La contaminación pesquera y la impunidad judicial: El caso Roberto Maturana
Un dictamen del Ministerio Público Fiscal confirmó la existencia de daño ambiental en el Puerto de Mar del Plata, validando las denuncias históricas de Roberto Maturana. Sin embargo, la Justicia vuelve a demorar decisiones urgentes, ignora el principio precautorio y permite que la contaminación pesquera continúe bajo un esquema de complicidades empresariales y estatales que ningún gobierno logró desarmar.
Contaminación pesquera: reconocimiento judicial sin consecuencias
Por Ricardo Cardozo
Durante más de dos décadas, las denuncias por contaminación ambiental en el puerto de Mar del Plata fueron sistemáticamente ignoradas, fragmentadas o directamente cajoneadas por los distintos engranajes del poder político, empresarial y judicial. Hoy, a fines de 2025, un dictamen del Ministerio Público Fiscal reconoce finalmente lo que el denunciante Roberto Maturana viene señalando desde hace años: existe daño ambiental comprobado.
La admisión fiscal no es un dato menor. Confirma que el espejo de agua del puerto, el lecho submarino y la atmósfera han sido afectados por vertidos de hidrocarburos, residuos industriales, desechos de buques abandonados y emanaciones de las fábricas de harina de pescado. Sin embargo, el reconocimiento llega tarde y sin consecuencias inmediatas. El daño sigue, los responsables continúan operando y el sistema judicial vuelve a demostrar su incapacidad —o su falta de voluntad— para frenar la contaminación.
Una mafia contaminante a la vista de todos
Maturana no habla de errores aislados ni de fallas administrativas. Denuncia la existencia de una verdadera mafia contaminante marplatense, integrada por sectores empresariales de la pesca, funcionarios con deber de control y una justicia que demora, fragmenta y diluye responsabilidades. Un entramado donde todos parecen ganar: coimas, negocios millonarios, abandono deliberado de buques, desguaces encubiertos y costos ambientales trasladados al Estado y a la sociedad.
Los buques pesqueros inactivos y abandonados —muchos de ellos sin descontaminación previa— funcionan como bombas ambientales flotantes. Hidrocarburos, metales pesados, amianto, residuos peligrosos y líquidos oleosos permanecen durante años en el agua, sin que se adopten medidas urgentes para su retiro. Las fábricas de harina de pescado, por su parte, continúan emanando olores nauseabundos y contaminantes que afectan barrios enteros, mientras los expedientes judiciales se acumulan sin resolución.
Justicia lenta, daño permanente
Lo más grave es que el propio dictamen fiscal reconoce que el daño existe, pero aun así no se aplica con firmeza el principio precautorio, consagrado en la Ley General del Ambiente. Este principio no exige certezas absolutas: ordena actuar cuando hay riesgo grave o irreversible. Detener el daño ahora, mientras se sigue investigando la magnitud total, es una obligación legal, no una opción política.
Sin embargo, la causa sigue empantanada. Se discute la tipicidad, se reclaman pericias eternas, se revisan competencias y se tolera que el tiempo juegue a favor de los contaminadores. La justicia parece moverse con la lógica del desgaste: cuando el daño ya está hecho y los responsables se diluyen, recién entonces llegan los reconocimientos formales.
Un cambio de gobierno que no cambió nada
A pesar del recambio político, el termómetro de la justicia ambiental no se movió. Este gobierno tampoco logró —o no quiso— romper la inercia de complicidades. Los organismos de control siguen fallando, las intimaciones llegan tarde y las decisiones estructurales se postergan indefinidamente.
El caso Roberto Maturana desnuda una verdad incómoda: en la Argentina, contaminar sigue siendo rentable y, muchas veces, impune. Siguen pedaleando sin aplicar el CONCEPTO PRECAUTORIO.”LA BATALLA QUE VIENE CON UN JUEZ AFA Y SUS TAPIAS DE HARINA DE PESCADO” expresa Roberto, donde todos juegan para que nada cambie, el resultado es siempre el mismo: más contaminación, más silencio y más negocios a costa del ambiente y la salud de la población.
La batalla que viene
El dictamen fiscal marca un punto de inflexión, pero no alcanza. La batalla que viene es exigir que el principio precautorio se aplique de inmediato, que se detenga el daño y que se avance contra las responsabilidades empresariales y estatales. No se trata solo de probar lo ocurrido en el pasado, sino de impedir que la contaminación continúe hoy.
Porque cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia. Y cuando el ambiente se destruye con la complicidad del poder, el costo lo pagan siempre los mismos: los trabajadores, los vecinos y las generaciones futuras.
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