Santa Cruz: Filtro de audio revela abusos y falencias en el sistema de control laboral portuario.
Amenazas directas y abuso de autoridad: En varias ocasiones, el funcionario afirmó que retiraría permisos laborales y excluiría a los trabajadores de los listados de empleo si persistían en sus reclamos y medidas de protesta. Este tipo de prácticas, según expertos legales, podrían constituir un abuso de poder y vulnerar derechos básicos garantizados por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.
Santa Cruz: Filtro de audio revela abusos y falencias en el sistema de control laboral portuario.
Recientemente, un audio filtrado ha puesto en evidencia un preocupante abuso de poder por parte de un funcionario público, Secretario de Estado de Trabajo el Sr. Javier Aravena, quien no solo muestra una actitud autoritaria hacia los trabajadores portuarios, sino que también revela anomalías graves en el sistema de habilitación y registro de los mismos. Este audio destapa no solo un maltrato hacia los empleados, sino una serie de irregularidades relacionadas con la “Plástica de trabajadores”, la contratación de mano de obra no registrada y el incumplimiento de las normativas establecidas por la Prefectura Naval Argentina.
Abuso de autoridad y maltrato a los trabajadores: El funcionario en cuestión, identificado en la grabación, se muestra sumamente confrontativo con los trabajadores, quienes intentan plantear su preocupación sobre las condiciones laborales y la falta de registro adecuado. La charla revela que los trabajadores enfrentan una constante presión para aceptar condiciones laborales desfavorables, mientras que el funcionario amenaza con medidas severas si no cumplen. Este tipo de actitud no solo es un abuso de autoridad, sino que también pone en evidencia la falta de respeto por los derechos laborales de los trabajadores del sector portuario.
Irregularidades en el registro de trabajadores: El audio también revela que se están empleando trabajadores sin la debida habilitación de la Prefectura Naval Argentina hace 15 años. Según la normativa vigente, es obligación de la Prefectura asegurar que todos los trabajadores que ingresen a la jurisdicción portuaria estén debidamente registrados y posean la tarjeta identificatoria correspondiente, la cual tiene una validez de cinco años. Además, la Prefectura debe llevar un control exhaustivo de los trabajadores que ingresan a los puertos para evitar la contratación de personal no habilitado, lo cual también debe ser regulado por la Capitanía de Puerto y el Ministerio de Trabajo.
Normativas en juego: De acuerdo con la Ordenanza N° 97/80 y el Reglamento Provisorio de Trabajo Portuario (Ley N° 21.429), toda persona que ejerza cualquier actividad en jurisdicción portuaria debe cumplir con requisitos específicos para su habilitación. Entre estos requisitos se incluyen la presentación de documentos personales, certificados médicos y antecedentes penales, así como la obligatoriedad de pasar por el Registro de Prefectura Naval. La Prefectura tiene la responsabilidad de controlar las altas y bajas de los trabajadores, además de eliminar los registros de aquellos que ya no estén habilitados, garantizando así que los trabajadores estén debidamente registrados y asegurados en caso de accidentes laborales.
La falta de control y el riesgo para los trabajadores: Es evidente que la falta de control por parte de las autoridades competentes, como la Prefectura Naval Argentina, la Capitanía de Puerto UNEPOSC y el Ministerio de Trabajo, está provocando que se contrate a personal no registrado, lo cual no solo infringe la ley, sino que también pone en riesgo la seguridad y los derechos de los trabajadores. Estos trabajadores no tienen acceso a las coberturas laborales correspondientes y pueden quedar desprotegidos en caso de accidentes o conflictos laborales, y más que un claro ejemplo el deceso de un estibador portuario de Caleta Paula Diógenes Gutiérrez, que de haber sido controlado su ingreso hoy estaría con vida, responsabilidad de PNA y Gobierno de la provincia de Santa Cruz.
Conclusión: La filtración de este audio no solo expone un caso de abuso de autoridad, sino que también pone de manifiesto una serie de deficiencias en el sistema de control de los trabajadores portuarios. La falta de registro y habilitación adecuada no solo es un incumplimiento de la ley, sino que pone en peligro la seguridad laboral y los derechos de los trabajadores. Es urgente que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y se aseguren de que todos los actores involucrados, desde los funcionarios hasta las empresas, cumplan con las normativas establecidas, garantizando así un ambiente de trabajo seguro y justo para todos los trabajadores del sector portuario.
Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Este programa de capacitación resulta fundamental para el personal que opera en jurisdicción portuaria, ya que les permite desempeñar sus tareas en línea con los requisitos internacionales de seguridad.
La formación PBIP cobra especial relevancia debido a la actividad portuaria en lugares como el Puerto Caleta Paula, que recibe buques tanques de reposición de combustible y Puerto Deseado que opera con compañías armadoras internacionales. Garantizar que los trabajadores cumplan con esta normativa es crucial para la seguridad y eficiencia operativa en los puertos de la región.
La situación descrita es una llamada de atención para los organismos laborales y de seguridad, quienes deben revisar y reforzar los controles en los puertos para garantizar que las prácticas laborales sean transparentes y que se respeten los derechos de los trabajadores. Este tipo de irregularidades no solo perjudican a los empleados, sino que también afectan la operatividad y la imagen de las terminales portuarias a nivel nacional.
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