado de un modelo de desarrollo que prioriza la rentabilidad extractiva por sobre el bienestar de las comunidades.

En este escenario, la intención de reformar la Ley de Glaciares genera una profunda preocupación. Dicha norma no fue concebida para impedir el desarrollo, sino para proteger las fuentes estratégicas de agua dulce, esenciales para la vida presente y futura. Modificarla para reducir zonas protegidas o habilitar actividades extractivas en ambientes sensibles implica, en los hechos, asegurar agua para nuevos emprendimientos productivos sin garantizar, previamente, el acceso pleno, seguro y continuo al agua para la población.

Resulta llamativo —y alarmante— que se discuta cómo otorgar “seguridad jurídica” a nuevas inversiones mientras no existe seguridad hídrica para la ciudadanía. Tampoco hay información pública clara, periódica y accesible sobre la calidad del agua que se consume. Las denuncias realizadas en el pasado quedaron sin respuestas institucionales, dejando un manto de silencio y desconfianza sobre un tema central para la salud pública.

La pregunta entonces es inevitable ¿por qué, en una provincia rica en recursos naturales, con apenas 337.000 habitantes, seguimos sin poder resolver un problema esencial como el acceso al agua? No se trata solo del actual gobierno provincial encabezado por Claudio Vidal, sino también de una dirigencia política que se repite, rota cargos y cambia de camiseta, mientras la problemática estructural nunca logra instalarse con la seriedad que merece, ni desde el oficialismo ni desde la oposición.

No se puede hablar de progreso ni de desarrollo mientras el acceso al agua siga siendo incierto para miles de santacruceños. Antes de ampliar la frontera extractiva o flexibilizar la Ley de Glaciares, el Estado debe garantizar el derecho humano al agua, invertir en obras estructurales, establecer prioridades claras de uso y asegurar controles ambientales y sanitarios independientes.

Modificar la Ley de Glaciares sin resolver estas deudas históricas no es una solución.
Es profundizar un desequilibrio que la zona norte de Santa Cruz ya no puede ni debe seguir soportando.

Desde la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (A.G.O.M.U.) de Santa Cruz advertimos que la crisis hídrica del norte provincial no es un fenómeno coyuntural ni producto del clima, sino la consecuencia directa de décadas de desidia política, falta de planificación y prioridades invertidas. El agua es un derecho humano esencial y no puede seguir siendo administrada bajo una lógica extractiva que garantiza suministro a las industrias mientras lo niega a la población.

Exigimos al Estado provincial, al gobierno nacional y a los municipios involucrados que asuman esta deuda histórica con la seriedad que amerita, impulsen obras estructurales reales, establezcan prioridades claras de uso y aseguren controles ambientales y sanitarios independientes. No habrá desarrollo posible, ni justicia social, mientras miles de santacruceños sigan sin acceso pleno, seguro y continuo al agua potable.

Por: Cardozo Ricardo

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