Santa Cruz repite la receta del saqueo: subsidios para empresas, explotación para los trabajadores

“Emergencia pesquera”: la excusa para legalizar el pago en negro y volver a subsidiar a las empresas.

Por Ricardo Manuel Cardozo

En todos los puertos del litoral marítimo argentino, compuesto por cinco provincias, se repite una misma postal: abandono estatal, desinversión empresarial y precarización laboral. Y Santa Cruz no es la excepción. Lejos de revertir esta tendencia, la gestión del gobernador Claudio Vidal continúa profundizando una política de entrega y exclusión, que ni siquiera disimula sus intereses empresariales. Fuimos testigos del silencio cómplice de varios sindicatos cuando Luis Jones, alias “el Gringo”, socio de Claudio Vidal, “compró” la planta de ARBUMASA.

En ese momento, se proyectó equiparar la misma capacidad de bodega que descargaba en Puerto Deseado, al igual que con ARGENOVA, otra empresa que se fue y que hoy tiene su base operativa en el puerto de Ingeniero White, mientras que ARBUMASA hoy opera desde Puerto Madryn. A eso debemos sumarle la retirada paulatina de CONARPESA, que era la única empresa que hasta último momento utilizaba el puerto Caleta Paula como amarradero.

Todas estas empresas terminaron de irse durante la gestión de Claudio Vidal y su polémico equipo de pesca y control de puertos. Por eso, resulta contradictorio ver ahora al gobernador “preocupado”, proponiendo junto a su par, el diputado José Luis Garrido, otro iluminado proveniente del kirchnerismo, una supuesta ley de emergencia, cuyo verdadero objetivo es favorecer a las empresas, Garrido no es más que un mandado con un proyecto ya dibujado por los empresarios que están en la opereta, es un tipo que no tiene ni el menor conocimiento de la pesca.

Lo más habitual en este gobierno no es defender a los trabajadores, sino explotarlos. Han impuesto el pago parcial de los salarios de los marineros en negro, sumando más corrupción sobre los hombros de los obreros de la pesca, como ya es costumbre.

Su política, en lugar de mejorar las condiciones en una provincia con una de las canastas básicas más caras del país, somete a los estibadores a cobrar un 60 % menos que en otros puertos pesqueros, todo con el objetivo de atraer nuevamente a las empresas que se fueron, notablemente con esa misma imposición fue a Puerto Deseado de la mano del Gringo Jones, que lógicamente fracasaron en el intento.

Jamás este gobierno llamó a licitación pública para reemplazar a las empresas que abandonaron la provincia con otras firmas que diversifiquen su actividad más allá del langostino. Ni siquiera exigió que tengan embarcaciones aptas para cubrir las descargas, capacidad de bodegas, que quedaron vacías en nuestros puertos.

La única apuesta del gobierno fue la empresa estatal “Santa Cruz Puede S.A.U.”, que opera el buque Liliana, con capacidad para apenas 400 cajones (14 toneladas cuando completa), una embarcación que, según denuncias de organizaciones sindicales pesqueras, no cumple con los estándares laborales ni de seguridad.

Entre las irregularidades más graves se señala la ausencia de balanza para pesar el pescado, y el hecho de que el buque lleva más de dos meses con el motor principal fundido. Esa es la “gran inversión” del gobierno, que además ya fue reemplazada por otro buque y que ya dejó de prestar servicios solidarios para los sectores más vulnerables. Hoy toda su producción es procesada en la planta de Barillari solamente para venta comercial, expropiada por el gobierno para que la siga explotando el “Gringo” Jones, pese que el juicio lo tendrá que pagar el estado de Santa Cruz por la mala expropiación desde el 2009.

Claudio Vidal y su equipo, obsoleto, polémico de renuncias y vaivenes, jamás mostraron verdadero interés por la pesca en los puertos. Dicen que “no le dan la espalda al sector pesquero”, pero la realidad demuestra que solo les interesa seguir saqueando el recurso para beneficio propio, mientras los santacruceños quedan afuera del negocio.

Luis Jones, por su parte, jamás consideró renovar la flota para que Puerto Deseado recupere el trabajo perdido. Al contrario: impuso su política de ajuste en la estiba y explotación mediante cooperativas y trabajadores no registrados en su planta, todos Deseadenses.

La trampa detrás de la “emergencia pesquera”: reintegros para empresas, fraude para los trabajadores

En este contexto de abandono productivo, el gobernador Claudio Vidal, junto al diputado José Luis Garrido y el ministro nacional de Trabajo, impulsa una “ley de emergencia pesquera” que repite viejas recetas fracasadas: reinstaurar los reintegros por exportación para empresas que operen en puertos patagónicos, un régimen que estuvo vigente desde 2001 hasta 2018.

Este mecanismo, establecido por el Decreto 379/2001, otorgaba reintegros adicionales de entre el 5% y el 20% sobre las exportaciones realizadas desde puertos de la región. El objetivo inicial era compensar costos logísticos y fomentar el arraigo industrial. Pero con el tiempo, la falta de controles y la concentración de beneficios en unas pocas firmas lo convirtió en un escándalo: no se exigía generación de empleo, flota propia ni reinversión en los puertos. Las empresas se llevaban el dinero público, pero igual se retiraron de Santa Cruz.

Por eso, en 2018, el Decreto 120 firmado por el presidente Mauricio Macri derogó este régimen por considerarlo “distorsivo, ineficiente y regresivo” que hasta vinos exportaban y le cedían los reitegros. Hoy, sin evaluar sus consecuencias, el oficialismo provincial y nacional busca reimplantarlo, bajo la excusa de una “emergencia” que no va acompañada de ningún control ni garantía para los trabajadores.

Jubilación en peligro: el pago en negro legalizado es un golpe a los derechos conquistados

Uno de los puntos más peligrosos del borrador de la ley que circula entre las cámaras empresarias y funcionarios es la posibilidad de autorizar, por dos años, el pago de un 30% hasta un 50% del salario de los marineros en negro. Sí, por ley.

Esto no es solo una rebaja salarial encubierta: es un ataque directo al sistema previsional y un fraude a futuro.

Si se aprueba, los trabajadores de la pesca perderán aportes jubilatorios, cobertura médica completa y derechos laborales acumulados. Afectará especialmente a quienes están cerca del retiro o tienen más de 20 años de aporte, ya que la jubilación se calcula sobre los sueldos declarados de los últimos 10 años.

Ejemplo real:
Si un marinero cobra $700.000, pero solo le declaran $490.000, su jubilación se calcula sobre ese monto más bajo. Perderá más de $200.000 mensuales, de por vida.

📜 La Ley de Contrato de Trabajo prohíbe reducir derechos por ley o por convenio.
⚖️ La Constitución Nacional garantiza el derecho a una jubilación digna y proporcional al esfuerzo realizado.
🛑 ANSES no reconocerá nunca un sueldo que no haya sido declarado, aunque el fraude esté “legalizado”.

La doble vara de los libertarios: libertad para ganar, pero que pague el Estado

El presidente Javier Milei repite que “el Estado no debe intervenir” y que “el mercado lo resuelve todo”. Sin embargo, esta ley que su gobierno impulsa subsidia a los empresarios con fondos públicos, y legaliza la explotación laboral con el aval del Ministerio de Economía y Trabajo.

Una vez más, la libertad es solo para ganar. Pero cuando hay que pagar, lo hace el Estado. No queda Claro cuando el presidente dice “que hagan lo que quieran mientras la cuenta no la tenga que pagar el estado”

Por Ricardo Manuel Cardozo
A.G.O.M.U.
(Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos)
Santa Cruz – Argentina

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